La juez mantiene a 20 imputados por el incendio de la Riba de Saelices
01/10/2010 - 09:45
Por: Redacción
SIgÜENZA
El Gobierno regional recurrirá el auto por errores de procedimiento
La juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Sigüenza, María del Mar Lorenzo, ha dictado un auto en el que se dispone la continuación de la causa por el incendio ocurrido en julio de 2005 en Riba de Saelices. En él que mantiene a 20 de los imputados y archiva la causa contra otros nueve, por no ser los hechos a ellos atribuidos constitutivos de delito.
En él auto se estipula un plazo de diez días para que las acusaciones personadas soliciten la apertura de juicio oral, tras casi cuatro años de instrucción.
Entre los que se ha archivado la causa se encuentra, además de los cinco excursionistas, el responsable de la torre de vigilancia de la Riba, XXXX XXXX; el guarda forestal de la Cueva de los Casares, Emilio Moreno; así como Sagrario Gutiérrez y Carlos Vázquez, técnicos del 112.
El Gobierno de Castilla-La Mancha recurrirá el auto. Así lo hizo público ayer el consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, que valoró en nombre del Gobierno regional este auto y anunció haber aceptado la renuncia del director general de Política Forestal.
Martínez Guijarro, que volvía a recordar a los trabajadores que perdieron la vida en aquel trágico suceso, hacía un reconocimiento público a los técnicos y responsables del Servicio de Extinción de incendios que han seguido trabajando, poniéndose al frente de la extinción de los incendios de esta región durante estos años, participando directamente en la extinción de casi 2.700 incendios.
En este sentido, en su primera valoración, alegó su sorpresa tras conocer el contenido del auto pues, apuntó, sorprende que quien ha provocado el fuego no tenga responsabilidad y quien arriesga su vida para apagarlo, sea imputado.
También se refirió al momento de hacerlo público que, calificó, como un hecho no casual, ya que con una instrucción que ha durado casi 4 años, la jueza haya cerrado hoy el procedimiento cuando aún faltan diligencias sin resolver, apuntó.
En concreto se refirió a las tres solicitadas por la propia jueza: las alegaciones solicitadas por el ayuntamiento de la Riba de Saelices (incluso ayer concedía una ampliación del plazo de respuesta); la documental fotográfica que denegó en primera instancia la jueza y que fue aprobada por la Audiencia Provincial y la petición solicitada por el abogado de las familias sobre el avión de coordinación.
Asimismo, el titular de Agricultura y Desarrollo Rural manifestó que no se entiende que el Juzgado solicite de oficio un Informe pericial para analizar las causas del incendio y del fallecimiento de los miembros del retén y, luego, lo ignore por completo, ya que ni siquiera se menciona en el Auto.
De hecho, insistió en que el cierre de la instrucción es contrario a ese Informe de los peritos judiciales, que descarta cualquier tipo de negligencia en el operativo de extinción y en el fallecimiento de los miembros del retén, calificando el suceso como un accidente.
De esta forma, Martínez Guijarro reiteró que desde el Gobierno regional sorprende la imputación del delito de incendio forestal a quienes se dedican a apagar los incendios forestales y también sorprende la imputación por homicidio a personas que no estaban participando en las tareas de extinción en el momento del accidente.
En palabras del consejero, es incomprensible que se imputen menos responsabilidades a los que directamente iniciaron el incendio que a los que fueron a apagarlo. De hecho, valoro como desalentador el mensaje que con este auto se lanza a la sociedad, y a las personas encargadas de las tareas de emergencia pues, como indicó, es inadmisible que sea más reprochable ir a apagar un incendio que provocarlo.
Martínez Guijarro finalizó su intervención manifestando de nuevo su apoyo y confianza en los técnicos que siguen poniéndose al frente de la extinción de incendios, pues para la Consejería hoy no es un día diferente, seguimos trabajando en esta importante labor y que gracias al buen hacer de sus profesionales, funciona con la máxima colaboración y coordinación técnica.
