La enmienda del PP al Estatuto regional suprimía el término caudal ecológico
01/10/2010 - 09:45
Por: F.C.V. GUADALAJARA
Recogía en cuatro ocasiones la prioridad de las cuencas cedentes
La enmienda transaccional que sometió el PP para su aprobación e inclusión en el documento final de la reforma del Estatuto, pretendía transformar artículos clave plasmados en el dictamen del texto estatutario que se llevó a la Comisión Constitucional del Congreso, que tenían el objetivo de garantizar el control de la Junta sobre los trasvases y una reserva hidráulica suficiente para el desarrollo presente y futuro de Castilla-La Mancha, en una mera declaración de intenciones, sin carácter vinculante.
Una propuesta llena de matices que aparentemente no suponían un cambio sustancial, pero que tenían un trasfondo que complacía plenamente las reivindicaciones de Valcárcel.
El caso más palpable, además de la consabida sugerencia de cambiar el concepto de reserva hidráulica por el de estimación de necesidades, es el que hace referencia a la disposición transitoria primera, que establecía en la propuesta inicial del PSOE, que salió adelante en la ponencia del Congreso gracias al apoyo de CiU, que la planificación hidrológica de la cuenca del Tajo concretará dotación suficiente de agua para garantizar el caudal ecológico del río a su paso por Castilla-La Mancha, así como para atender las necesidades presentes y futuras de esta región, en cumplimiento del principio de prioridad de aprovechamiento de los recursos hídricos en dicha cuenca. Este párrafo pone en evidencia el interés porque se cumpla la Directiva Marco sobre Agua de la UE, que exige que los estados miembros tengan en 2015 todas sus aguas con un buen estado ecológico y químico y se ve reforzado por una meta marcada en el apartado anterior: alcanzar los objetivos medio ambientales ( ) establecidos por la normativa estatal y comunitaria.
Para garantizar esta situación, la reserva estratégica de 4.000 hectómetros hubiera implicado reservas suficientes en los pantanos de cabecera como para que, mediante sus compuertas, se pudiera regular el caudal ecológico para que, a su paso por Aranjuez, todas las mediciones apuntaran hacia un óptimo estado del Tajo, algo que, en la actualidad, y debido a los constantes trasvases a Levante, no es posible. En las épocas que se requiriera más agua, ésta se soltaría desde la cabecera y, para ello, se necesitarían unas reservas mínimas imprescindibles y, por tanto, un uso prioritario del agua.
Sin embargo, el PP intentó echar por tierra esta aspiración en su enmienda transaccional al Estatuto, que fue rechazada por el Grupo Socialista, cuando en su propuesta elimina el término caudal ecológico, hace hincapié en que la planificación hidrológica se concretará conforme a lo previsto en la legislación vigente, es decir las disposiciones legales que regulan el uso de las cuencas plasmadas en la Ley de Aguas y la normativa del trasvase, con lo que no cambia nada respecto a la situación actual, y destaca que los usos y actividades de la región se regularán conforme al principio de prioridad de las cuencas cedentes que establece la legislación vigente. Este apartado deja en evidencia dos prioridades que, a día de hoy son incompatibles: las de las cuencas del Tajo y el Segura. La referencia a las cuencas cedentes aparece repetidamente en cada uno de los párrafos que los populares pretendían enmendar y que hacían referencia al uso del agua.
En la enmienda que presentaron al punto 3 del artículo 102 cambian la palabra trasvase y cesión, por transferencia, a la hora de hablar del derecho de la Junta a ser informada con carácter previo ante cualquier trasvase, cesión, o transferencia de aguas que afecte a las cuencas hidrográfica de la región, a fin de que emita preceptivamente un informe que será objeto de una respuesta motivada.
La enmienda popular recoge igualmente un matiz a la reserva hidráulica de 4.000 hectómetros propuesta en el dictamen de la reforma estatutaria que supone una mera declaración de intenciones. La Junta de Comunidades ha estimado que las necesidades de agua para un desarrollo equilibrado y sostenible en Castilla-La Mancha ascienden a 4.000 hectómetros cúbicos al año. La finalidad, reza la propuesta del PP, es alcanzar los objetivos medioambientales que establecen las normativas vigentes y conforme al principio de prioridad de las cuencas cedentes que establece la legislación vigente. Se prosigue afirmando que la planificación hidrológica concretará en cada caso esta estimación conforme a lo previsto en la legislación vigente. Estas afirmaciones en la práctica no suponen ningún avance en materia de derechos hidráulicos para la región y la provincia, porque, como aseguró el secretario de Estado de Agua, en una entrevista concedida a un medio nacional, la Ley de Aguas ya establece la necesidad de que se cubran las necesidades presentes y futuras de la cuenca cedente; es un hecho obvio. Además, la planificación hidrológica ya se establece en la Comisión del Trasvase, a través de la aprobación de derivaciones que, como en el caso de la última, supone el envío de 150 hectómetros a Levante durante estos meses.
