La juez mantiene la imputación contra 20 personas por el incendio de La Riba y archiva nueve causas
01/10/2010 - 09:45
Por: Redacción
La juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Sigüenza (Guadalajara), María del Mar Lorenzo, ha dictado un auto en el que se dispone la continuación de la causa por el incendio ocurrido en julio de 2005 por el que murieron 11 trabajadores de un retén anti-incendios, y en el que mantiene a 20 de los imputados y archiva la causa contra otros nueve, por no ser los hechos a ellos atribuidos constitutivos de delito.
En el auto, con fecha de 20 de mayo, y al que ha tenido acceso Europa Press, se estipula un plazo de diez días para que las acusaciones personadas soliciten la apertura de juicio oral, tras casi cuatro años de instrucción.
Entre los imputados, a los que se adscriben varios presuntos delitos, se mantienen el ex delegado de Medio Ambiente en Guadalajara, Sergio David González, y el director general de Política Forestal, José Ignacio Nicolás, ambos por presunto delito de incendio forestal por imprudencia grave.
También se encuentran entre los imputados la ex consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo, que dimitió poco después del incendio; y el alcalde de La Riba de Saelices, término en el que se produjo el fuego, José Luis Samper, también por este mismo delito.
Esta misma imputación pesa igualmente sobre todos los imputados, entre los que también se encuentran el presunto autor de la barbacoa Marcelino Herce, y los que se supuestamente se encontraban vigilándola, Juan José Jiménez e Iasson Klados, mientras que la juez archiva la causa contra los otros cinco excursionistas del grupo: David Fanego, María Delgado, Serapia Cruz, Olga Fulgencio y Carlos Fernández.
A los delitos de incendio forestal por imprudencia grave, se añaden los de contra los derechos de los trabajadores y homicidio por imprudencia profesional en el caso de Carlos Damián Muñoz --técnico del teléfono de emergencias 112 por la "defectuosa actuación" del plan de emergencias--; Antonio Solís --jefe de coordinación provincial de incendios, por el mismo motivo--, así como Miguel Genaro Aguilar Antonio Pallarés, José María Gaitán, Ángel Millán, y Alfredo Luis Chavarría, todos ellos técnicos de la Junta, alegando similares motivos.
En el caso de Luis Miguel Carrascal, representante de la empresa Tragsa en Guadalajara, se imputa un presunto delito de incendio forestal y contra los derechos de los trabajadores, pero no el de homicidio por imprudencia profesional, debido al ejercicio de sus competencias en cuanto a la prevención de incendios forestales, en el estado, limpieza del monte y eliminación de los residuos.
RESTO DE IMPUTADOS
El resto de imputados son el secretario del Ayuntamiento de La Riba de Saelices, José Luis Huarte, por "ausencia de medidas específicas y adecuadas en el área recreativa"; el ex alcalde de este municipio, Hipólito Sebastián Ballesteros, por iguales motivos; el responsable de una empresa de extinción de incendios, Joaquín Baumela, en cuanto al mantenimiento técnico de medios de extinción; el responsable de Helisureste, Luis Miñano; y el que era responsable del Parque Natural del Alto Tajo, Rafael Ruiz López, por las medidas de prevención de incendios, estado del monte y autorización del uso estival del fuego.
Entre los que se ha archivado la causa se encuentra, además de los cinco excursionistas, el responsable de la torre de vigilancia de la Riba, XXXX XXXX; el guarda forestal de la Cueva de los Casares, Emilio Moreno; así como Sagrario Gutiérrez y Carlos Vázquez, técnicos del 112.
En los fundamentos jurídicos del auto la juez explica que el incendio forestal por imprudencia no ha de circunscribirse exclusivamente a la acción de prender fuego sino que, por el contrario, en el mencionado tipo pueden ser englobados otra clase de comportamientos activos u omisivos que determinan de igual manera la existencia de responsabilidad penal.
INSTRUCCIÓN
La instrucción por el incendio de Guadalajara está a punto de cumplir cuatro años, y durante este periodo, ha ido aumentando el número de imputados en base a la toma de declaraciones realizadas por la juez instructora del caso.
El último episodio de la instrucción se produjo a principios de mes de mayo, cuando la Audiencia provincial de Guadalajara dio a conocer a las partes implicadas, un auto rechazando la mayor parte de pruebas periciales que había solicitado la representación legal de los ingenieros imputados.
Según el auto, las pruebas se rechazaron básicamente por cuestiones de fondo y por haberse dilatado en el tiempo la solicitud de las mismas "aunque todos los informes ahora rechazados podrán presentarse en la fase de plenario".
Concretamente, se trataba de nueve pruebas periciales entre las que se incluye un informe realizado por el director del Parque de Sierra Nevada y un catedrático sobre las condiciones del Área recreativa de la Cueva de los Casares (donde se ubica la barbacoa que generó el incendio) que la Audiencia de Guadalajara rechaza "por hacer interpretaciones que son competencia de los jueces".
