La asociación que recoge la ropa usada se querellará contra Jiménez

Un día después de que el Grupo Socialista denunciara un presunto “fraude” en el servicio de recogida de ropa usada en la capital, el coordinador del colectivo encargado de esta gestión, la Asociación Contra la Violencia de Género (ACVIG), Ángel Alonso, compareció ante los medios de comunicación para tachar de “mentiroso e irresponsable” al portavoz socialista, Daniel Jiménez –que fue quien lanzó las acusaciones–, y para anunciar que los miembros de la asociación se querellarán contra su persona, “no contra el PSOE”.
Además, Alonso le retó públicamente “a que demuestre todo lo que ha dicho”. En la víspera, Jiménez señaló que ACVIG estaría actuando como una “tapadera de un negocio lucrativo” con la venta de esa ropa a través del colectivo Jóvenes reunidos, que actúa como subcontrata de ACVIG en la recogida.
La asociación, que se encarga de este servicio en otros muchos municipios del país, tiene como finalidad vender la ropa recogida –que en el caso de Guadalajara fue de 226.000 kilos durante 2009– para que, posteriormente, los beneficios obtenidos hasta cubrir los gastos reviertan en alguna iniciativa o colectivo en la lucha contra la violencia de género. Sin embargo, el propio Ángel Alonso reconoció ayer que desde que este servicio se presta en la capital aún no se ha destinado a ese fin ni un sólo céntimo de euro, escudándose en una supuesta ausencia de beneficios. “Si todavía no los tenemos, es imposible que los demos”, matizó, asegurando que han tenido 107.000 euros en gastos –incluida la compra de contenedores y bolsas para heces caninas para el Ayuntamiento– y menos de 80.000 euros de beneficios con la venta de la ropa. Este proceso de compra-venta se realizaría, según Alonso, con grupos de marroquíes en Madrid –que la venderían en África– y con empresas del Levante español, todo ello sin clasificar.
El coordinador de ACVIG considera que serán necesarios al menos “dos años” de prestación del servicio en Guadalajara para obtener beneficios. Para ello asegura que ya han contactado con algún colectivo que trabaja contra la violencia de género, aunque no quiso dar sus nombres.

IU pide la rescisión del contrato
Tras la denuncia del Grupo Socialista y después de escuchar las explicaciones del portavoz de ACVIG, desde las filas de Izquierda Unida “consideramos que el Ayuntamiento de Guadalajara debe tomar las medidas inmediatas para rescindir el convenio con esta entidad”.
Así lo ha manifestado el concejal de la coalición en el Ayuntamiento, José Luis Maximiliano Romo, quien ha asegurado que “es intolerable que bajo la pantalla de una asociación sin ánimo de lucro se lleve a cabo una actividad cuyo objetivo fundamental es la obtención de beneficios económicos, de los cuales, a día de hoy, y según ha declarado el portavoz, no ha dedicado ni un sólo céntimo a los fines que dice perseguir”. “Lo que resulta realmente preocupante es que esta asociación y la empresa mercantil, cuyos responsables coinciden con los de esta asociación, opere en diferentes municipios y no se hayan detectado hasta ahora sus artimañas. Al fraude que supone utilizar una presunta asociación para fines mercantiles se une el hecho de que una cuestión tan sensible para la ciudadanía como es la violencia de género se utilice como reclamo para ganar dinero. La falta de escrúpulos de los responsables de estas entidades no admite disculpa y no puede ni debe quedar impune”. Para el izquierdista, “además de las responsabilidades administrativas se debe estudiar la posibilidad de iniciar acciones penales y emplazamos al equipo de Gobierno municipal del PP a que se ponga manos a la obra”, asegura el también coordinador provincial de IU de Guadalajara, José Luis Maximiliano Romo.
Desde el equipo de Gobierno, por su parte, ya se anunció que se iba a abrir una investigación al respecto.