La juez carece de pruebas para imputar a Txeroki los asesinatos de Capbreton
01/10/2010 - 09:45
La Justicia francesa no dispone de pruebas para imputar a Garikoitz Aspiazu Txeroki el asesinato hace un año de dos guardias civiles en Capbreton (Las Landas), ya que tanto sus huellas genéticas y dactilares como su pistola no se corresponden con los elementos sumariales. El presunto ex jefe militar de ETA ingresó ayer de madrugada en la prisión parisiense de La Santé tras ser inculpado por dirección de organización terrorista, delito penado con hasta 20 años de prisión, y otros cargos conexos.
Los peritajes balísticos de la pistola Smith&Wesson de 9 milímetros encontrada en poder de Txeroki demuestran que no disparó los casquillos del mismo calibre recogidos el pasado 1 de diciembre junto a los cadáveres de Fernando Trapero y Raúl Centeno. Los análisis practicados por la Policía Técnica y Científica también establecen que no son suyas las huellas digitales ni las muestras de ADN recopiladas en el lugar del crimen y en los coches utilizados por los autores del primer atentado deliberado de ETA contra la Guardia Civil en Francia.Los investigadores están pendientes del resultado del examen del material informático intervenido en el estudio de Cauterets (Altos Pirineos), último de los numerosos refugios utilizados por Aspiazu en la clandestinidad. Pero albergan escasas esperanzas de escrutar datos concluyentes ya que una parte del contenido de los dos ordenadores portátiles y varios lápices de memoria, probablemente la más interesante, está codificada como de costumbre con programas de cifrado de datos.
Queda el reconocimiento visual o fotográfico por parte de los testigos, pero éstos pueden verse condicionados por la publicación del retrato de Txeroki en los medios de comunicación españoles. La Fiscalía de París ha ordenado a la Policía Judicial una investigación sobre el origen de una filtración que ha causado malestar en el Palacio de Justicia de París.
De momento, el único nexo de Aspiazu con el atentado de Capbreton son las declaraciones prestadas por los presuntos etarras Aurken Sola y Xabier Rey, detenidos recientemente en Navarra, en las que dicen que su jefe les contó que él fue el autor material del doble crimen. Pero se trata de manifestaciones de testigos indirectos sin suficiente valor probatorio a efectos penales. A punto de cumplirse un año de los hechos, faltan el tercer integrante del comando, aún sin identificar, y el arma del crimen.
En este contexto, la jueza antiterrorista Laurence Le Vert optó por imputar al supuesto jefe de los comandos armados de ETA en los últimos cinco años por los actos preparatorios del atentado, como el alquiler de un piso franco descubierto en Toulouse o los robos de vehículos. Pero no le inculpó de los asesinatos de los agentes, ni siquiera en grado de complicidad, por carecer de elementos formales suficientes tendentes a demostrar que fue el autor de los disparos o que estaba presente cuando fueron efectuados. No obstante, la magistrada le acusó de dirección de una asociación de malhechores con fines terroristas, una inculpación creada en 2004 y reservada a los jerarcas.
Ataque en Bilbao
La bomba colocada por ETA la pasada noche junto a un repetidor de televisión en Bilbao contenía entre seis y ocho kilogramos de explosivo amonal. El departamento de Interior del Gobierno vasco confirmó hoy el atentado que ayer pasó desapercibido al confundirse la explosión con el ruido provocado por voladuras controladas en la zona donde se construye uno de los tramos de la denomina SUPERSUR, una autovía diseñada para descongestionar el tráfico pesado que colapsa cada día los alrededores de la capital vizcaína. La Consejería relató que la Ertzaintza recibió anoche numerosas llamadas de vecinos de Bilbao que dijeron haber escuchado una potente explosión. Ante el temor a un atentado terrorista, los agentes abrieron una investigación y comprobaron que a las 22.40 horas se produjeron unas voladuras controladas en los alrededores de la capital vizcaína de las que no habían sido informados por parte de la Guardia Civil.
En previsión de que ETA hubiera colocado una bomba-trampa en los alrededores del repetidor, la Ertzaintza mantuvo cortado los accesos durante toda la mañana. La precaución no era un exceso ya que el 23 de febrero pasado, los terroristas, a diferencia de este atentado, avisaron de la colocación de un artefacto explosivo en el mismo lugar. La bomba tenía un dispositivo para que estallara cuando fuera manipulada por los artificieros de la policía autónoma. Así ocurrió, y dañó el robot que se utiliza para desactivar los explosivos, pero no hubo lesiones personales.
La totalidad de los partidos vascos interpretaron la colocación del artefacto como la respuesta de ETA a la detención de su jefe militar, Garikoitz Aspiazu, Txeroki.
La Audiencia persiste en el caso De Juana
La Audiencia Nacional no tira la toalla en el caso De Juana a pesar de que sabe que conseguir la extradición no va a ser fácil. El juez Eloy Velasco remitió ayer, a través de Interpol, a la Fiscalía de la Corona de Belfast todas las aclaraciones sobre las acusaciones contra el ex etarra y sobre el procedimiento penal español. Es la respuesta al requerimiento del Ministerio Público del Reino Unido, que actúa en nombre de las autoridades españolas, quien había pedido información complementaria a la Audiencia Nacional para seguir adelante con el proceso de entrega del huido.
