Garzón pide el traslado al TPI como asesor de la Fiscalía para evitar ser suspendido

Baltasar Garzón, que está imputado por prevaricación y cohecho ante el Tribunal Supremo por su investigación de los crímenes de la Guerra Civil, los recursos de Nueva York y las escuchas a los cabecillas de la trama ‘Gürtel’, no vería modificado, con este traslado al Tribunal Penal Internacional su condición de aforado, por lo que las tres causas seguirían investigándose ante el alto tribunal. Sin embargo, sí podría evitar ser suspendido en su puesto.
Ésto se produciría si la concesión de traslado se produce antes de que el Supremo dicte apertura de juicio oral contra Garzón y lo sienten en el banquillo. Si no ocurre así, el CGPJ no tendría más remedio que aplicar la Ley orgánica del Poder Judicial y retirarlo de su puesto.
El consejo podría tener en cuenta esta circunstancia y no suspender al juez al menos hasta dentro de siete meses, cuando regresara del Tribunal penal Internacional, para volver a incorporarse a la Audiencia Nacional. En este momento, su situación procesal podría haber cambiado por completo, en función de la evolución que tengan las tres causas judiciales.

Experiencia internacional
Garzón ha realizado esta solicitud después de recibir el pasado 6 de mayo una invitación del fiscal del TPI Luis Moreno Ocampo, que le propuso para este puesto, según las citadas fuentes, con el objetivo de aprovechar la dilatada experiencia del magistrado en la investigación de crímenes organizados y masivos. Así, se encargaría de asesorar a la Fiscalía del Tribunal Internacional para mejorar sus técnicas de investigación.
Durante este periodo de tiempo, el magistrado tendría su despacho en La Haya (Holanda), aunque podría desplazarse eventualmente a Congo, Uganda o Colombia, donde el TPI tiene causas abiertas por crímenes contra la humanidad.
La creación del TPI se aprobó en 1998 y comenzó a funcionar el 2 de julio de 2002, después de que fuera reconocido por 60 estados. Esta formado por 18 jueces, la Fiscalía dirigida por Moreno Ocampo y especialistas en Derecho Internacional y Penal.

Traspaso de casos
La salida temporal de Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional, en el caso de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de luz verde a su traslado al Tribunal Penal Internacional (TPI) con sede en La Haya (Holanda), afectará al desarrollo de las numerosas causas que el juez tramita en el Juzgado Central de Instrucción número 5, entre las que se encuentran el caso Bateragune (entorno de ETA) y el que investiga el entramado de extorsión de la banda.
Además, el juez instruye actualmente el denominado caso Faisán o del “chivatazo” a los responsables de la citada extorsión, una de las redes de mafia rusa radicadas en España, posible corrupción en Cataluña –Caso Pretoria – y otros asuntos como el genocidio en el Sahara y las torturas en Guantánamo.
Si Garzón es declarado en situación de “servicios especiales” en el TPI, y hasta que el Consejo nombre otro magistrado para su juzgado, lo más probable es que los casos pasen en principio a su compañero Santiago Pedraz, que es su sustituto natural en periodos vacacionales. Posteriormente, el CGPJ deberá sacar a concurso su plaza en la Audiencia aunque en comisión de servicio, ya que la titularidad de la misma seguirá correspondiendo a Garzón.

Reacciones
El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, afirmó ayer que el juez Baltasar Garzón no ha reclamado su traslado al Tribunal Penal Internacional (TRI) “empujado por las circunstancias”, sino que lo ha hecho porque “le gusta” este destino y “siempre le ha hecho ilusión” la posibilidad de formar parte de este organismo.
“Si no le hubiera salido esta oportunidad, no se habría ido. Es algo que le gusta y ha escogido una opción personal de las varias que podía hacer”, señaló.
Por su parte, el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Joan Ridao, ve “posible” que la decisión del juez Baltasar Garzón de solicitar su traslado al Tribunal Penal Internacional (TPI) para incorporarse como asesor externo de la Fiscalía responda a su interés de seguir su “guerra” contra el franquismo en La Haya, puesto que allí tiene “más margen de maniobra”.
En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara Baja, Ridao indicó que ésta es una de los dos razones que podrían justificar la decisión de Garzón, aunque apuntó otras dos: “Que esté asqueado de acudir cada día al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional o que incluso haya pacto su inmunidad (frente a las causas que pesan sobre él en el Supremo) desapareciendo de la escena política”.
Asimismo, el presidente del PP andaluz y vicesecretario de Política Local y Regional del partido, Javier Arenas, afirmó ayer que respeta la decisión tomada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de solicitar el traslado al Tribunal Penal Internacional (TPI) para incorporarse como asesor externo de la Fiscalía.
En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Senado, Arenas señaló que es “una decisión que hay que respetar” y subrayó que “lo importante” es que “todo el mundo respete las decisiones de los jueces” como, según dijo, el PP respeta las “decisiones personales” del juez Garzón.
Finalmente, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya coincidieron en lamentar “el exilio” del juez Baltasar Garzón, pero esperan que en La Haya pueda investigar lo que en España no le dejaron.
En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, señaló que la decisión de Garzón va a traer consigo que el Tribunal Supremo tenga que “cargar” con la imagen de una justicia que, “como el Tribunal de Orden Público”, condena “a los mejores jueces al exilio”.