La Audiencia Nacional decide investigar una matanza israelí en Gaza de 2002
01/10/2010 - 09:45
Por: MATEO BALÍN. COLPISA
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decidió ayer investigar la posible responsabilidad penal por crímenes contra la humanidad de un ex ministro de Defensa israelí y seis altos cargos militares por el bombardeo que en julio de 2002 acabó con la vida de catorce civiles en la Franja de Gaza. El ataque selectivo iba dirigido contra la vivienda de un líder Hamás, que también falleció, y dejó otros 150 heridos, la mayoría con lesiones graves y secuelas permanentes.
La querella fue presentada por el Centro Palestino por los Derechos Humanos, que representa a familiares de seis de los asesinados. Está dirigida contra el ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer, ayer diputado laborista y ministro de Infraestructuras, y alcanza a la cúpula militar israelí en el momento de la masacre, entre ellos el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Moshe Yaalon, y el comandante de las Fuerzas Aéreas Dan Halutz. La demanda también involucra al entonces primer ministro Ariel Sharón, que permanece en estado vegetativo desde 2005.
A todos ellos el magistrado les imputa un delito contra la humanidad por crímenes de guerra, en el marco de la competencia que la legislación española atribuye a la Audiencia Nacional para instruir delitos por genocidio, terrorismo o contra civiles cometidos en un conflicto armado fuera del territorio nacional.
Esa norma deja abierta la puerta para que el tribunal admita también a trámite otra querella interpuesta la pasada semana por una asociación cultural de Melilla por la última ofensiva israelí en Gaza. Va dirigida contra el actual primer ministro israelí, Ehud Olmert, y los titulares de Defensa y Exteriores, Ehud Barack y Tzipi Livni, brazos ejecutores de dicha operación que dejó unos 1.300 muertos, una tercera parte niños, según la ONU.
La demanda por el asesinato de los catorce civiles fue presentada en verano pasado. Entonces, el juez Andreu cursó una comisión rogatoria a Israel para que le informase sobre la existencia en este país de algún procedimiento abierto por estos hechos. Pero las autoridades hebreas no respondieron. Es más, días después de conocerse la querella, el Gobierno israelí informó a los presuntos responsables del bombardeo de que no viajaran a España ni por trabajo ni por turismo- por temor a que fueran arrestados y procesados. Si ello ocurría, les advirtieron, se podría generar una grave crisis diplomática entre ambos países.
Ahora, una vez admitida a trámite la demanda, el juez Andreu le vuelve a pedir a Israel que notifiquen el escrito a los imputados a fin de que sean citados a declarar en una fecha aún por determinar. Además, solicita otra autorización a la Audiencia Nacional para desplazarse a Gaza con el objetivo de tomar declaración a familiares y testigos de las víctimas. El instructor advierte en el auto de que si en el transcurso de la investigación las pruebas demuestran que la acción respondía a una estrategia predeterminada podrían calificarse los hechos de una forma más grave.
Ataque excesivo
El ataque excesivo o desproporcionado, según calificación del juez Andreu, que acabó con la vida de los 14 civiles y dejó otros 150 heridos tuvo lugar el 22 de julio de 2002. Hacia la medianoche, un avión F-16 lanzó una bomba de una tonelada sobre el barrio de Al Daraj, en la ciudad de Gaza, al norte de la franja palestina. El objetivo principal era la casa del comandante del movimiento Hamás Salah Shehadeh y tenía como fin último asesinarlo.
La potente bomba alcanzó la vivienda y acabó con Shehadeh. Pero también destruyó la casa ocupada por la familia Mattar, a menos de dos metros de la primera. Siete miembros de la misma fallecieron, entre ellos varios niños, además de otros tantos civiles pertenecientes a otras cuatro familias que vivían en edificios colindantes. Los daños materiales también fueron cuantiosos.
La consecuencia del ataque levantó una gran polvareda en Israel. Al ser preguntado sobre qué sentía tras el lanzamiento del proyectil en una zona tan densamente poblada, el comandante de las Fuerzas Aéreas, Dan Halutz, señaló a los medios: Siento una leve sacudida que se pasa después de un segundo. Una opinión que podría usarse como agravante en caso de un futurible procesamiento. Halutz es conocido por idear los ataques selectivos.
La decisión del juez de investigar los crímenes en Gaza es el último caso de una larga lista de querellas presentadas y admitidas a trámite en España para investigar crímenes de lesa humanidad ocurridos en Guatemala, Ruanda, Argentina, Chile, China, Tíbet y El Salvador. Hace apenas una semana, el juez Eloy Velasco aceptó instruir el asesinato de seis jesuitas (cinco de ellos españoles) en 1989 a manos de militares salvadoreños.
Alarmante decisión
El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, calificó ayer de alarmante la decisión de la Audiencia Nacional de admitir a trámite una querella dirigida contra siete responsables militares de este país, entre ellos el ex ministro Benjamin Ben Eliezer, por un bombardeo perpetrado en un barrio de la Franja de Gaza el 22 de julio de 2002 en el que murieron 14 civiles, la mayoría de ellos niños.
Israel explicó en aquel momento que el ataque iba dirigido contra un presunto líder de Hamás, que también falleció en el bombardeo. El juez de la Audiencia Fernando Andreu imputa indiciariamente un delito contra la Humanidad y afirma que aquel ataque fue claramente desproporcionado y excesivo. En un comunicado del que se hizo eco la prensa israelí, el ministro israelí de Defensa considera que alguien que califica el asesinato de un terrorista como crimen contra la Humanidad vive en el mundo al revés.
