La ley electoral, ¿otra oportunidad perdida?
21/05/2012 - 15:07
Probablemente, cuando estas palabras lleguen al lector el parlamento de Castilla-La Mancha habrá aprobado ya una nueva ley electoral, propuesta por el PP y con el voto en contra del PSOE, con una situación parecida a la de hace pocos años, si bien con los papeles cambiados entre ambos partidos. Otra vez, los dos grandes partidos no habrán sido capaces de acordar unas reglas del juego compartidas. Al que esto escribe, la situación le produce tristeza, tanto como ciudadano de la Región, como en calidad de experto, durante más de 20 años, en análisis de sistemas electorales.
Los ciudadanos no suelen prestar mucha atención a las leyes electorales, pero en ellas se esconden algunas de las reglas del juego más básicas de la democracia. Concretan la manera en que se representa, mejor o peor, la voluntad popular, y la manera en que dicha voluntad se transforma en una opción de gobierno. Las leyes electorales incluyen una parte, conocida como sistema electoral, que detalla las reglas matemáticas para convertir los votos de los ciudadanos en representantes en el parlamento (diputados), teniendo en cuenta el reparto de votos por partidos y, opcionalmente, por territorios. No soy experto en aspectos jurídicos o sociales, pero sí en esas reglas matemáticas que, al fin y al cabo, son decisivas ya que, aún partiendo de los mismos votos, pueden producir parlamentos diferentes y, por tanto, gobiernos diferentes. En mi cualidad de experto en dichos ?asuntos matemáticos? escribo este artículo, si bien, antes quiero compartir alguna emoción como ciudadano. Como castellano-manchego, viendo la actuación de ambos partidos en este tema, me parece estar asistiendo a un partido de tenis, uno más, entre ambos, donde se dedican a pasarse la pelota de la culpa y acusarse del ?y tu más?. Con la que está cayendo, ver que el gobernante propone una reforma que supone aumentar el número de diputados y, encima, sin consenso, me resulta desmoralizador. Yo también me pregunto por qué el PSOE propone ahora alternativas que cuando gobernaba no aceptó, pero eso excusa al PP ahora por hacer desde el gobierno lo que antes criticó desde la oposición.
El principal escollo para el acuerdo entre ambos partidos parece estar en decidir cuales son las provincias que elijen un número impar de diputados. La importancia de ello estriba en que dichas provincias pueden decantar la victoria en diputados, incluso pudiendo producir que el partido más votado tenga menos diputados que el segundo. Usando los resultados de las elecciones de 2011, una simulación matemática muestra que, con la ley del PSOE, el PP podría haber perdido en diputados aún con una victoria en votos del 2?,5% (esta situación no deseable en democracia no ocurrió porque el PP ganó por más, exactamente por el 4?,7%). Con la nueva ley, propuesta por el PP, es ahora el PSOE el que saldría perjudicado en caso de resultados igualados, al perder en diputados aún con una victoria del 1,?5% en votos.
¿Qué tiene de especial el sistema electoral de Castilla-La Mancha para que los dos partidos grandes se peleen por cuales son las provincias con un número impar de diputados?. Para responder a esta cuestión, primero debemos resaltar que en la Región se aplican, a grandes rasgos, las mismas reglas matemáticas que para el Congreso Nacional y para la mayoría de comunidades autónomas de España. Se trata de que cada territorio (provincia) reparte un cierto número de diputados de manera proporcional a los votos de cada partido en dicho territorio. La diferencia, origen de la pelea, se encuentra en que el número de diputados que reparte cada provincia en Castilla-La Mancha se decide de manera rígida por ley mientras que para el Congreso y demás autonomías se calcula automáticamente según la población que en cada momento tengan las provincias, garantizando un mínimo.
Por ejemplo, para el Congreso se establecen 2 diputados por provincia y el resto se reparten de manera proporcional a la población oficial de ese momento. En cambio, para Castilla-La Mancha, la ley electoral anterior (aprobada por el PSOE) y la nueva (por el PP) establecen un número fijo. Por ejemplo, la ley del PSOE dice que Toledo tiene 12 diputados y la nueva del PP dice que Toledo tiene 13. Cómo se obtienen ese 12 o 13 queda sin respuesta en ambas leyes. Obviamente, esto tiene el inconveniente de que debe cambiarse la ley cada vez que la evolución de la población conduce a un desajuste. Es lo que pasó cuando Guadalajara superó a Cuenca en habitantes y en cambio la ley decía que Cuenca elegía 8 y Guadalajara 7. Pero, a mi juicio, hay otro inconveniente aún mayor: es una fuente de conflictos ya que el partido gobernante va a intentar asegurarse que los ?diputados impares? le beneficien a el en lugar de al rival, cambiando la ley electoral si es necesario (es el caso actual). Yo comprendo perfectamente que el PP no quiera continuar con una ley electoral que le perjudica. Si las alternativas están entre una ley que me beneficia a mí o una que me perjudica, es normal optar por la que me beneficia. Pero en todo el debate actual hay mucho mensaje que esconde la realidad de esta lucha de poder y que intenta vender cosas que no son ciertas a nivel matemático (y las matemáticas no mienten). Por ejemplo, aunque los portavoces del PP digan lo contrario, con la nueva ley puede perder el más votado. Además, la nueva ley incluye decisiones que son contrarias a los principios de proporcionalidad. Por ejemplo, teniendo Albacete casi el doble de habitantes que Cuenca, hasta ahora la primera elegía 10 diputados (1 por cada 40.000 habitantes) y la segunda 8 (uno por cada 27.000), es decir, el voto de un conquense valía por el de 1?5 albaceteños. La reforma no solo no corrige la situación, sino que la agrava al otorgar un escaño más a Cuenca, cuando por población es obvio que debería corresponder antes a Albacete.