De esta forma, como responsable máximo del Servicio de Extinción, reiteró su total apoyo a todos y cada uno de los profesionales que realizaron su trabajo en el incendio de La Riba y muy especial a todas las personas y a todos los técnicos que, durante estos cuatro años, han sentido en muchos casos una persecución personal y profesional.
Por su parte, el PP informó de que pedirá de inmediato una nueva Comisión de Investigación, ante el punto de inflexión que se ha producido. La diputada regional del PP por Guadalajara, Ana Guarinos, pretende que en ella se aporte nueva documentación, y que declaren los que no declararon.
Erroresprocedimentales
El abogado defensor del ex director general de Política Forestal de la Junta de Comunidades, José Ignacio Nicolás; del ex delegado de Medio Ambiente, Sergio David González; del ex director del Parque Natural del Alto Tajo, Rafael Ruiz, y varios de los técnicos de medio ambiente que aún siguen imputados por la jueza de Sigüenza en el caso del incendio de la Riba, Esteban Mestre, ratificaba el anuncio sobre el recurso que se presentará al entender que hay errores de procedimiento. A su juicio, no se ha dado oportunidad a los acusados de defenderse y se han rechazado las pruebas que solicitó. Entiende que no tiene sentido que se impute a un grupo de 20 personas por un mismo delito de imprudencia. Cree que vulnera el principio de proporcionalidad y no comprende que los que presuntamente iniciaron el fuego tengan menos responsabilidad que los que contribuyeron a extinguirlo, cuando recuerda que sólo se ha imputado a tres de los nueve excursionistas.
Entiende que imputa delitos contra la seguridad de los trabajadores a personas que no tienen formación en riesgos laborales o homicidios por imprudencia a personas que estaban a varios kilómetros del frente del fuego. Además cree que las imputaciones están realizadas sin fundamentarse en la posición personal de los imputados, ignorando informes periciales y de la inspección de trabajo. Sólo se basan en las escuchas del 112, critica. Se trata de un auto, a su juicio, técnicamente insostenible.
Mestre asegura que sus defendidos no tendrán responsabilidad penal alguna, ya que cree lo demuestran informes que han sido rechazados, como varios de carácter pericial independientes, o el de la Inspección de Trabajo. El próximo martes llevará a efecto el recurso. Si se desestima, lo apelará ante la Audiencia Provincial. Si se estima, la jueza deberá dictar otro diferente.
Entre los que se ha archivado la causa se encuentra, además de los cinco excursionistas, el responsable de la torre de vigilancia de la Riba, XXXX XXXX; el guarda forestal de la Cueva de los Casares, Emilio Moreno; así como Sagrario Gutiérrez y Carlos Vázquez, técnicos del 112.
El Gobierno de Castilla-La Mancha recurrirá el auto. Así lo hizo público ayer el consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, que valoró en nombre del Gobierno regional este auto y anunció haber aceptado la renuncia del director general de Política Forestal.
Martínez Guijarro, que volvía a recordar a los trabajadores que perdieron la vida en aquel trágico suceso, hacía un reconocimiento público a los técnicos y responsables del Servicio de Extinción de incendios que han seguido trabajando, poniéndose al frente de la extinción de los incendios de esta región durante estos años, participando directamente en la extinción de casi 2.700 incendios.
En este sentido, en su primera valoración, alegó su sorpresa tras conocer el contenido del auto pues, apuntó, sorprende que quien ha provocado el fuego no tenga responsabilidad y quien arriesga su vida para apagarlo, sea imputado.
También se refirió al momento de hacerlo público que, calificó, como un hecho no casual, ya que con una instrucción que ha durado casi 4 años, la jueza haya cerrado hoy el procedimiento cuando aún faltan diligencias sin resolver, apuntó.
En concreto se refirió a las tres solicitadas por la propia jueza: las alegaciones solicitadas por el ayuntamiento de la Riba de Saelices (incluso ayer concedía una ampliación del plazo de respuesta); la documental fotográfica que denegó en primera instancia la jueza y que fue aprobada por la Audiencia Provincial y la petición solicitada por el abogado de las familias sobre el avión de coordinación.
