Jiménez Losantos declarará ante la juez
01/10/2010 - 09:45
Por: M. SAIZ-PARDO. COLPISA
Federico Jiménez Losantos, el locutor de la Cope que encabezó la teoría de la conspiración del 11-M, declarará como imputado por sus insultos y acusaciones a la Policía Nacional durante la investigación de la masacre de los trenes de Cercanías.
La titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid, María del Carmen Pérez, ha citado a Jiménez Losantos para el próximo 3 de marzo después de admitir a trámite la denuncia del mayoritario Sindicato Unificado de Policia (SUP), que se querelló el pasado diciembre contra el locutor por injurias y calumnias contra las instituciones del Estado. La Fiscalía ha apoyado la decisión de la instructora de investigar si la actuación del comunicador fue delictiva.
La juez, en una providencia hecha pública hoy, reclama además al diario El Mundo todos los artículos escritos por el denunciado referidos a las investigaciones policiales sobre el 11-M y pide al SUP que aporte las transcripciones literales de las grabaciones de los programas de la cadena de los Conferencia Episcopal en los que Jiménez Losantos descalificó, en muchas ocasiones con nombres y apellidos, a agentes, mandos y responsables de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
En su demanda, un mes después de conocerse la sentencia del 11-M, el Sindicato Unificado de la Policía acusaba al director de La Mañana de vulnerar el legítimo ejercicio de la libertad de expresión al haberse extralimitado por sus manifestaciones sobre la actuación de la Policía.
100 páginas de insultos
Para apoyar su denuncia, la central adjuntó casi un centenar de páginas de declaraciones y artículos del locutor de la Cope y de otros periodistas y contertulios abonados a la teoría de la conspiración, como Luis del Pino.
En esos documentos se recogían pruebas de cómo Jiménez Losantos acusó a la Policía de, entre otras cosas, manipular pruebas o fabricar algunas falsas, mentir y ocultar información al juez Del Olmo, teatralizar el suicido de siete personas en Leganés, permitir el asesinato de un compañero del GEO o de participar en un golpe de Estado. Y todo ello para ocultar que ETA estaba detrás del 11-M.
En un principio, el SUP presentó la querella contra Federico Jiménez Losantos ante la Audiencia Nacional. La Fiscalía apoyó que fuera este tribunal el que investigara si el locutor había incurrido en delitos contra las instituciones del Estado. Sin embargo, el instructor Santiago Pedraz aseguró no ser competente para estudiar el caso y se inhibió a favor de la justicia ordinaria.
La juez, en una providencia hecha pública hoy, reclama además al diario El Mundo todos los artículos escritos por el denunciado referidos a las investigaciones policiales sobre el 11-M y pide al SUP que aporte las transcripciones literales de las grabaciones de los programas de la cadena de los Conferencia Episcopal en los que Jiménez Losantos descalificó, en muchas ocasiones con nombres y apellidos, a agentes, mandos y responsables de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
En su demanda, un mes después de conocerse la sentencia del 11-M, el Sindicato Unificado de la Policía acusaba al director de La Mañana de vulnerar el legítimo ejercicio de la libertad de expresión al haberse extralimitado por sus manifestaciones sobre la actuación de la Policía.
100 páginas de insultos
Para apoyar su denuncia, la central adjuntó casi un centenar de páginas de declaraciones y artículos del locutor de la Cope y de otros periodistas y contertulios abonados a la teoría de la conspiración, como Luis del Pino.
En esos documentos se recogían pruebas de cómo Jiménez Losantos acusó a la Policía de, entre otras cosas, manipular pruebas o fabricar algunas falsas, mentir y ocultar información al juez Del Olmo, teatralizar el suicido de siete personas en Leganés, permitir el asesinato de un compañero del GEO o de participar en un golpe de Estado. Y todo ello para ocultar que ETA estaba detrás del 11-M.
En un principio, el SUP presentó la querella contra Federico Jiménez Losantos ante la Audiencia Nacional. La Fiscalía apoyó que fuera este tribunal el que investigara si el locutor había incurrido en delitos contra las instituciones del Estado. Sin embargo, el instructor Santiago Pedraz aseguró no ser competente para estudiar el caso y se inhibió a favor de la justicia ordinaria.