La Ley de Derechos y Deberes de la Salud crea el marco de la Sanidad del siglo XXI
01/10/2010 - 09:45
Por: Redacción
La Ley de Derechos y Deberes en Materia de Salud, cuyo proyecto aprobó el martes el Consejo de Gobierno, crea el marco legal apropiado para la sanidad del siglo XXI en Castilla-La Mancha, una sanidad moderna, de calidad y cercana. Una norma que tiene como principal objetivo continuar mejorando la salud de los castellano-manchegos y la atención sanitaria que reciben en la región. Así lo aseguró el consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, que presentó esta iniciativa legislativa.
Este proyecto de ley, que se elevará el próximo año a las Cortes regionales para su aprobación y entrada en vigor, define el marco jurídico y las reglas de juego para que la relación entre el paciente y el profesional se lleve a cabo en un marco de confianza, con derechos y deberes por ambas partes. Una iniciativa que ha recibido el pasado mes de noviembre un premio nacional a la mejor idea de política sanitaria en 2009 otorgado por Diario Médico, decano de la prensa sanitaria especializada en España.
Según el responsable regional, la ley da respuesta a las necesidades y demandas de la nueva sociedad con una población envejecida, un fuerte peso de las enfermedades crónicas, una mayor demanda de los ciudadanos a una buena atención y a un mayor papel en la gestión de su enfermedad, una tendencia mayor a la medicalización, la sobreutilización de los servicios y la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas al ámbito de la salud. Para Lamata, con la nueva ley se promoverá como líneas estratégicas la desmedicalización de la sociedad, la autonomía del paciente, la gestión de su propia enfermedad, el uso adecuado de los servicios asistenciales y el respeto a los profesionales. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido abordar este nuevo proyecto legislativo una vez apuntalado el desarrollo de la asistencia sanitaria en la región, tras recibir las competencias en esta materia en enero de 2002. En ese sentido, Lamata recordó que la situación de Castilla-La Mancha en el ámbito de la salud es buena y se sitúa en distintos indicadores por encima de la media española o europea.
Además, siete de cada diez castellano-manchegos se muestran satisfechos del funcionamiento de su sanidad pública.
Una normativa de las más avanzadas
En su intervención, el consejero ha asegurado que el proyecto aprobado por el Gobierno de Castilla-La Mancha es una de las normativas más avanzadas de este tipo en España y Europa.
Es un texto que actualiza y unifica toda la legislación en vigor que está relacionada con el derecho a la protección de la salud de los castellano-manchegos en condiciones de igualdad y a su autonomía como paciente en todo lo concerniente a su salud.
Así, recoge los derechos de los usuarios relativos a intimidad, confidencialidad, información, consentimiento informado, voluntades anticipadas, acompañamiento, gestión del proceso de enfermedad, tiempo de espera, segunda opinión, libre elección, participación activa en la gestión sanitaria entre otros.
También sus deberes en materia de salud, que pasan por el adecuado uso de los recursos sanitarios, la responsabilidad de los ciudadanos con su salud, la colaboración con las autoridades sanitarias y mantener el debido respeto a los pacientes, a los acompañantes y al personal que presta sus servicios en los centros
Además, incorpora nuevos derechos como la confidencialidad de la información referida al patrimonio genético, la asignación a cada paciente de un profesional que actuará como coordinador de su proceso asistencial, la elaboración de una carta de derechos y deberes de las personas relativos a la salud y a ser atendidos con las mayores garantías de calidad y seguridad.
En cuanto a los profesionales, la ley estipula sus derechos en materia de formación, seguridad, estabilidad, apoyo de las instituciones y medios adecuados para ejercer su labor así como sus deberes, entre los que destaca, prestar una adecuada atención sanitaria; facilitar a los pacientes información de cualquier actuación en el ámbito de su salud; respetar las decisiones adoptadas libre y de manera voluntaria por el paciente y evitar la sobremedicalización.
Según el responsable regional, la ley da respuesta a las necesidades y demandas de la nueva sociedad con una población envejecida, un fuerte peso de las enfermedades crónicas, una mayor demanda de los ciudadanos a una buena atención y a un mayor papel en la gestión de su enfermedad, una tendencia mayor a la medicalización, la sobreutilización de los servicios y la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas al ámbito de la salud. Para Lamata, con la nueva ley se promoverá como líneas estratégicas la desmedicalización de la sociedad, la autonomía del paciente, la gestión de su propia enfermedad, el uso adecuado de los servicios asistenciales y el respeto a los profesionales. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido abordar este nuevo proyecto legislativo una vez apuntalado el desarrollo de la asistencia sanitaria en la región, tras recibir las competencias en esta materia en enero de 2002. En ese sentido, Lamata recordó que la situación de Castilla-La Mancha en el ámbito de la salud es buena y se sitúa en distintos indicadores por encima de la media española o europea.
Además, siete de cada diez castellano-manchegos se muestran satisfechos del funcionamiento de su sanidad pública.
Una normativa de las más avanzadas
En su intervención, el consejero ha asegurado que el proyecto aprobado por el Gobierno de Castilla-La Mancha es una de las normativas más avanzadas de este tipo en España y Europa.
Es un texto que actualiza y unifica toda la legislación en vigor que está relacionada con el derecho a la protección de la salud de los castellano-manchegos en condiciones de igualdad y a su autonomía como paciente en todo lo concerniente a su salud.
Así, recoge los derechos de los usuarios relativos a intimidad, confidencialidad, información, consentimiento informado, voluntades anticipadas, acompañamiento, gestión del proceso de enfermedad, tiempo de espera, segunda opinión, libre elección, participación activa en la gestión sanitaria entre otros.
También sus deberes en materia de salud, que pasan por el adecuado uso de los recursos sanitarios, la responsabilidad de los ciudadanos con su salud, la colaboración con las autoridades sanitarias y mantener el debido respeto a los pacientes, a los acompañantes y al personal que presta sus servicios en los centros
Además, incorpora nuevos derechos como la confidencialidad de la información referida al patrimonio genético, la asignación a cada paciente de un profesional que actuará como coordinador de su proceso asistencial, la elaboración de una carta de derechos y deberes de las personas relativos a la salud y a ser atendidos con las mayores garantías de calidad y seguridad.
En cuanto a los profesionales, la ley estipula sus derechos en materia de formación, seguridad, estabilidad, apoyo de las instituciones y medios adecuados para ejercer su labor así como sus deberes, entre los que destaca, prestar una adecuada atención sanitaria; facilitar a los pacientes información de cualquier actuación en el ámbito de su salud; respetar las decisiones adoptadas libre y de manera voluntaria por el paciente y evitar la sobremedicalización.