Velasco, en su última misiva a los tribunales británicos, ha introducido nuevos argumentos para lograr la extradición después de que la Fiscalía e Interpol le informaran esta semana de que iba a ser casi imposible conseguir la entrega, puesto que la euro-orden no es válida, ya que el delito de enaltecimiento al terrorismo no está penado con más de tres años de cárcel, condición indispensable para ejecutar una orden europea de detención y entrega. El juez apela al artículo cinco del Convenio para la Prevención del Terrorismo del Consejo de Europa de mayo de 2005, que deja abierta la puerta a la entrega por delitos condenados a más de 12 meses, como sería este caso. Velasco recuerda al juez Tom Burgess que este convenio deja en manos del país requerido la decisión de entregar a un huido aunque no exista doble incriminación (que el delito esté penado en los dos países).
Queda el reconocimiento visual o fotográfico por parte de los testigos, pero éstos pueden verse condicionados por la publicación del retrato de Txeroki en los medios de comunicación españoles. La Fiscalía de París ha ordenado a la Policía Judicial una investigación sobre el origen de una filtración que ha causado malestar en el Palacio de Justicia de París.
De momento, el único nexo de Aspiazu con el atentado de Capbreton son las declaraciones prestadas por los presuntos etarras Aurken Sola y Xabier Rey, detenidos recientemente en Navarra, en las que dicen que su jefe les contó que él fue el autor material del doble crimen. Pero se trata de manifestaciones de testigos indirectos sin suficiente valor probatorio a efectos penales. A punto de cumplirse un año de los hechos, faltan el tercer integrante del comando, aún sin identificar, y el arma del crimen.
En este contexto, la jueza antiterrorista Laurence Le Vert optó por imputar al supuesto jefe de los comandos armados de ETA en los últimos cinco años por los actos preparatorios del atentado, como el alquiler de un piso franco descubierto en Toulouse o los robos de vehículos. Pero no le inculpó de los asesinatos de los agentes, ni siquiera en grado de complicidad, por carecer de elementos formales suficientes tendentes a demostrar que fue el autor de los disparos o que estaba presente cuando fueron efectuados. No obstante, la magistrada le acusó de dirección de una asociación de malhechores con fines terroristas, una inculpación creada en 2004 y reservada a los jerarcas.
Ataque en Bilbao
La bomba colocada por ETA la pasada noche junto a un repetidor de televisión en Bilbao contenía entre seis y ocho kilogramos de explosivo amonal. El departamento de Interior del Gobierno vasco confirmó hoy el atentado que ayer pasó desapercibido al confundirse la explosión con el ruido provocado por voladuras controladas en la zona donde se construye uno de los tramos de la denomina SUPERSUR, una autovía diseñada para descongestionar el tráfico pesado que colapsa cada día los alrededores de la capital vizcaína. La Consejería relató que la Ertzaintza recibió anoche numerosas llamadas de vecinos de Bilbao que dijeron haber escuchado una potente explosión. Ante el temor a un atentado terrorista, los agentes abrieron una investigación y comprobaron que a las 22.40 horas se produjeron unas voladuras controladas en los alrededores de la capital vizcaína de las que no habían sido informados por parte de la Guardia Civil.
En previsión de que ETA hubiera colocado una bomba-trampa en los alrededores del repetidor, la Ertzaintza mantuvo cortado los accesos durante toda la mañana. La precaución no era un exceso ya que el 23 de febrero pasado, los terroristas, a diferencia de este atentado, avisaron de la colocación de un artefacto explosivo en el mismo lugar. La bomba tenía un dispositivo para que estallara cuando fuera manipulada por los artificieros de la policía autónoma. Así ocurrió, y dañó el robot que se utiliza para desactivar los explosivos, pero no hubo lesiones personales.
La totalidad de los partidos vascos interpretaron la colocación del artefacto como la respuesta de ETA a la detención de su jefe militar, Garikoitz Aspiazu, Txeroki.
La Audiencia persiste en el caso De Juana
La Audiencia Nacional no tira la toalla en el caso De Juana a pesar de que sabe que conseguir la extradición no va a ser fácil. El juez Eloy Velasco remitió ayer, a través de Interpol, a la Fiscalía de la Corona de Belfast todas las aclaraciones sobre las acusaciones contra el ex etarra y sobre el procedimiento penal español. Es la respuesta al requerimiento del Ministerio Público del Reino Unido, que actúa en nombre de las autoridades españolas, quien había pedido información complementaria a la Audiencia Nacional para seguir adelante con el proceso de entrega del huido.
Velasco, en su última misiva a los tribunales británicos, ha introducido nuevos argumentos para lograr la extradición después de que la Fiscalía e Interpol le informaran esta semana de que iba a ser casi imposible conseguir la entrega, puesto que la euro-orden no es válida, ya que el delito de enaltecimiento al terrorismo no está penado con más de tres años de cárcel, condición indispensable para ejecutar una orden europea de detención y entrega. El juez apela al artículo cinco del Convenio para la Prevención del Terrorismo del Consejo de Europa de mayo de 2005, que deja abierta la puerta a la entrega por delitos condenados a más de 12 meses, como sería este caso. Velasco recuerda al juez Tom Burgess que este convenio deja en manos del país requerido la decisión de entregar a un huido aunque no exista doble incriminación (que el delito esté penado en los dos países).