La futura Ley de Educación garantizará más derechos a los castellano-manchegos

De hecho, tal y como señaló la consejera, si todo sale según lo previsto, la norma podría estar aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha en junio para “que esté en funcionamiento con el curso que viene”. En este sentido, García manifestó su deseo de que la nueva normativa, confeccionada para ampliar y reforzar los derechos de los castellano-manchegos en materia de educación, se apruebe por unanimidad en las Cortes. De esta manera, la ley “sería un éxito de todos, puesto que queremos que sea de los castellano-manchegos y para los castellano-manchegos”.
Los cimientos en los que se basa esta ley se han construido con un “consenso básico” que empezó a crearse tras recoger 6.000 propuestas de diferenes colectivos. En un primero momento, las principales fuerzas vivas implicadas con la educación fueron realizando aportaciones que sirvieron para elaborar un documento base que se sometió a debate en diciembre de 2008. Profesores, asociaciones de padres y madres de alumnos, claustros, sindicatos, consejos escolares, alumnos y cualquier ciudadano pudo enviar sus sugerencias a través de un blog incluido en el portal de Educación. Con todas las aportaciones se escribió un borrador de anteproyecto que se sometió de nuevo a la opinión de la comunidad educativa.
Ahora sólo resta contar con el apoyo de los partidos políticos con presencia en las Cortes regionales para “alcanzar un acuerdo y un consenso”.
Esta ley no pretende crear un sistema diferente al existente, sino que se enmarca en el contexto de la LOE pero amplía sus contenidos con el reconocimiento de derechos adquiridos por los castellano-manchegos en los diez años en que la Junta maneja las competencias de educación.
Para empezar, la Ley de Educación de Castilla-La Mancha define los nuevos derechos adquiridos durante esta década, tales como la gratuidad de libros de texto, el modelo de orientación para los centros de Infantil y Primaria, pioneros en el país, o la gratuidad del transporte escolar en las etapas postobligatorias de Bachillerato y Formación Profesional en el medio rural. “No queremos que se pierdan más inteligencias porque algún estudiante no tenga un centro en su municipio”. De hecho, hay que recordar que en aquellas localidades en las que hay al menos cuatro niños en edad escolar y las familias lo socilitan, se deberá abrir un aula educativa.
Otro de los puntos de la futura ley recoge que Castilla-La Mancha será la primera comunidad autónoma que garantice por ley una financiación no inferior al 6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) destinada a políticas educativas. Para explicar lo que supondrá este porcentaje, García señaló que, en 2007, la media de inversión en educación en España era de un 2,81 por ciento con respecto al PIB y, en Madrid, por ejemplo, de un 1,76 por ciento. Un tercer aspecto en el que se base esta normativa es el de la calidad con equidad. Tal y como está establecido en estos momentos, la igualdad y la transparencia han de ser las características que rijan en los procesos de admisión escolar. “Así, es el alumno el que elige el centro y no el centro el que elige al alumno en los centros sostenidos con fondos públicos”. También se contemplan en esta normativa la participación de la comunidad educativa, desde asociaciones de padres y madres de alumnos, hasta profesionales, sindicatos y estudiantes; hasta la autonomía de los centros, pasando por el compromiso con una educación en valores democráticos y el fomento del éxito del alumnado a través del esfuerzo individual. En este último aspecto, la consejera señaló que no se trata únicamente del esfuerzo individual, sino también del familiar.
Un cuarto punto de máxima importancia en la ley será la prevención del abandono escolar prematuro, universalizando las oportunidades de educación y formación para todos los jóvenes menores de 18 años que no han obtenido una titulación académica ni se han incorporado al mundo laboral y estimulando la innovación y la investigación.
Un quinto compromiso recogido en el proyecto de ley es la definición de derechos y deberes de la comunidad educativa, con el compromiso, por ejemplo, de elaborar un estatuto del estudiante no universitario; y medidas de apoyo al profesorado, entre las que se encuentran regular los supuestos y alcance de la autoridad en el ejercicio de sus funciones o protección y asistencia jurídica. Además, se incentivarán las medidas para que permanezcan en el mismo centro, a fin de promover la estabilidad; se concederán licencias por estudios o trabajos de investigación retribuidos o no retribuidos; licencias para estancias en el extranjero, años sabáticos; reducción de jornada lectiva para los mayores de 55 años y posibilidad de colaboración con los centros a los jubilados.
Además, se articula un servicio público de la educación, con obligaciones para los centros públicos y concertados; y se reconocen de los derechos de la escuela concertada y de la escuela rural, con la obligación de abrir aulas en el ámbito rural con un mínimo de cuatro alumnos, entre otras mejoras.
Finalmente, el noveno y décimo punto del decálogo se refieren al desarrollo de factores específicos de calidad como el fomento de las tecnologías de la información y la comunicación, los idiomas, la lectura o la Formación Profesional –como mínimo se fomentará el estudio de una segunda lengua en los centros y se reforzará el uso de las nuevas tecnologías, como en el proyecto Escuela 2.0–.
Por último, la ley tratará de salvaguardar que se incrementen las tasas de escolarización para los mayores de 18 años en enseñanzas postobligatorias no universitarias, facilitando el acceso o el retorno al sistema educativo a través de una oferta flexible y abierta.