Todos estos líos se originan por la manía, antes del PSOE y ahora del PP, de establecer los diputados de cada provincia de forma rígida en la ley, en lugar de dejar que sean variables según evoluciona la población. Sería tan fácil como establecer que cada provincia elige 5 diputados mínimo y el resto, hasta la cifra total que sea, se reparten en base a la población. Y se acabaron las peleas por los diputados impares y por cambiar la ley electoral cada vez que haya cambio de gobierno. Llegados hasta aquí quizás al lector le surja la pregunta que creo más interesante. ¿Y por qué narices no lo hacen?. Dejo la respuesta para deducción de cada uno. Solo comento que a mí sólo se me ocurre una explicación y no muy positiva para la imagen de nuestros gobernantes. Por si alguien me alega que con esta asignación, proporcional a la población, también puede ocurrir que gane en diputados el que pierde en votos, le respondo de antemano que sí, si los resultados son igualados, pero vendría determinado por el azar y no porque el gobernante anterior haya jugado con ventaja. En el debate público se están escuchando también excusas que son, sencillamente eso, excusas. Como decir que no se puede hacer porque habría que cambiar el estatuto (cambiar un párrafo). Si han podido retocar en 15 días toda una Constitución, seguro que pueden cambiar tres líneas de l estatuto. En este caso querer es poder, así de simple y así de complejo.
Para concluir, y para enviar algún rayito de esperanza, sigo pensando que a la fuerza, algún día, nuestros dos partidos grandes caerán en la cuenta de que no tienen porqué pelearse por los diputados impares ya que existen otras maneras neutrales de hacer una ley electoral. Si además, llegaran al acuerdo de implantar un método que siempre garantice que gana en diputados el más votado, aunque sea por un voto, me harían uno de los expertos electorales más felices del mundo, ya que voto en Castilla-La Mancha. Por si acaso mi escepticismo fuera erróneo, les sugiero mirar para ello el método aplicado en Alemania.
Los ciudadanos no suelen prestar mucha atención a las leyes electorales, pero en ellas se esconden algunas de las reglas del juego más básicas de la democracia. Concretan la manera en que se representa, mejor o peor, la voluntad popular, y la manera en que dicha voluntad se transforma en una opción de gobierno. Las leyes electorales incluyen una parte, conocida como sistema electoral, que detalla las reglas matemáticas para convertir los votos de los ciudadanos en representantes en el parlamento (diputados), teniendo en cuenta el reparto de votos por partidos y, opcionalmente, por territorios. No soy experto en aspectos jurídicos o sociales, pero sí en esas reglas matemáticas que, al fin y al cabo, son decisivas ya que, aún partiendo de los mismos votos, pueden producir parlamentos diferentes y, por tanto, gobiernos diferentes. En mi cualidad de experto en dichos ?asuntos matemáticos? escribo este artículo, si bien, antes quiero compartir alguna emoción como ciudadano. Como castellano-manchego, viendo la actuación de ambos partidos en este tema, me parece estar asistiendo a un partido de tenis, uno más, entre ambos, donde se dedican a pasarse la pelota de la culpa y acusarse del ?y tu más?. Con la que está cayendo, ver que el gobernante propone una reforma que supone aumentar el número de diputados y, encima, sin consenso, me resulta desmoralizador. Yo también me pregunto por qué el PSOE propone ahora alternativas que cuando gobernaba no aceptó, pero eso excusa al PP ahora por hacer desde el gobierno lo que antes criticó desde la oposición.
El principal escollo para el acuerdo entre ambos partidos parece estar en decidir cuales son las provincias que elijen un número impar de diputados. La importancia de ello estriba en que dichas provincias pueden decantar la victoria en diputados, incluso pudiendo producir que el partido más votado tenga menos diputados que el segundo. Usando los resultados de las elecciones de 2011, una simulación matemática muestra que, con la ley del PSOE, el PP podría haber perdido en diputados aún con una victoria en votos del 2?,5% (esta situación no deseable en democracia no ocurrió porque el PP ganó por más, exactamente por el 4?,7%). Con la nueva ley, propuesta por el PP, es ahora el PSOE el que saldría perjudicado en caso de resultados igualados, al perder en diputados aún con una victoria del 1,?5% en votos.
