Habló el Supremo

¡Del frenazo del Tribunal Supremo a los seguidores de la Batasuna ilegalizada, tal y como se los considera en el fallo conocido poco antes de la medianoche del domingo, uno se queda con la perturbadora sensación de que incluso el principio de legalidad puede estar sometido a la matemática asamblearia de los tribunales de justicia. Resultado: 9 magistrados contrarios a la participación de Bildu en las elecciones del 22 de mayo: 6 a favor y uno parcialmente a favor (o parcialmente en contra, como se quiera ver). Nos vuelve a salir a al paso el inquietante principio jurídico de ley única e interpretación múltiple. De imprevisibles consecuencias. Sobre todo cuando se trata de asuntos tan cargados de política, donde reina el principio de oportunidad, como todos los sometidos a la Ley de Partidos. La decisión es judicial, por supuesto, pero el alcance de la sentencia es político por donde se mire.

   Todas las listas de la coalición Bildu (EA, Alternativa e independientes) y diez de las agrupaciones electorales, asimismo impugnadas por el Gobierno y la Fiscalía, quedan anuladas por el Tribunal Supremo. No podrán presentarse a las elecciones municipales y forales en el País Vasco y Navarra si de aquí al jueves el Tribunal Constitucional no dice lo contrario. ¿Qué pasó el domingo pasado en la sala especial del Tribunal Supremo? Pues que nueve magistrados consideraron que los que figuran como independientes en las 254 listas electorales de Bildu, y en diez agrupaciones electorales, actúan en nombre y representación de la ilegal Batasuna, como se decía en las demandas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

  Por el contrario, otros seis magistrados consideraron que dichos candidatos, técnicamente "independientes", actúan en nombre de sí mismos, como se decía en las alegaciones presentadas por sus procuradores hasta la medianoche del sábado. En resumen, que la mayoría de los componentes de la llamada sala del 61 del Tribunal Supremo han visto en Bildu un caballo de Troya de una organización que fue ilegalizada en 2003 por su vinculación a Eta.

  Los razonamientos son jurídicos, pero coinciden con los del Gobierno y el principal partido de la oposición, que son políticos. Y no coinciden en absoluto con los del nacionalismo vasco, ni siquiera con los del socialismo vasco, que son asimismo políticos. De manera que se entiende perfectamente que en sus primeras reacciones, el Gobierno hable de respeto y el PP de celebración. Que el nacionalismo perciba el fallo del Tribunal Supremo como un paso atrás. Y que al PNV le falte tiempo para acusar al Gobierno de tenerlo precocinado con el PP. Si hubiera sido al revés, ahora sería el PP el que estaría acusando al Gobierno de haberlo permitido.