La Abogacía del Estado y la Fiscalía impugnarán la candidatura de Sastre

La Abogacía “entiende que existen bastantes pruebas que acreditan que esta candidatura es una sucesión fraudulenta del entorno ETA-Batasuna”, señaló en nota de prensa.
Según el calendario de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General aplicable a este tipo de recursos, el alto tribunal deberá resolver este asunto antes de las 12 de la noche del próximo sábado, 16 de mayo. Asimismo, la iniciativa de la Fiscalía, con el fin de impedir que la lista de Sastre concurra a las próximas elecciones al Parlamento Europeo, se tramitará mediante una demanda de incidente de ejecución de sentencia, por entender que la candidatura pretende defraudar la aplicación de la sentencia que ilegalizó Batasuna en marzo de 2003.
Con anterioridad y durante toda la mañana de hoy la información recibida sobre las presuntas relaciones entre el mundo de Batasuna y la lista Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los pueblos, la Abogacía del Estado y la Fiscalía general del Estado se inclinaban por presentar una demanda contra la citada lista. Para tomar esta decisión, los órganos gubernamentales atendieron, sobre todo, a las relaciones históricas de Sastre con la izquierda abertzale, en cuyas listas electorales ha concurrido repetidamente. Ante esta posible demanda, la Fiscalía ve “indicios” que permitan impugnar la lista del dramaturgo por su relación con Batasuna, pero reconoce que existen “dificultades jurídicas”. Además, también estudian impugnar una segunda lista denominada Unidad Nacionalista Asturiana, por haber sido avalada por gente vinculada a ANV. Iniciativa Internacionalista concurre a las elecciones al Parlamento Europeo con una lista encabezada por Sastre, el número tres de la lista de ANV por Guipúzcoa al Congreso en las últimas elecciones y que ya fue ilegalizada. Para poder concurrir, presentó más de 15.000 avales de cargos electos ante la Junta Electoral Central, algunos de los cuales retiraron su apoyo al saber que la candidatura estaba siendo analizada por Interior.
Así, ante los nuevos datos proporcionados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por la relación de la lista con Batasuna, la Fiscalía y la Abogacía del Estado presentarán las citadas demandas ante la Sala del Artículo 61 del Tribunal Supremo, órgano designado por la Ley de Partidos Políticos para estudiar los casos en los que se sospecha que una candidatura pretende defraudar esta norma.
Una vez presentadas la demandas, el tribunal estudiará su admisión o no a trámite. En caso de que la respuesta fuera afirmativa, los representantes legales de la candidatura impugnada contarán con un plazo para presentar las alegaciones. Posteriormente, la Sala decidirá si procede o no la anulación de la lista. En última instancia, esta decisión del Tribunal Supremo podría ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, que decidiría finalmente sobre el asunto.

“Indicios”
Ante el posible futuro de estas demandas, la Fiscalía General del Estado considera que existen “indicios” de que la lista de Sastre podría estar contaminada por integrantes de la ilegalizada Batasuna. No obstante, fuentes fiscales reconocieron la “dificultad jurídica” que entraña esta actuación. Y es que la Ley de Partidos Políticos prevé la impugnación de partidos o agrupaciones electorales, pero no de coaliciones que integren a determinados partidos legales, como se da en este caso.
Dentro de estos indicios, la Fiscalía señala el pasado de Alfonso Sastre, sobre el que se centran las averiguaciones al ser el único que tiene posibilidad de salir elegido. Este dramaturgo fue presentado como candidato a senador por ANV y anteriormente también fue varias veces candidato de Herri Batasuna y Euskal Herritarrok. A ello, se suma el hecho de que los representantes de Iniciativa Internacionalista elegidos por las provincias vacas tienen vinculaciones con la izquierda abertzale, así como que miembros de ANV han avalado esta candidatura. No obstante, otros candidatos han sido avalados por miembros de PSOE y del PP, entre los que ya ha habido bajas. Entre estos avales también se encuentran 19 miembros de CUT-BAI, aunque estos se retirarán si la lista analizada es finalmente ilegalizada. Así lo anunció el líder nacional del CUT-BAI y parlamentario andaluz de IULV-CA, Juan Manuel Sánchez Gordillo, quien defendió que hasta el momento sólo existen “sospechas” por parte del Ministerio de Interior. “En la inquisición también se mató a mucha gente por una sospecha”, añadió. En esta línea, Gordillo dijo tener la seguridad de que en la lista que han avalado miembros de su formación no hay nadie del entorno de Batasuna. Además, y en referencia a la posibilidad que Batasuna pida el voto por esta lista, aseguró que no es motivo para ilegalización.
Esta decisión está en concordancia con la petición de IU, quien advirtió a los miembros de CUT-BAI que si el Gobierno demanda la lista de Sastre, “como es lo más previsible”, deberán retirar sus avales “automáticamente” sin esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la citada demanda. En el caso de no hacerlo, serán suspendidos cautelarmente.
La demanda contra esta lista ha pillado por sorpresa a Iniciativa Internacionalista. Así, su número dos, Doris Benegas, aseguró no tener constancia de si están investigando o no. “Habría que preguntárselo a ellos, pero no veo motivo. Me parece insólito, estamos presentando una coalición perfectamente legalizada”, apuntó antes de asegurar que ella va de candidata junto con muchas personas de distintos sitios y procedencia.
“Estamos actuando políticamente y dentro de la legalidad”, insistió Benegas. Pese a la amenaza de anulación de la lista encabezada por el dramaturgo, el Ministerio del Interior sospecha que Iniciativa Internacionalista-Solidaridad entre los pueblos podría ser la fuerza política para la que Batasuna pidiera el voto días antes de la jornada electoral, según fuentes de la lucha antiterrorista. Sobre este motivo, Benegas aseguró desconocer tal posibilidad y añadió que “el voto es libre. Es un derecho y es libre”.
Ante la pregunta de si entre los “déficits democráticos” que denuncia su iniciativa está la Ley de Partidos y la consecuente ilegalización de distintas formaciones vinculadas a ETA, Benegas respondió que entre esas carencias del sistema, están la imposibilidad de elegir al Jefe del Estado, pero también la de ejercer “el derecho al voto, a ser elegido, a la libertad de expresión y el derecho a no ser represaliado por ideas políticas”.