La acusación del juicio al guardia civil cambia la petición de asesinato por la de homicidio doloso

Este viernes concluyó el juicio por jurado popular al guardia civil acusado de matar a un supuesto atracador en octubre de 2013. El agente, que desde entonces tiene retirada la posesión de armas, aprovechó su intervención final para dar el pésame a la familia y para reiterar que estaba haciendo su trabajo. 

La última de las cinco sesiones de la audiencia pública, que se celebró en la Audiencia Provincia de Guadalajara, trajo una novedad importante: la retirada de la petición de 16 años por asesinato que pedía una de las acusaciones, concretamente la que representa al hijo menor de edad del fallecido. Ahora, esa parte se suma a la solicitud del abogado de los padres y la hermana de la víctima, que pedía desde el inicio 13 años por homicidio doloso. 

Por el contrario, el Ministerio Fiscal se mantiene en dos años de prisión y cuatro años y seis meses de inhabilitación por un homicidio imprudente. Por su parte, la defensa solicita la libre absolución, al igual que el abogado del Estado. No obstante, en el caso del abogado defensor, introdujo una “nueva alternativa” en el caso de que se condene a su representado por homicidio imprudente. “Sería por falta leve tal y como se recoge en el Código Penal vigente en el momento de los hechos”, señaló. 

En la última jornada del viernes, las partes aprovecharon para presentar ante el jurado sus últimos alegatos. Éstos son los que, a partir del lunes, deberán determinar si los hechos que se le adjudican al guardia civil han sido o no probados, en base a las pruebas que han presentado testigos y peritos durante cuatro días. 

Insinuaciones de parcialidad

La fiscal, Estrella Vargas, lamentó durante su intervención del viernes las “insinuaciones” que vertieron las acusaciones sobre la falta de imparcialidad del Ministerio Fiscal. “Se ha investigado con el máximo rigor”, aseguró. Y reiteró que la Policía “se ha volcado” en la búsqueda del arma que supuestamente portaban los presuntos atracadores, así como de la bala o los pasamontañas. “También se puso en duda que casualmente las cámaras de vigilancia no funcionasen”. Pero recordó la fiscal que uno de los propietarios de Grúas Bueno declaró en el juicio que “tenían goteras que rompieron el sistema de las cámaras”. Añadió que, pese a que inicialmente la investigación la llevó la Guardia Civil, el juez instructor se la adjudicó a la Policía Nacional un día después de los hechos. Asimismo, hizo hincapié en que la Fiscalía pidió las grabaciones del COS (Centro Operativo de Servicios) de la Guardia Civil, y que éstas fueron incluso transcritas. Por ello, reiteró que “nuestras conclusiones son objetivas y fundadas”. Éstas se resumen en que “el acusado no tuvo intención de matar y ni siquiera pensó que pudiera suceder”. Además, añadió que se trataba de una situación de riesgo que “él no creó”. El disparo “disuasorio” se realizó en el cumplimiento de sus funciones, lo que no le exime de una “negligencia profesional grave”. 

Por su parte, el abogado de los padres de la víctima aseguró que, durante el juicio, no ha quedado probado que los tres atracadores fueran la víctima y sus dos amigos. También aseguró que el disparo disuasorio fue “desproporcionado” porque la víctima no llevaba armas y lamentó no haber visto “humildad ni arrepentimiento” en el agente acusado. 

La otra acusación justificó su cambio de petición porque “no creemos que hubiera intención directa de matar, pero se presentó la posibilidad e que ese resultado se produjera”. 

Por su parte, la defensa del guardia civil defendió nuevamente que el agente estaba en el cumplimiento de su deber, por lo que reiteró la petición de absolución.