Asimismo, el titular de Agricultura y Desarrollo Rural manifestó que no se entiende que el Juzgado solicite de oficio un Informe pericial para analizar las causas del incendio y del fallecimiento de los miembros del retén y, luego, lo ignore por completo, ya que ni siquiera se menciona en el Auto.
De hecho, insistió en que el cierre de la instrucción es contrario a ese Informe de los peritos judiciales, que descarta cualquier tipo de negligencia en el operativo de extinción y en el fallecimiento de los miembros del retén, calificando el suceso como un accidente.
De esta forma, Martínez Guijarro reiteró que desde el Gobierno regional sorprende la imputación del delito de incendio forestal a quienes se dedican a apagar los incendios forestales y también sorprende la imputación por homicidio a personas que no estaban participando en las tareas de extinción en el momento del accidente.
En palabras del consejero, es incomprensible que se imputen menos responsabilidades a los que directamente iniciaron el incendio que a los que fueron a apagarlo. De hecho, valoro como desalentador el mensaje que con este auto se lanza a la sociedad, y a las personas encargadas de las tareas de emergencia pues, como indicó, es inadmisible que sea más reprochable ir a apagar un incendio que provocarlo.
Martínez Guijarro finalizó su intervención manifestando de nuevo su apoyo y confianza en los técnicos que siguen poniéndose al frente de la extinción de incendios, pues para la Consejería hoy no es un día diferente, seguimos trabajando en esta importante labor y que gracias al buen hacer de sus profesionales, funciona con la máxima colaboración y coordinación técnica.
De esta forma, como responsable máximo del Servicio de Extinción, reiteró su total apoyo a todos y cada uno de los profesionales que realizaron su trabajo en el incendio de La Riba y muy especial a todas las personas y a todos los técnicos que, durante estos cuatro años, han sentido en muchos casos una persecución personal y profesional.
Por su parte, el PP informó de que pedirá de inmediato una nueva Comisión de Investigación, ante el punto de inflexión que se ha producido. La diputada regional del PP por Guadalajara, Ana Guarinos, pretende que en ella se aporte nueva documentación, y que declaren los que no declararon.
Erroresprocedimentales
El abogado defensor del ex director general de Política Forestal de la Junta de Comunidades, José Ignacio Nicolás; del ex delegado de Medio Ambiente, Sergio David González; del ex director del Parque Natural del Alto Tajo, Rafael Ruiz, y varios de los técnicos de medio ambiente que aún siguen imputados por la jueza de Sigüenza en el caso del incendio de la Riba, Esteban Mestre, ratificaba el anuncio sobre el recurso que se presentará al entender que hay errores de procedimiento. A su juicio, no se ha dado oportunidad a los acusados de defenderse y se han rechazado las pruebas que solicitó. Entiende que no tiene sentido que se impute a un grupo de 20 personas por un mismo delito de imprudencia. Cree que vulnera el principio de proporcionalidad y no comprende que los que presuntamente iniciaron el fuego tengan menos responsabilidad que los que contribuyeron a extinguirlo, cuando recuerda que sólo se ha imputado a tres de los nueve excursionistas.
Entiende que imputa delitos contra la seguridad de los trabajadores a personas que no tienen formación en riesgos laborales o homicidios por imprudencia a personas que estaban a varios kilómetros del frente del fuego. Además cree que las imputaciones están realizadas sin fundamentarse en la posición personal de los imputados, ignorando informes periciales y de la inspección de trabajo. Sólo se basan en las escuchas del 112, critica. Se trata de un auto, a su juicio, técnicamente insostenible.
Mestre asegura que sus defendidos no tendrán responsabilidad penal alguna, ya que cree lo demuestran informes que han sido rechazados, como varios de carácter pericial independientes, o el de la Inspección de Trabajo. El próximo martes llevará a efecto el recurso. Si se desestima, lo apelará ante la Audiencia Provincial. Si se estima, la jueza deberá dictar otro diferente.
**** Contenido Editado en virtud de petición judicial ****