La propuesta que pretendía sacar adelante el presidente Barreda y el Grupo Socialista en el Congreso establecía algo mucho más concreto. Aparte de recalcar la prioridad de la cuenca cedente, en este ámbito incluía un matiz importante, además del ya mencionado de la reserva de agua de 4.000 hectómetros, fija la participación efectiva de la Junta de Comunidades en los órganos permanentes de gestión y control del trasvase mientras subsista. En virtud de esta disposición, la Junta podría elaborar informes preceptivos de carácter vinculante desaconsejando derivaciones como las que se han llegado a realizar a Murcia, con las reservas bajo mínimos, llegando incluso el agua a mezclarse con el lodo de los embalses de Entrepeñas y Buendía.
El caso más palpable, además de la consabida sugerencia de cambiar el concepto de reserva hidráulica por el de estimación de necesidades, es el que hace referencia a la disposición transitoria primera, que establecía en la propuesta inicial del PSOE, que salió adelante en la ponencia del Congreso gracias al apoyo de CiU, que la planificación hidrológica de la cuenca del Tajo concretará dotación suficiente de agua para garantizar el caudal ecológico del río a su paso por Castilla-La Mancha, así como para atender las necesidades presentes y futuras de esta región, en cumplimiento del principio de prioridad de aprovechamiento de los recursos hídricos en dicha cuenca. Este párrafo pone en evidencia el interés porque se cumpla la Directiva Marco sobre Agua de la UE, que exige que los estados miembros tengan en 2015 todas sus aguas con un buen estado ecológico y químico y se ve reforzado por una meta marcada en el apartado anterior: alcanzar los objetivos medio ambientales ( ) establecidos por la normativa estatal y comunitaria.
Para garantizar esta situación, la reserva estratégica de 4.000 hectómetros hubiera implicado reservas suficientes en los pantanos de cabecera como para que, mediante sus compuertas, se pudiera regular el caudal ecológico para que, a su paso por Aranjuez, todas las mediciones apuntaran hacia un óptimo estado del Tajo, algo que, en la actualidad, y debido a los constantes trasvases a Levante, no es posible. En las épocas que se requiriera más agua, ésta se soltaría desde la cabecera y, para ello, se necesitarían unas reservas mínimas imprescindibles y, por tanto, un uso prioritario del agua.
Sin embargo, el PP intentó echar por tierra esta aspiración en su enmienda transaccional al Estatuto, que fue rechazada por el Grupo Socialista, cuando en su propuesta elimina el término caudal ecológico, hace hincapié en que la planificación hidrológica se concretará conforme a lo previsto en la legislación vigente, es decir las disposiciones legales que regulan el uso de las cuencas plasmadas en la Ley de Aguas y la normativa del trasvase, con lo que no cambia nada respecto a la situación actual, y destaca que los usos y actividades de la región se regularán conforme al principio de prioridad de las cuencas cedentes que establece la legislación vigente. Este apartado deja en evidencia dos prioridades que, a día de hoy son incompatibles: las de las cuencas del Tajo y el Segura. La referencia a las cuencas cedentes aparece repetidamente en cada uno de los párrafos que los populares pretendían enmendar y que hacían referencia al uso del agua.
En la enmienda que presentaron al punto 3 del artículo 102 cambian la palabra trasvase y cesión, por transferencia, a la hora de hablar del derecho de la Junta a ser informada con carácter previo ante cualquier trasvase, cesión, o transferencia de aguas que afecte a las cuencas hidrográfica de la región, a fin de que emita preceptivamente un informe que será objeto de una respuesta motivada.
La enmienda popular recoge igualmente un matiz a la reserva hidráulica de 4.000 hectómetros propuesta en el dictamen de la reforma estatutaria que supone una mera declaración de intenciones. La Junta de Comunidades ha estimado que las necesidades de agua para un desarrollo equilibrado y sostenible en Castilla-La Mancha ascienden a 4.000 hectómetros cúbicos al año. La finalidad, reza la propuesta del PP, es alcanzar los objetivos medioambientales que establecen las normativas vigentes y conforme al principio de prioridad de las cuencas cedentes que establece la legislación vigente. Se prosigue afirmando que la planificación hidrológica concretará en cada caso esta estimación conforme a lo previsto en la legislación vigente. Estas afirmaciones en la práctica no suponen ningún avance en materia de derechos hidráulicos para la región y la provincia, porque, como aseguró el secretario de Estado de Agua, en una entrevista concedida a un medio nacional, la Ley de Aguas ya establece la necesidad de que se cubran las necesidades presentes y futuras de la cuenca cedente; es un hecho obvio. Además, la planificación hidrológica ya se establece en la Comisión del Trasvase, a través de la aprobación de derivaciones que, como en el caso de la última, supone el envío de 150 hectómetros a Levante durante estos meses.
La propuesta que pretendía sacar adelante el presidente Barreda y el Grupo Socialista en el Congreso establecía algo mucho más concreto. Aparte de recalcar la prioridad de la cuenca cedente, en este ámbito incluía un matiz importante, además del ya mencionado de la reserva de agua de 4.000 hectómetros, fija la participación efectiva de la Junta de Comunidades en los órganos permanentes de gestión y control del trasvase mientras subsista. En virtud de esta disposición, la Junta podría elaborar informes preceptivos de carácter vinculante desaconsejando derivaciones como las que se han llegado a realizar a Murcia, con las reservas bajo mínimos, llegando incluso el agua a mezclarse con el lodo de los embalses de Entrepeñas y Buendía.