La familia del joven cifontino asesinado estudia recurrir la sentencia

  Tras conocer el fallo de la Audiencia Provincial, la familia del joven Miguel Ángel Hernando asesinado en Cifuentes estudia ahora la posibilidad de recurrirlo. Los dos acusados, J.A.M.G y J.J.C.P, tendrán que cumplir, según la sentencia, una pena de 17 años y cinco meses de cárcel por asesinato y ocho meses por estafa, mientras que la acusación había solicitado 25 años por asesinato, seis años y 12 meses de multa por estafa y cinco años y nueve meses por proposición y conspiración al secuestro. La abogada, Elisa Iñíguez, ha asegurado que la familia se siente “muy decepcionada”, ya que pensaban que el juez sería más firme y duro debido a la frialdad con la que habían actuado los dos condenados.

  “Están desolados y muy decepcionados. Creen que las leyes no están hechas para la víctima, sino para los asesinos”, decía ayer la abogada al expresar los sentimientos actuales de la familia del joven, quien insistía en que los años a los que se ha condenado “es muy poco”, y que esperaban una condena similar a la del acusado de Horna, que ascendió a 22 años.A pesar de todo, Íñíguez decía ayer que lo que sí ha quedado demostrado es que son unos asesinos. Según ha analizado la abogada, el juez ha atendido a la petición de las penas hecha por el fiscal que solicitaba18 años.

  De esta forma, dice, se ha rebajado la condena por asesinato de 18 años a 17 años y cinco meses, pues se ha considerado como atenuante que el primo de la víctima y primer detenido dijera dónde se encontraba el cuerpo; pero ha aumentado de cinco a ocho meses la condena por estafa. Sí se ha cumplido, en cierta medida, la orden de provisión y alejamiento que había pedido la familia, que se ha fijado en siete años, aunque habían solicitado 10.

  Esta orden se hará efectiva una vez que los acusados cumplan los años de cárcel, ya que durante el tiempo marcado no podrán acudir ni residir en la localidad de Cifuentes, ni acercarse o comunicarse con los padres y hermanos de la víctima.

  En cuanto a las indemnizaciones, el juez ha tenido en cuenta la misma baremación que había hecho la acusación, por lo que se ha fijado en 120.000 euros para los padres y el pago de la mitad de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular. Sin embargo, no se ha aceptado, según Íñiguez, el “plus” de 300.000 euros que se había pedido por los daños morales causados a la familia y al pueblo de Cifuentes, ya que se ha considerado que el daño causado es similar al que se podría producir por la muerte en un accidente de tráfico. A partir de ahora habrá que esperar a ver si la acusación o las defensas recurren las penas.

  En caso contrario, el juez tendrá que ratificar la sentencia y hacerla firme, y entonces empezará a regir la Ley Cumplimentaria, en la que se recogen los beneficios penitenciarios, por lo que los condenados podrían estar en prisión menos del tiempo previsto.

  Esta sentencia, que se hizo pública en la tarde del jueves, llega nueve días después del juicio, que se celebró el pasado día 13 en la Audiencia Provincial de Guadalajara, en la que los dos autores del crimen, uno primo de la víctima y otro amigo de éste último, confesaron su participación en los hechos ocurridos a finales de mayo de 2010 en Cifuentes, y coincidieron en describir cómo se produjo la muerte de este empresario que había acudido en casa de su primo para tratar de prestarle ayuda cómo le había solicitado.