La jueza de Sigüenza pide amparo al CGPJ ante la resolución de las Cortes de CLM

Así lo confirmó en rueda de prensa la vocal territorial del CGPJ, Gabriela Bravo, quien detalló que la jueza de Sigüenza ha pedido respaldo ante las críticas recibidas en torno al caso del incendio y por esta resolución del Parlamento autonómico. Bravo aseguró que el Consejo del Poder Judicial valorará esta petición y afirmó que “siempre va a asumir su función fundamental, que es velar por la independencia del poder judicial”. Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco Rodríguez, coincidió con Bravo en que el debate político no puede interferir en las decisiones judiciales. Precisamente, el tribunal castellano-manchego emitió un comunicado esta semana en la que apuntaba que en la causa por el incendio de Guadalajara, ni el poder legislativo ni el ejecutivo “deben decir a los jueces lo que tienen que decidir en un determinado proceso”. La solicitud de amparo ha venido precedida, también, del apoyo de la Asociación Profesional de la Magistratura, que en un comunicado, tuvo que recordar a los políticos que “cualquier intento de entrometerse o controlar el juicio, incluso desde el Gobierno o las Cortes regionales, es contrario a los fundamentos de nuestro sistema democrático”. Ya entonces, los responsables del Gobierno regional recalcaron que lo que se hizo en las Cortes regionales fue “instar al Gobierno de Castilla-La Mancha para que los abogados de las defensas, que están actuando en el proceso con respecto a técnicos y demás personas encausadas, solicitaran el sobreseimiento del proceso”, lo que en ningún caso supondría una interferencia en el trabajo de la jueza. Pero ese no ha sido el único encontronazo producido en las últimas semanas, ya que el Partido Popular, a través de su representación legal, remitía al Juzgado de Primera Instancia número 1 de Sigüenza un escrito de acusación contra 18 de los 20 imputados por la jueza, María del Mar Lorenzo, para los que pedía penas de entre tres y siete años de prisión. Según el escrito registrado por la procuradora del partido, las mayores penas pedidas por el PP eran para siete técnicos de la Junta, pidiendo para cada uno de ellos hasta siete años de prisión por los delitos de incendio por imprudencia y homicidio mientras que pedía tres años para los excursionistas que originaron el fuego. Esta solicitud indignó a los responsables del Gobierno regional, que no podían entender cómo se solicitan penas superiores para el personal que intentó sofocar el fuego que para aquellos que lo provocaron. En medio de estas disputas, dos diarios de tirada nacional publicaron las presuntas negociaciones entre familias y Gobierno regional para alcanzar, previo pago de unos 120.000 euros a cada familia, un acuerdo para retirar el procedimiento judicial. Quién propuso ese acuerdo extra judicial también generó enfrentamientos políticos que no parece vayan a cesar.