La mujer de Bárcenas niega los delitos

El juez instructor resolverá en el plazo de tres días sobre la situación procesal de la mujer de Bárcenas al haber nuevos elementos a valorar sobre su imputación en la red de corrupción que alcanza varias administraciones gobernadas por el PP. En la declaración estuvieron presentes varios abogados de los imputados, entre ellos Choclán, el abogado de Ignacio Peláez. Choclán declaró a la salida que la acusada estaba “muy tranquila” y criticó que “no se ha especificado la imputación con datos contundentes ni se han expuesto los hechos que se le imputan” apuntando que la declaración se centró en un informe de la Agencia Tributaria sobre el análisis de su patrimonio entre 2002 y 2003.
?El sumario recoge la imputación de la esposa de Bárcenas por una posible participación en un delito contra la Hacienda Pública de su marido y recuerda que ambos presentaron declaración conjunta del IRPF. Las diligencias apuntan a que Iglesias adquirió y transmitió alta cantidad de acciones entre los años 2000 y 2003.

Asimismo, se la atribuyó un patrimonio de cuatro bienes inmuebles por un valor declarado de 323.000 euros y constaba en 2002 con depósitos de 76.073 euros en tres cuentas bancarias, aunque un año más tarde era titular de cuatro cuentas en las que había ingresados solo 1.051 euros.

Caso Garzón
Mientras, el Gobierno y el PP mantuvieron ayer un agrio enfrentamiento en el Congreso a costa del acto que los sindicatos organizaron en Madrid en defensa del juez Baltasar Garzón, en el que se vertieron ataques contra el Tribunal Supremo, encargado de juzgar al magistrado. Para los ‘populares’, hay una “sucia campaña” de populismo, agitación y de coacciones al tribunal de la que responsabilizan al presidente José Luis Rodríguez Zapatero por su empeño en “reabrir viejas heridas” y por no asumir el pacto constitucional de 1978. El Ejecutivo, a través de seis ministros, reiteró su respeto por el Supremo, recalcando que no es incompatible con la libertad de expresión, y achacó la reacción del PP a un intento de desviar la atención por el ‘caso Gürtel’. El primer enfrentamiento dialéctico en dos meses entre la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández De la Vega, y la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, abrió la ofensiva del PP para exigir explicaciones al Gobierno por su acción o inacción ante los ataques que está recibiendo el Tribunal Supremo por juzgar a Garzón. El almeriense Juan José Matarí censuró al vicepresidente tercero, Manuel Chaves, por afirmar que las críticas del PP le entraban por uno oído y le salían por el otro, a la vez que reprobó la presencia del secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, en el homenaje a Garzón en el que se criticó al Tribunal Supremo.

CHAVES Y ZARRÍAS, “DOS POR UNO”

“Fue un acto antisistema en que se insultó gravemente al Supremo”, proclamó, acusando a los socialistas de llevar a cabo una campaña “extremista” de agitación pública contra Poder Judicial y de coacción al tribunal que debe juzgar a Garzón. Tras insinuar que Zarrías acudió al acto ordenado por Chaves, aconsejó el cese de ambos: “Lo oportuno es dos por el precio de uno”, dijo.

Y de todo ello responsabilizó a Zapatero, a quien ve “ocupado en reabrir viejas heridas” e “incapaz de asumir el pacto constitucional de 1978”. “Animan a la confrontación y desestabilizan instituciones para esconder su fracaso político y mantenerse en el poder a costa de lo que sea, como hicieron para llegar”, aseveró.

“No he oído una pregunta tan ridícula en todo el tiempo que llevo en el congreso”, replicó el vicepresidente, subrayando que ningún ciudadano tiene que pedir perdón o dimitir de un cargo por ejercer sus derechos: “Recuerde que vivimos en sociedad democrática”.

A su juicio, la única “agitación” es la del PP contra quien investiga indicios de corrupción en su partido. En este sentido,. reiteró su respeto por el Supremo y contrastó su actitud con la reacción del PP hablando de “conspiraciones” cuando se investigan casos en su partido.

“Ustedes atacan a las instituciones democráticas básicas pero el caso Gürtel no es de la Policía, ni de los jueces ni de los fiscales, sino del PP --proclamó--. Para tapar sus escándalos no es de recibo que ustedes atenten contra el honor de determinadas personas. Los que saltan las reglas y son los que meten la mano en la caja y cogen el dinero público, que es de todos”.

TRILLO: COMPLICIDAD CON CALUMNIAS

A renglón seguido, el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, pidió al ministro Francisco Caamaño que instruya al fiscal general del estado para quienes atacan al Tribunal Supremo apelando a la sentencia de 2005 de este tribunal tachando de manifestaciones ultrajantes y claramente atentatorias las palabras de Otegi acusando al Rey de ser el jefe de los torturadores.

“Hablan de libertad de expresión pero en la libertad de expresión no cabe el insulto ni la calumnia, mientras que en el Código Penal están las calumnias graves contra el Supremo”, señaló, recalcando que, si el gobierno no actúa, su comportamiento ya no será tolerancia, sino “complicidad en calumnias”.

Caamaño contestó que el Gobierno respeta la autonomía del Ministerio Fiscal y recordó que la propia Sala de Gobierno del Tribunal Supremo había dejado claro que esos actos en defensa de garzón no interfieren ni en su imparcialidad ni en su independencia, por lo que aconsejó al PP no “sobreactuar”.