La Junta interpuso 26 recursos contra decisiones que afectan a la región en materia de agua

El último de ellos fue autorizado ayer por el Consejo de Gobierno y se trata de un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Comisión Permanente y el de la Junta de Gobierno, de la Confederación Hidrográfica del Segura, de fechas 20 de enero y 11 de febrero, respectivamente, ambos en idénticos términos, sobre las medidas excepcionales de gestión de recursos hidráulicos en la cuenca del Segura. Según explicó Isabel Rodríguez, estos acuerdos suponían “la posibilidad de mantener abiertos algunos sondeos de emergencia de aguas subterráneas, más conocidos como pozos de sequía, o la prorroga de las restricciones que se aplicaron en al año hidrológico 2007/2008 y que establecían un nivel inicial de reducción de dotaciones del 50 por ciento”. Los recursos se plantean al considerar que los órganos de la Confederación amparan sus decisiones en el Real Decreto 1.265/2005 de Medidas Excepcionales en determinadas cuencas, que ya había sido anulado por el Tribunal Supremo, -a raíz de otro recurso del Gobierno de Castilla-La Mancha-, cuando se adoptaron las decisiones. La portavoz del Gobierno señaló que, ante esa situación, “entendemos que estos acuerdos no deben aplicarse porque, además de obviar el fallo de la sentencia emitida por el Supremo, que anulaba el citado Real Decreto, han sido adoptados por órganos sin competencia para ello y prescindiendo de procedimientos previos como evaluación ambiental o información pública”.

Ley de Derechos
Isabel Rodríguez también se refirió a la toma en consideración por parte del Consejo de Gobierno del anteproyecto de Ley de Derechos y Deberes en materia de Salud, que pretende actualizar y unificar toda la legislación en vigor relacionada con el derecho a la protección de la salud de los castellano-manchegos.

Isabel Rodríguez concluyó recordando que este texto ha sido consensuado con los agentes implicados y subrayó que durante el periodo de información pública al que ha sido sometido no se han hecho alegaciones importantes. Ahora, el anteproyecto será remitido al CES y al Consejo Consultivo para que puedan hacer las consideraciones que estimen oportunas y tras su devolución al Gobierno, será enviado a las Cortes, ya como proyecto de Ley, para su trámite parlamentario.