La expulsión de las ONG hace peligrar la paz en Darfur y la estabilidad regional
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
Según expertos en política internacional, la expulsión y clausura de 16 agruupos de ayuda humanitaria de Sudán podría empeorar la relación entre los gobiernos del norte y el sur del país africano y compromete el desarrollo del proceso de paz en la región.
Eso podría originar, incluso, un conflicto internacional entre Sudán y Chad, ya que esté último acoge a un gran número de desplazados sudaneses y ante esta falta de ayuda humanitaria en esta zona podría verse desbordado.
La expulsión y clausura de 16 grupos de ayuda humanitaria de Sudán no sólo empeora la relación entre los Gobiernos del norte y del sur del país africano, sino que compromete seriamente el desarrollo del proceso de paz en la región y dificulta enormemente la ya de por sí trabada ayuda humanitaria para proteger a la población civil de uno de los conflicto más sangrientos de la historia reciente del continente africano, según expertos en política internacional consultados por la agencia de información de Naciones Unidas, IRIN.
La despedida de las ONG podría tener incluso repercusiones internacionales en la relación entre Sudán y Chad, su país vecino que acoge a un enorme número de desplazados sudaneses y que podría terminar desbordado si persisten los obstáculos a la distribución de la ayuda. Por no mencionar que el personal humanitario restante se encuentra sometido al acoso de las autoridades sudanesas, quienes efectúan periódicamente una intensa vigilancia sobre la actuación de los cooperantes, a quienes amenazan con el arresto, les quitan los pasaportes, y viven constantemente bajo acusaciones de espionaje.
La orden de expulsión fue dictada por el presidente sudanés, Omar Al Bashir, el pasado miércoles 4 de marzo. Una semana y media después, el dirigente --único jefe de estado en ser acusado formalmente por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de guerra-- anunciaba que su Gobierno nacionalizaría todo el trabajo humanitario en menos de un año. El presidente sudanés acusó a las ONG expulsadas de recabar pruebas en su contra para cimentar su caso ante la corte internacional. El problema del Tribunal Penal Internacional en general, y la expulsión de las agencias humanitarias en particular, ha desestabilizado las relaciones entre el norte y el sur, declaró el analista del Control Risks Group (CRG), con sede en Londres, Wolfram Lacher.
La orden de expulsión ha sido promulgada unilateralmente por Bashir, cabeza del partido Congreso Nacional del Pueblo, sin consultar a sus socios en el gobierno de coalición, el Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM, por sus siglas en inglés). La relación entre ambos grupos es muy volátil, muy frágil, y de estas relaciones depende la gran incógnita sobre si el norte y el sur irán a la guerra en los próximos años, explicó Lacher.
La expulsión del contingente humanitario ha causado severos problemas de abastecimiento de ayuda en la región de Darfur. Sólo en la provincia darfurí de Kordofán sur, las ONG expulsadas proporcionaban servicios médicos y sanitarios a cerca de 800.000 personas.
La falta de apoyo humanitario en la provincia, cuyas autoridades se sienten ya de por sí maltratadas por la escasa relevancia de la que han gozado en las negociaciones de paz ha provocado el enfado de la población. Se preguntan dónde están los dividendos de la paz, y son conscientes de que viven en la zona del país menos protegida por el tratado de reconciliación, explicó la analista del Overseas Development Institute, Sara Pantuliano.
La expulsión y clausura de 16 grupos de ayuda humanitaria de Sudán no sólo empeora la relación entre los Gobiernos del norte y del sur del país africano, sino que compromete seriamente el desarrollo del proceso de paz en la región y dificulta enormemente la ya de por sí trabada ayuda humanitaria para proteger a la población civil de uno de los conflicto más sangrientos de la historia reciente del continente africano, según expertos en política internacional consultados por la agencia de información de Naciones Unidas, IRIN.
La despedida de las ONG podría tener incluso repercusiones internacionales en la relación entre Sudán y Chad, su país vecino que acoge a un enorme número de desplazados sudaneses y que podría terminar desbordado si persisten los obstáculos a la distribución de la ayuda. Por no mencionar que el personal humanitario restante se encuentra sometido al acoso de las autoridades sudanesas, quienes efectúan periódicamente una intensa vigilancia sobre la actuación de los cooperantes, a quienes amenazan con el arresto, les quitan los pasaportes, y viven constantemente bajo acusaciones de espionaje.
La orden de expulsión fue dictada por el presidente sudanés, Omar Al Bashir, el pasado miércoles 4 de marzo. Una semana y media después, el dirigente --único jefe de estado en ser acusado formalmente por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de guerra-- anunciaba que su Gobierno nacionalizaría todo el trabajo humanitario en menos de un año. El presidente sudanés acusó a las ONG expulsadas de recabar pruebas en su contra para cimentar su caso ante la corte internacional. El problema del Tribunal Penal Internacional en general, y la expulsión de las agencias humanitarias en particular, ha desestabilizado las relaciones entre el norte y el sur, declaró el analista del Control Risks Group (CRG), con sede en Londres, Wolfram Lacher.
La orden de expulsión ha sido promulgada unilateralmente por Bashir, cabeza del partido Congreso Nacional del Pueblo, sin consultar a sus socios en el gobierno de coalición, el Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM, por sus siglas en inglés). La relación entre ambos grupos es muy volátil, muy frágil, y de estas relaciones depende la gran incógnita sobre si el norte y el sur irán a la guerra en los próximos años, explicó Lacher.
La expulsión del contingente humanitario ha causado severos problemas de abastecimiento de ayuda en la región de Darfur. Sólo en la provincia darfurí de Kordofán sur, las ONG expulsadas proporcionaban servicios médicos y sanitarios a cerca de 800.000 personas.
La falta de apoyo humanitario en la provincia, cuyas autoridades se sienten ya de por sí maltratadas por la escasa relevancia de la que han gozado en las negociaciones de paz ha provocado el enfado de la población. Se preguntan dónde están los dividendos de la paz, y son conscientes de que viven en la zona del país menos protegida por el tratado de reconciliación, explicó la analista del Overseas Development Institute, Sara Pantuliano.