La delegación de competencias en materia de expropiaciones agiliza el Plan de Carreteras
01/10/2010 - 09:45
Por: J. PASTRANA. GUADALAJARA
Las expropiaciones forzosas se decidirán en la Junta de Gobierno y no en el pleno
El Pleno de la Diputación provincial dio su visto bueno ayer a un punto que servirá para agilizar la realización de los trámites administrativos relacionados con el Plan de Carreteras. En concreto, se trata de una delegación de competencias en materia de expropiación forzosa. Gracias al acuerdo establecido entre los tres partidos políticos, ahora esta competencias pasará a estar en las manos de la Junta de Gobierno de la Diputación, en vez de ser competencia del Pleno Corporativo.
Con esta medida, los tres partidos políticos esperan imprimir una mayor agilidad a los trámites administrativos del Plan de Carreteras. De hecho, la delegación de competencias se reduce exclusivamente a aquellos casos que estén relacionados con el proyecto de reforma vial. Como ha venido ocurriendo en ocasiones anteriores cuando se trataban asuntos relacionados con la reforma de las carreteras, el acuerdo de los tres partidos políticos (Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida) ha sido total.
Una delegación necesaria
El portavoz de IU, Jesús Recuero, fue rotundo a la hora de dar su apoyo a la propuesta, ya que considera que las carreteras de la provincia necesitan que aprobemos este sistema. De igual forma, el portavoz de los populares en el Pleno de la Diputación, Mario González Somoano, recalcó que su respaldo se basaba en esa capacidad que tiene la propuesta para agilizar. Por último, el vicepresidente y portavoz socialista, Rafael Esteban, consideró que gracias a la unidad de los tres grupos se conseguirá que las expropiaciones forzosas se realicen de una forma más rápida y eficaz.
Ayuda para los ayuntamientos
Otro de los acuerdos alcanzados durante el día de ayer fue el referente al convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Guadalajara. Según explicaron los socialistas, el documento suscrito contempla la posibilidad de que aquellos abogados que se encuentran colegiados y cuenten con más de tres años de experiencia puedan prestar sus servicios a los ayuntamientos de la provincia. En concreto, se podrá recurrir a ellos para que colaboren en asuntos de carácter contencioso administrativo; civil y social. A cambio, la Diputación aportará 25.000 euros al Colegio de Abogados. En caso de que el número de asuntos remitidos a los letrados del colegio fuese mayor de 25, la institución abonará 1.000 euros más por cada nuevo asunto encomendado. Frente a las criticas del PP, que dudó de la legalidad del documento, el portavoz del PSOE, Rafael Esteban, recordó que había sido redactado por el mismo decano del Colegio de Abogados y garantizado por el servicio jurídico de la Diputación, lo que debería servir para garantizar este extremo.
Una delegación necesaria
El portavoz de IU, Jesús Recuero, fue rotundo a la hora de dar su apoyo a la propuesta, ya que considera que las carreteras de la provincia necesitan que aprobemos este sistema. De igual forma, el portavoz de los populares en el Pleno de la Diputación, Mario González Somoano, recalcó que su respaldo se basaba en esa capacidad que tiene la propuesta para agilizar. Por último, el vicepresidente y portavoz socialista, Rafael Esteban, consideró que gracias a la unidad de los tres grupos se conseguirá que las expropiaciones forzosas se realicen de una forma más rápida y eficaz.
Ayuda para los ayuntamientos
Otro de los acuerdos alcanzados durante el día de ayer fue el referente al convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Guadalajara. Según explicaron los socialistas, el documento suscrito contempla la posibilidad de que aquellos abogados que se encuentran colegiados y cuenten con más de tres años de experiencia puedan prestar sus servicios a los ayuntamientos de la provincia. En concreto, se podrá recurrir a ellos para que colaboren en asuntos de carácter contencioso administrativo; civil y social. A cambio, la Diputación aportará 25.000 euros al Colegio de Abogados. En caso de que el número de asuntos remitidos a los letrados del colegio fuese mayor de 25, la institución abonará 1.000 euros más por cada nuevo asunto encomendado. Frente a las criticas del PP, que dudó de la legalidad del documento, el portavoz del PSOE, Rafael Esteban, recordó que había sido redactado por el mismo decano del Colegio de Abogados y garantizado por el servicio jurídico de la Diputación, lo que debería servir para garantizar este extremo.