La Junta presenta el Plan regional de Depuración de Aguas Residuales
01/10/2010 - 09:45
La Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, conjuntamente con su Entidad Pública de Aguas de Castilla-La Mancha, han elaborado el II Plan director de depuración de la Comunidad Autónoma, que surge para atender la necesidad real de contar con un instrumento que permita ampliar las bases previstas en el I Plan Director de Depuración de Aguas Residuales vigente desde 1996.
El nuevo documento, con el que se dará definitivo cumplimiento a la Directiva Comunitaria 91/271, sobre tratamiento de aguas residuales, se concibe como un instrumento de planificación y ordenación del territorio cuyo fin principal es la protección del medio ambiente, reduciendo para ello las cargas contaminantes de las aguas residuales procedentes de las aglomeraciones urbanas de la región.
El objetivo último del Plan es la depuración del cien por cien de las aguas residuales generadas en las aglomeraciones urbanas de la Región. Para conseguir el buen estado ecológico de las masas de agua de Castilla-La Mancha, el II Plan establece una serie de objetivos que deberán cumplirse a lo largo de su ámbito temporal, fijado para el año 2015. Estos objetivos se refieren a parámetros de calidad, a tratamientos de depuración, priorización de actuaciones, criterios ambientales, gestión de lodos y efluentes depurados o a la coordinación de los planes de las distintas Administraciones, entre otros.
Por otra parte, el ámbito geográfico que determina el Plan es la totalidad de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por lo que contempla todas las infraestructuras de depuración de las cinco provincias, que abastecerá a la totalidad de municipios de la región.
En cuanto al ámbito temporal, inicialmente las actuaciones se extienden hasta el año 2015. Esta fecha horizonte se ha hecho coincidir con la establecida por la Directiva Marco del Agua del año 2000, que establece que en ese año debe conseguirse el buen estado ecológico de todas las masas de agua europeas. Además, tal y como marca la Ley del Ciclo Integral del Agua de Castilla-La Mancha, el Plan fija una revisión cada cinco años.
El Plan expone los tratamientos necesarios en cada localidad castellano-manchega para alcanzar los objetivos de calidad exigidos por la legislación, así como la cuantificación de la inversión necesaria para conseguirlos.
La cuantificación de las actuaciones a desarrollar se ha estimado en más de 928 millones de euros para la construcción de infraestructuras o renovación de las actuales, así como una media de 75 millones de euros anuales en concepto de explotación y mantenimiento de instalaciones.
La financiación prevista para ejecutar el plan será posible a través de distintas vías como son los Fondos Europeos, los Presupuestos Generales del Estado, el Presupuesto de la Junta de Castilla-La Mancha o, en su caso, el de las Corporaciones Locales, así como la financiación procedente de los promotores de nuevos desarrollos urbanísticos.
El objetivo último del Plan es la depuración del cien por cien de las aguas residuales generadas en las aglomeraciones urbanas de la Región. Para conseguir el buen estado ecológico de las masas de agua de Castilla-La Mancha, el II Plan establece una serie de objetivos que deberán cumplirse a lo largo de su ámbito temporal, fijado para el año 2015. Estos objetivos se refieren a parámetros de calidad, a tratamientos de depuración, priorización de actuaciones, criterios ambientales, gestión de lodos y efluentes depurados o a la coordinación de los planes de las distintas Administraciones, entre otros.
Por otra parte, el ámbito geográfico que determina el Plan es la totalidad de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por lo que contempla todas las infraestructuras de depuración de las cinco provincias, que abastecerá a la totalidad de municipios de la región.
En cuanto al ámbito temporal, inicialmente las actuaciones se extienden hasta el año 2015. Esta fecha horizonte se ha hecho coincidir con la establecida por la Directiva Marco del Agua del año 2000, que establece que en ese año debe conseguirse el buen estado ecológico de todas las masas de agua europeas. Además, tal y como marca la Ley del Ciclo Integral del Agua de Castilla-La Mancha, el Plan fija una revisión cada cinco años.
El Plan expone los tratamientos necesarios en cada localidad castellano-manchega para alcanzar los objetivos de calidad exigidos por la legislación, así como la cuantificación de la inversión necesaria para conseguirlos.
La cuantificación de las actuaciones a desarrollar se ha estimado en más de 928 millones de euros para la construcción de infraestructuras o renovación de las actuales, así como una media de 75 millones de euros anuales en concepto de explotación y mantenimiento de instalaciones.
La financiación prevista para ejecutar el plan será posible a través de distintas vías como son los Fondos Europeos, los Presupuestos Generales del Estado, el Presupuesto de la Junta de Castilla-La Mancha o, en su caso, el de las Corporaciones Locales, así como la financiación procedente de los promotores de nuevos desarrollos urbanísticos.