La Diputación facilitará el cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad
01/10/2010 - 09:45
Por: Redacción
La presidenta de la Diputación de Guadalajara, María Antonia Pérez León, y Mercedes Gallizo, Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, han suscrito un convenio de colaboración para facilitar el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad. Esta alternativa evita el ingreso en prisión a personas condenadas fundamentalmente por delitos relacionados con la seguridad vial, cuyo número se ha incrementado de manera exponencial desde como consecuencia del endurecimiento de la ley.
La presidenta de la Diputación de Guadalajara, María Antonia Pérez León, y Mercedes Gallizo, Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, han suscrito un convenio de colaboración para facilitar el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad. Esta alternativa evita el ingreso en prisión a personas condenadas fundamentalmente por delitos relacionados con la seguridad vial, cuyo número se ha incrementado de manera exponencial desde como consecuencia del endurecimiento de la ley.
Pérez León ha explicado que, inicialmente, se ofrecerán hasta 12 destinos: seis en el Centro San José y el Complejo Príncipe Felipe; tres en la finca que la Diputación tiene en Alovera y otros tantos en el Centro de Interpretación Turística de Guadalajara (CITUG). Las tareas previstas nunca irán en detrimento de la creación de empleo porque no sustituyen puestos de trabajo, ha subrayado la presidenta. En la mayor parte de los casos, se concretarán en refuerzo de vigilancia o control de accesos en diversas dependencias.
Por su parte, Gallizo ha agradecido la sensibilidad demostrada por la Diputación con la firma de este acuerdo, que viene a dar respuesta a una necesidad del Estado. La secretaria general ha señalado que los trabajos en beneficio de la comunidad generalmente por periodos que oscilan entre 20 y 40 días están previstos en el Código Penal desde 1995, aunque eran poco utilizados hasta la última reforma de la ley de Seguridad Vial que pasó a considerar como delito algunas infracciones de tráfico como el exceso de velocidad o la conducción bajo los efectos del alcohol.
Desde entonces, la evolución ha sido vertiginosa. En el año 2.000 se impusieron en España 812 sentencias que contemplaban esta alternativa al ingreso en prisión. Sin embargo, durante el año 2009, la cifra ascendió a 185.000, de las cuales 734 correspondieron a Guadalajara.
Tanto Pérez León como Gallizo han incidido en el carácter de reeducación que tiene el cumplimiento de trabajos comunitarios, porque sirven para devolver a la sociedad al menos una parte del daño causado. En la actualidad, además de la Diputación tan solo los ayuntamientos de Azuqueca de Henares, Pareja y Gárgoles tienen suscritos convenios similares. Aunque ha señalado que Guadalajara es una de las provincias que más desarrollada tiene la gestión de trabajos comunitarios, Gallizo ha aprovechado para hacer un llamamiento a la colaboración de otras instituciones con el fin de aumentar las posibilidades de cumplimiento de estas penas.
Prisión de Guadalajara
La secretaria general se ha referido también a los los proyectos de futuro de su departamento con respecto al edificio de la prisión de Guadalajara, actualmente dedicada al cumplimiento de la última fase de las condenas en tercer grado. Gallizo ha avanzado que para mantener el uso penitenciario en el futuro es necesario acometer una renovación de las instalaciones. Vamos a estudiar las necesidades de espacio que requiere esa actividad y nos plantearemos la posibilidad de destinar parte del edificio a otros fines, ha afirmado.
Pérez León ha señalado su interés en el uso que puedan tener las instalaciones, sobre las que creemos tener algún ascendiente, ya que en su día la Diputación aportó financiación y terrenos para la construcción.
Pérez León ha explicado que, inicialmente, se ofrecerán hasta 12 destinos: seis en el Centro San José y el Complejo Príncipe Felipe; tres en la finca que la Diputación tiene en Alovera y otros tantos en el Centro de Interpretación Turística de Guadalajara (CITUG). Las tareas previstas nunca irán en detrimento de la creación de empleo porque no sustituyen puestos de trabajo, ha subrayado la presidenta. En la mayor parte de los casos, se concretarán en refuerzo de vigilancia o control de accesos en diversas dependencias.
Por su parte, Gallizo ha agradecido la sensibilidad demostrada por la Diputación con la firma de este acuerdo, que viene a dar respuesta a una necesidad del Estado. La secretaria general ha señalado que los trabajos en beneficio de la comunidad generalmente por periodos que oscilan entre 20 y 40 días están previstos en el Código Penal desde 1995, aunque eran poco utilizados hasta la última reforma de la ley de Seguridad Vial que pasó a considerar como delito algunas infracciones de tráfico como el exceso de velocidad o la conducción bajo los efectos del alcohol.
Desde entonces, la evolución ha sido vertiginosa. En el año 2.000 se impusieron en España 812 sentencias que contemplaban esta alternativa al ingreso en prisión. Sin embargo, durante el año 2009, la cifra ascendió a 185.000, de las cuales 734 correspondieron a Guadalajara.
Tanto Pérez León como Gallizo han incidido en el carácter de reeducación que tiene el cumplimiento de trabajos comunitarios, porque sirven para devolver a la sociedad al menos una parte del daño causado. En la actualidad, además de la Diputación tan solo los ayuntamientos de Azuqueca de Henares, Pareja y Gárgoles tienen suscritos convenios similares. Aunque ha señalado que Guadalajara es una de las provincias que más desarrollada tiene la gestión de trabajos comunitarios, Gallizo ha aprovechado para hacer un llamamiento a la colaboración de otras instituciones con el fin de aumentar las posibilidades de cumplimiento de estas penas.
Prisión de Guadalajara
La secretaria general se ha referido también a los los proyectos de futuro de su departamento con respecto al edificio de la prisión de Guadalajara, actualmente dedicada al cumplimiento de la última fase de las condenas en tercer grado. Gallizo ha avanzado que para mantener el uso penitenciario en el futuro es necesario acometer una renovación de las instalaciones. Vamos a estudiar las necesidades de espacio que requiere esa actividad y nos plantearemos la posibilidad de destinar parte del edificio a otros fines, ha afirmado.
Pérez León ha señalado su interés en el uso que puedan tener las instalaciones, sobre las que creemos tener algún ascendiente, ya que en su día la Diputación aportó financiación y terrenos para la construcción.