La defensa del caso EKIN-KAS-XAKI niega la financiación
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
Las defensas de 47 acusados en el macroproceso EKIN-KAS-XAKI defendieron ante el Tribunal Supremo que la sentencia dictada el 19 de diciembre de 2007 por la Audiencia Nacional no probó la existencia de una red de financiación de la plataforma KAS, a la que pertenecen sus clientes, con destino a la banda terrorista ETA.
El Tribunal Supremo revisa desde la jornada de ayer y hasta el próximo miércoles las condenas contra 47 de los 52 acusados en el proceso EKIN-KAS-XAKI por delitos relacionados con el terrorismo. Se trata de analizar los recursos de casación presentados por los acusados y la postura de la Fiscalía, que apoya una rebaja de entre el 20 y el 30 por ciento de las penas.
Cuatro de los ocho defensores de los acusados expusieron que rechazaban las pruebas que la Audiencia Nacional acreditaba explicando que la plataforma KAS y su sucesora EKIN financiaban a ETA. Uno de los letrados, Kepa Landa, cuestionó un informe elaborado de la Policía llamado Reunión de Responsables de Movimientos Udaletxe que aseguraba que el dinero que generaba las empresas que englobaban el proyecto financió en entramado político y social de la banda terrorista, así como etarras huidos a Sudamérica.
No hay una sola referencia en la causa que apunte a esa conclusión y la Sala no explica por qué lo afirma en su sentencia, explicó Landa ante el tribunal presidido por el magistrado Juan Saavedra y completado por los jueces José Manuel Maza, Miguel Colmenero y Andrés Martínez Arrieta. Se estaba buscando una causa para orientar la investigación en esa dirección y se consiguió, concluyó. Además, Landa recordó que otro documento de la Policía elaborado meses antes aseguraba que la fuente de financiación de la banda provenía de los secuestros y el cobro del impuesto revolucionario, pero este segundo informe no se aportó a la causa.
La sentencia de la Audiencia Nacional condenó a 158 años de cárcel a los once integrantes de la organización terrorista en calidad de dirigentes, entre ellos, Xabier Alegría, responsable nacional de Ekin; el abogado Txema Matanzas; y Elena Beloki, responsable de comunicación de XAKI.
Medio centenar de personas y varias organizaciones han firmado un manifiesto en el que piden al Tribunal Supremo que absuelva a 14 de los 47 condenados en el macroproceso, ya que la Audiencia Nacional equiparó la promoción de la desobediencia civil con un delito de terrorismo.
Cuatro de los ocho defensores de los acusados expusieron que rechazaban las pruebas que la Audiencia Nacional acreditaba explicando que la plataforma KAS y su sucesora EKIN financiaban a ETA. Uno de los letrados, Kepa Landa, cuestionó un informe elaborado de la Policía llamado Reunión de Responsables de Movimientos Udaletxe que aseguraba que el dinero que generaba las empresas que englobaban el proyecto financió en entramado político y social de la banda terrorista, así como etarras huidos a Sudamérica.
No hay una sola referencia en la causa que apunte a esa conclusión y la Sala no explica por qué lo afirma en su sentencia, explicó Landa ante el tribunal presidido por el magistrado Juan Saavedra y completado por los jueces José Manuel Maza, Miguel Colmenero y Andrés Martínez Arrieta. Se estaba buscando una causa para orientar la investigación en esa dirección y se consiguió, concluyó. Además, Landa recordó que otro documento de la Policía elaborado meses antes aseguraba que la fuente de financiación de la banda provenía de los secuestros y el cobro del impuesto revolucionario, pero este segundo informe no se aportó a la causa.
La sentencia de la Audiencia Nacional condenó a 158 años de cárcel a los once integrantes de la organización terrorista en calidad de dirigentes, entre ellos, Xabier Alegría, responsable nacional de Ekin; el abogado Txema Matanzas; y Elena Beloki, responsable de comunicación de XAKI.
Medio centenar de personas y varias organizaciones han firmado un manifiesto en el que piden al Tribunal Supremo que absuelva a 14 de los 47 condenados en el macroproceso, ya que la Audiencia Nacional equiparó la promoción de la desobediencia civil con un delito de terrorismo.