Todos los responsables de Defensa, del pasado y del presente, actuaron correctamente en nombre del Estado de Israel y en base al compromiso de defender a los ciudadanos israelíes, añade Barak. A su juicio, la decisión del juez Andreu es particularmente alarmante después de los hechos recientes ocurridos en la Franja de Gaza, durante la ofensiva militar israelí de tres semanas en la que se ha revelado la verdadera cara de Hamás. Por ello, Barak subraya que tomará todas las medidas necesarias para defender a los responsables militares para que se anulen todos los cargos.
A todos ellos el magistrado les imputa un delito contra la humanidad por crímenes de guerra, en el marco de la competencia que la legislación española atribuye a la Audiencia Nacional para instruir delitos por genocidio, terrorismo o contra civiles cometidos en un conflicto armado fuera del territorio nacional.
Esa norma deja abierta la puerta para que el tribunal admita también a trámite otra querella interpuesta la pasada semana por una asociación cultural de Melilla por la última ofensiva israelí en Gaza. Va dirigida contra el actual primer ministro israelí, Ehud Olmert, y los titulares de Defensa y Exteriores, Ehud Barack y Tzipi Livni, brazos ejecutores de dicha operación que dejó unos 1.300 muertos, una tercera parte niños, según la ONU.
La demanda por el asesinato de los catorce civiles fue presentada en verano pasado. Entonces, el juez Andreu cursó una comisión rogatoria a Israel para que le informase sobre la existencia en este país de algún procedimiento abierto por estos hechos. Pero las autoridades hebreas no respondieron. Es más, días después de conocerse la querella, el Gobierno israelí informó a los presuntos responsables del bombardeo de que no viajaran a España ni por trabajo ni por turismo- por temor a que fueran arrestados y procesados. Si ello ocurría, les advirtieron, se podría generar una grave crisis diplomática entre ambos países.
Ahora, una vez admitida a trámite la demanda, el juez Andreu le vuelve a pedir a Israel que notifiquen el escrito a los imputados a fin de que sean citados a declarar en una fecha aún por determinar. Además, solicita otra autorización a la Audiencia Nacional para desplazarse a Gaza con el objetivo de tomar declaración a familiares y testigos de las víctimas. El instructor advierte en el auto de que si en el transcurso de la investigación las pruebas demuestran que la acción respondía a una estrategia predeterminada podrían calificarse los hechos de una forma más grave.
Ataque excesivo
El ataque excesivo o desproporcionado, según calificación del juez Andreu, que acabó con la vida de los 14 civiles y dejó otros 150 heridos tuvo lugar el 22 de julio de 2002. Hacia la medianoche, un avión F-16 lanzó una bomba de una tonelada sobre el barrio de Al Daraj, en la ciudad de Gaza, al norte de la franja palestina. El objetivo principal era la casa del comandante del movimiento Hamás Salah Shehadeh y tenía como fin último asesinarlo.
La potente bomba alcanzó la vivienda y acabó con Shehadeh. Pero también destruyó la casa ocupada por la familia Mattar, a menos de dos metros de la primera. Siete miembros de la misma fallecieron, entre ellos varios niños, además de otros tantos civiles pertenecientes a otras cuatro familias que vivían en edificios colindantes. Los daños materiales también fueron cuantiosos.
La consecuencia del ataque levantó una gran polvareda en Israel. Al ser preguntado sobre qué sentía tras el lanzamiento del proyectil en una zona tan densamente poblada, el comandante de las Fuerzas Aéreas, Dan Halutz, señaló a los medios: Siento una leve sacudida que se pasa después de un segundo. Una opinión que podría usarse como agravante en caso de un futurible procesamiento. Halutz es conocido por idear los ataques selectivos.
La decisión del juez de investigar los crímenes en Gaza es el último caso de una larga lista de querellas presentadas y admitidas a trámite en España para investigar crímenes de lesa humanidad ocurridos en Guatemala, Ruanda, Argentina, Chile, China, Tíbet y El Salvador. Hace apenas una semana, el juez Eloy Velasco aceptó instruir el asesinato de seis jesuitas (cinco de ellos españoles) en 1989 a manos de militares salvadoreños.
Alarmante decisión
El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, calificó ayer de alarmante la decisión de la Audiencia Nacional de admitir a trámite una querella dirigida contra siete responsables militares de este país, entre ellos el ex ministro Benjamin Ben Eliezer, por un bombardeo perpetrado en un barrio de la Franja de Gaza el 22 de julio de 2002 en el que murieron 14 civiles, la mayoría de ellos niños.
Israel explicó en aquel momento que el ataque iba dirigido contra un presunto líder de Hamás, que también falleció en el bombardeo. El juez de la Audiencia Fernando Andreu imputa indiciariamente un delito contra la Humanidad y afirma que aquel ataque fue claramente desproporcionado y excesivo. En un comunicado del que se hizo eco la prensa israelí, el ministro israelí de Defensa considera que alguien que califica el asesinato de un terrorista como crimen contra la Humanidad vive en el mundo al revés.
Todos los responsables de Defensa, del pasado y del presente, actuaron correctamente en nombre del Estado de Israel y en base al compromiso de defender a los ciudadanos israelíes, añade Barak. A su juicio, la decisión del juez Andreu es particularmente alarmante después de los hechos recientes ocurridos en la Franja de Gaza, durante la ofensiva militar israelí de tres semanas en la que se ha revelado la verdadera cara de Hamás. Por ello, Barak subraya que tomará todas las medidas necesarias para defender a los responsables militares para que se anulen todos los cargos.