¿Qué tiene de especial el sistema electoral de Castilla-La Mancha para que los dos partidos grandes se peleen por cuales son las provincias con un número impar de diputados?. Para responder a esta cuestión, primero debemos resaltar que en la Región se aplican, a grandes rasgos, las mismas reglas matemáticas que para el Congreso Nacional y para la mayoría de comunidades autónomas de España. Se trata de que cada territorio (provincia) reparte un cierto número de diputados de manera proporcional a los votos de cada partido en dicho territorio. La diferencia, origen de la pelea, se encuentra en que el número de diputados que reparte cada provincia en Castilla-La Mancha se decide de manera rígida por ley mientras que para el Congreso y demás autonomías se calcula automáticamente según la población que en cada momento tengan las provincias, garantizando un mínimo.
Por ejemplo, para el Congreso se establecen 2 diputados por provincia y el resto se reparten de manera proporcional a la población oficial de ese momento. En cambio, para Castilla-La Mancha, la ley electoral anterior (aprobada por el PSOE) y la nueva (por el PP) establecen un número fijo. Por ejemplo, la ley del PSOE dice que Toledo tiene 12 diputados y la nueva del PP dice que Toledo tiene 13. Cómo se obtienen ese 12 o 13 queda sin respuesta en ambas leyes. Obviamente, esto tiene el inconveniente de que debe cambiarse la ley cada vez que la evolución de la población conduce a un desajuste. Es lo que pasó cuando Guadalajara superó a Cuenca en habitantes y en cambio la ley decía que Cuenca elegía 8 y Guadalajara 7. Pero, a mi juicio, hay otro inconveniente aún mayor: es una fuente de conflictos ya que el partido gobernante va a intentar asegurarse que los ?diputados impares? le beneficien a el en lugar de al rival, cambiando la ley electoral si es necesario (es el caso actual). Yo comprendo perfectamente que el PP no quiera continuar con una ley electoral que le perjudica. Si las alternativas están entre una ley que me beneficia a mí o una que me perjudica, es normal optar por la que me beneficia. Pero en todo el debate actual hay mucho mensaje que esconde la realidad de esta lucha de poder y que intenta vender cosas que no son ciertas a nivel matemático (y las matemáticas no mienten). Por ejemplo, aunque los portavoces del PP digan lo contrario, con la nueva ley puede perder el más votado. Además, la nueva ley incluye decisiones que son contrarias a los principios de proporcionalidad. Por ejemplo, teniendo Albacete casi el doble de habitantes que Cuenca, hasta ahora la primera elegía 10 diputados (1 por cada 40.000 habitantes) y la segunda 8 (uno por cada 27.000), es decir, el voto de un conquense valía por el de 1?5 albaceteños. La reforma no solo no corrige la situación, sino que la agrava al otorgar un escaño más a Cuenca, cuando por población es obvio que debería corresponder antes a Albacete.
Todos estos líos se originan por la manía, antes del PSOE y ahora del PP, de establecer los diputados de cada provincia de forma rígida en la ley, en lugar de dejar que sean variables según evoluciona la población. Sería tan fácil como establecer que cada provincia elige 5 diputados mínimo y el resto, hasta la cifra total que sea, se reparten en base a la población. Y se acabaron las peleas por los diputados impares y por cambiar la ley electoral cada vez que haya cambio de gobierno. Llegados hasta aquí quizás al lector le surja la pregunta que creo más interesante. ¿Y por qué narices no lo hacen?. Dejo la respuesta para deducción de cada uno. Solo comento que a mí sólo se me ocurre una explicación y no muy positiva para la imagen de nuestros gobernantes. Por si alguien me alega que con esta asignación, proporcional a la población, también puede ocurrir que gane en diputados el que pierde en votos, le respondo de antemano que sí, si los resultados son igualados, pero vendría determinado por el azar y no porque el gobernante anterior haya jugado con ventaja. En el debate público se están escuchando también excusas que son, sencillamente eso, excusas. Como decir que no se puede hacer porque habría que cambiar el estatuto (cambiar un párrafo). Si han podido retocar en 15 días toda una Constitución, seguro que pueden cambiar tres líneas de l estatuto. En este caso querer es poder, así de simple y así de complejo.
Para concluir, y para enviar algún rayito de esperanza, sigo pensando que a la fuerza, algún día, nuestros dos partidos grandes caerán en la cuenta de que no tienen porqué pelearse por los diputados impares ya que existen otras maneras neutrales de hacer una ley electoral. Si además, llegaran al acuerdo de implantar un método que siempre garantice que gana en diputados el más votado, aunque sea por un voto, me harían uno de los expertos electorales más felices del mundo, ya que voto en Castilla-La Mancha. Por si acaso mi escepticismo fuera erróneo, les sugiero mirar para ello el método aplicado en Alemania.