La cuarta parte de las VPO se destinarán a parejas formalizadas

01/10/2010 - 09:45 Hemeroteca

Las bases para optar a las viviendas fueron aprobadas por unanimidad.
Por: Redacción
MARCHAMALO
El Ayuntamiento de Marchamalo, reunido en pleno ordinario, aprobó ayer por unanimidad las bases que regularán la adjudicación de las primeras 17 viviendas protegidas que se construirán durante los próximos meses en el municipio.
Después de que el Ayuntamiento ya aprobara en pleno las condiciones que deberían reunir los futuros aspirantes a la adjudicación de cualquier vivienda con protección promovida desde el consistorio –todas las que contempla la ley autonómica además de dos particulares, acreditar unos ingresos iguales a una vez el Iprem y contar con un mínimo de cuatro años de empadronamiento en Marchamalo–. Ahora se han venido a establecer las bases que regirán la adjudicación. Al tratarse todas ellas de viviendas acogidas a la modalidad de precio tasado y con unas características más apropiadas para núcleos familiares ya formados o en formación (unifamiliares con tres habitaciones, dos baños, aseo, garaje, cocina y comedor, además de buhardilla y patio en la mayoría de los casos), el consistorio ha decidido delimitar el cupo del 30% establecido para jóvenes en esta modalidad de inmueble para aquellos entre 18 y 35 años de edad que acrediten un matrimonio en vigor o compromiso de llevarlo a cabo en el plazo máximo de 6 meses, que sean parejas de hecho con o sin hijos y que demuestren su convivencia en el último año o que conformen familias monoparentales con descendientes a su cargo. Este tipo de solicitantes jóvenes accederán, pues, a una reserva de cinco de las 17 viviendas, mientras que otra más estará especialmente adaptada para personas con movilidad reducida. El resto, 11 viviendas, quedarán a disposición del cupo general, al que podrán optar aquellos jóvenes que no se encuentren en los supuestos anteriormente mencionados.
Teniendo en cuenta dichas cláusulas, los usuarios que quieran aptar a una de estas 17 viviendas deberán rellenar una de las solicitudes que el Ayuntamiento pondrá a su disposición una vez aparezcan publicadas las mencionadas bases en el Boletín Oficial de la Provincia, debidamente cumplimentada con los documentos pertinentes, y antes de que cumpla el periodo de un mes que el consistorio ha marcado para formalizar las solicitudes. Los servicios municipales realizarán una primera criba sobre dichas solicitudes para garantizar las cláusulas impuestas, a excepción de los ingresos familiares, que serán comprobados por la Delegación de Ordenación del Territorio y Vivienda tras el convenio alcanzado con el consistorio en fechas recientes. El ente regional, además de comprobar dicho requisito, hará lo propio con el registro de cada uno de los aspirantes en la Bolsa Regional de Vivienda, requisito imprescindible para poder participar en el futuro sorteo. El alta en la bolsa regional no es efectiva en términos de participación en dichas promociones hasta dos meses después de la inscripción. Una vez culminado el proceso, el Ayuntamiento recibirá la lista definitiva de demandantes que realmente puedan optar a ocupar uno de esos 17 inmuebles, con la cual se realizará un sorteo que podría producirse durante la primera quincena de agosto. Las viviendas, promovidas por Gestesa, empresa a la que ayer se le concedió la licencia de construcción, oscilarán entre los 90 y los 100 metros cuadrados útiles.
La promoción, que se llevará a cabo en la SUE-551 del POM marchamalero, en frente del antiguo cuartel de la Guardia Civil, es la primera con protección pública en la historia del municipio.

Aumento de las tarifas de la atención a domicilio

El pleno aprobó también por unanimidad el incremento en las tarifas del servicio de atención a domicilio motivado por un cambio estipulado desde la Junta de Comunidades, así como del proporcionado en la Vivienda Tutelada, que apenas repercutirá en el bolsillo de sus usuarios. También salió adelante el reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de facturas aplazadas, unas a cargo del Consorcio de Residuos y otra por parte de un medio de comunicación, debido a la confusión en el pago de una tarifa publicitaria. En este punto, el Grupo Popular votó en contra dado que estimaban oportuno no reembolsar al Consorcio dichas facturas, alegando un mal funcionamiento por su parte dada la demora en el tiempo e incumplimiento en parte del servicio.