La Audiencia provincial de Guadalajara también rechazó sendos informes sobre Meteorología, uno de ellos avalado por la empresa del astronauta Pedro Duque, y otro que firman responsables forestales de la Diputación de Valencia y la Generalitat de Cataluña sobre comportamiento del fuego "por su carácter parcial
Entre los imputados, a los que se adscriben varios presuntos delitos, se mantienen el ex delegado de Medio Ambiente en Guadalajara, Sergio David González, y el director general de Política Forestal, José Ignacio Nicolás, ambos por presunto delito de incendio forestal por imprudencia grave.
También se encuentran entre los imputados la ex consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo, que dimitió poco después del incendio; y el alcalde de La Riba de Saelices, término en el que se produjo el fuego, José Luis Samper, también por este mismo delito.
Esta misma imputación pesa igualmente sobre todos los imputados, entre los que también se encuentran el presunto autor de la barbacoa Marcelino Herce, y los que se supuestamente se encontraban vigilándola, Juan José Jiménez e Iasson Klados, mientras que la juez archiva la causa contra los otros cinco excursionistas del grupo: David Fanego, María Delgado, Serapia Cruz, Olga Fulgencio y Carlos Fernández.
A los delitos de incendio forestal por imprudencia grave, se añaden los de contra los derechos de los trabajadores y homicidio por imprudencia profesional en el caso de Carlos Damián Muñoz --técnico del teléfono de emergencias 112 por la "defectuosa actuación" del plan de emergencias--; Antonio Solís --jefe de coordinación provincial de incendios, por el mismo motivo--, así como Miguel Genaro Aguilar Antonio Pallarés, José María Gaitán, Ángel Millán, y Alfredo Luis Chavarría, todos ellos técnicos de la Junta, alegando similares motivos.
En el caso de Luis Miguel Carrascal, representante de la empresa Tragsa en Guadalajara, se imputa un presunto delito de incendio forestal y contra los derechos de los trabajadores, pero no el de homicidio por imprudencia profesional, debido al ejercicio de sus competencias en cuanto a la prevención de incendios forestales, en el estado, limpieza del monte y eliminación de los residuos.
RESTO DE IMPUTADOS
El resto de imputados son el secretario del Ayuntamiento de La Riba de Saelices, José Luis Huarte, por "ausencia de medidas específicas y adecuadas en el área recreativa"; el ex alcalde de este municipio, Hipólito Sebastián Ballesteros, por iguales motivos; el responsable de una empresa de extinción de incendios, Joaquín Baumela, en cuanto al mantenimiento técnico de medios de extinción; el responsable de Helisureste, Luis Miñano; y el que era responsable del Parque Natural del Alto Tajo, Rafael Ruiz López, por las medidas de prevención de incendios, estado del monte y autorización del uso estival del fuego.
Entre los que se ha archivado la causa se encuentra, además de los cinco excursionistas, el responsable de la torre de vigilancia de la Riba, XXXX XXXX; el guarda forestal de la Cueva de los Casares, Emilio Moreno; así como Sagrario Gutiérrez y Carlos Vázquez, técnicos del 112.
En los fundamentos jurídicos del auto la juez explica que el incendio forestal por imprudencia no ha de circunscribirse exclusivamente a la acción de prender fuego sino que, por el contrario, en el mencionado tipo pueden ser englobados otra clase de comportamientos activos u omisivos que determinan de igual manera la existencia de responsabilidad penal.
INSTRUCCIÓN
La instrucción por el incendio de Guadalajara está a punto de cumplir cuatro años, y durante este periodo, ha ido aumentando el número de imputados en base a la toma de declaraciones realizadas por la juez instructora del caso.
El último episodio de la instrucción se produjo a principios de mes de mayo, cuando la Audiencia provincial de Guadalajara dio a conocer a las partes implicadas, un auto rechazando la mayor parte de pruebas periciales que había solicitado la representación legal de los ingenieros imputados.
Según el auto, las pruebas se rechazaron básicamente por cuestiones de fondo y por haberse dilatado en el tiempo la solicitud de las mismas "aunque todos los informes ahora rechazados podrán presentarse en la fase de plenario".
Concretamente, se trataba de nueve pruebas periciales entre las que se incluye un informe realizado por el director del Parque de Sierra Nevada y un catedrático sobre las condiciones del Área recreativa de la Cueva de los Casares (donde se ubica la barbacoa que generó el incendio) que la Audiencia de Guadalajara rechaza "por hacer interpretaciones que son competencia de los jueces".
La Audiencia provincial de Guadalajara también rechazó sendos informes sobre Meteorología, uno de ellos avalado por la empresa del astronauta Pedro Duque, y otro que firman responsables forestales de la Diputación de Valencia y la Generalitat de Cataluña sobre comportamiento del fuego "por su carácter parcial
**** Contenido Editado en virtud de petición judicial ****