La ONU se compromete a ayudar a las autoridades afganas a preservar las fosas comunes en el país
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
La representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Kabul, Norah Niland, manifestó el compromiso de esta organización para ayudar a las autoridades afganas a preservar las fosas comunes existentes en el país y así proteger las pruebas de los crímenes cometidos en las últimas tres décadas de guerra en el país, según informa la agencia de noticias humanitarias de la ONU, IRIN.
"Naciones Unidas está preparada para ayudar a todas las partes, incluidos los grupos de víctimas, para tomar acciones inmediatas y coordinadas para preservar los sitios donde se emplazan las fosas", declaró Niland.
"Como mínimo, las víctimas tienen el derecho a la verdad, y la preservación de las pruebas es un elemento crítico en el conocimiento y la gestión del legado de las atrocidades pasadas", añadió Niland, quien también trabaja como directora de la unidad de Derechos Humanos en la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA).
La ONU ha confirmado que ha sido profanada al menos la fosa común de Dasht e Leili, situada en la provincia de Sheberghan, en el norte del país, donde fueron enterrados a finales de 2001 miles de hombres, presuntamente asociados con los talibán.
Aún no está claro quién se llevó los restos humanos de la fosa de Dasht e Leili, pero muchos acusan al poderoso señor de la guerra uzbeko, Abdul Rashid Dostum, debido a su presunta implicación en la masacre de prisioneros talibán entre 2001 y 2002. Dostum niega todas las acusaciones.
Médicos de la organización defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) han pedido que se realice una investigación inmediata sobre este allanamiento. "Eliminar pruebas sobre una presunta atrocidad masiva es en sí mismo un crimen de guerra y debe ser investigado, esta destrucción supone un duro golpe al esfuerzo de traer la verdad sobre Dasht e Leili", declaró el presidente ejecutivo de esta sección de HRW, Frank Donaghue, en una rueda de prensa.
Durante los últimos cinco años, más de 80 fosas comunes han sido identificadas en todo el país, según la Comisión Independiente para los Derechos Humanos en Afganistán (AIHRC, por sus siglas en inglés). Cientos de miles de personas fueron presuntamente asesinadas y enterradas en tumbas colectivas a manos de diferentes facciones armadas durante años de conflicto.
ELEMENTOS PODEROSOS BLOQUEAN LAS INVESTIGACIONES
Sin embargo, se ha hecho muy poco o ningún esfuerzo para arrojar luz sobre las identidades de las víctimas y sobre los responsables de los crímenes. Un miembro de AIHRC, Zia Langari, declaró a IRIN que "algunas personas poderosas bloquean las investigaciones sobre las fosas comunes, ya que temen que ponga en peligro sus posiciones". La preocupación de Langari la recoge también Niland, que señaló que "hay elementos poderosos que no quieren investigar las fosas comunes".
Algunas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han acusado a algunos ex líderes muyahidines, antiguos miembros del Gobierno comunista, comandantes talibán y de la milicia local --aliados de Estados Unidos a finales de 2001 para expulsar a los talibán y que han mantenido el poder desde entonces-- de crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad, incluida la muerte de prisioneros de guerra y civiles.
La mayor parte de los 4.000 afganos entrevistados por la AIHRC en 2005 sobre cómo tratar las atrocidades que se cometieron en el pasado manifestaron que los criminales de guerra y los violadores de Derechos Humanos tienen que ser castigados. Más del 76 por ciento de los entrevistados aseguraron que llevar a los criminales ante la Justicia ayudaría a estabilizar el país y asegurar una paz duradera.
"Como mínimo, las víctimas tienen el derecho a la verdad, y la preservación de las pruebas es un elemento crítico en el conocimiento y la gestión del legado de las atrocidades pasadas", añadió Niland, quien también trabaja como directora de la unidad de Derechos Humanos en la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA).
La ONU ha confirmado que ha sido profanada al menos la fosa común de Dasht e Leili, situada en la provincia de Sheberghan, en el norte del país, donde fueron enterrados a finales de 2001 miles de hombres, presuntamente asociados con los talibán.
Aún no está claro quién se llevó los restos humanos de la fosa de Dasht e Leili, pero muchos acusan al poderoso señor de la guerra uzbeko, Abdul Rashid Dostum, debido a su presunta implicación en la masacre de prisioneros talibán entre 2001 y 2002. Dostum niega todas las acusaciones.
Médicos de la organización defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) han pedido que se realice una investigación inmediata sobre este allanamiento. "Eliminar pruebas sobre una presunta atrocidad masiva es en sí mismo un crimen de guerra y debe ser investigado, esta destrucción supone un duro golpe al esfuerzo de traer la verdad sobre Dasht e Leili", declaró el presidente ejecutivo de esta sección de HRW, Frank Donaghue, en una rueda de prensa.
Durante los últimos cinco años, más de 80 fosas comunes han sido identificadas en todo el país, según la Comisión Independiente para los Derechos Humanos en Afganistán (AIHRC, por sus siglas en inglés). Cientos de miles de personas fueron presuntamente asesinadas y enterradas en tumbas colectivas a manos de diferentes facciones armadas durante años de conflicto.
ELEMENTOS PODEROSOS BLOQUEAN LAS INVESTIGACIONES
Sin embargo, se ha hecho muy poco o ningún esfuerzo para arrojar luz sobre las identidades de las víctimas y sobre los responsables de los crímenes. Un miembro de AIHRC, Zia Langari, declaró a IRIN que "algunas personas poderosas bloquean las investigaciones sobre las fosas comunes, ya que temen que ponga en peligro sus posiciones". La preocupación de Langari la recoge también Niland, que señaló que "hay elementos poderosos que no quieren investigar las fosas comunes".
Algunas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han acusado a algunos ex líderes muyahidines, antiguos miembros del Gobierno comunista, comandantes talibán y de la milicia local --aliados de Estados Unidos a finales de 2001 para expulsar a los talibán y que han mantenido el poder desde entonces-- de crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad, incluida la muerte de prisioneros de guerra y civiles.
La mayor parte de los 4.000 afganos entrevistados por la AIHRC en 2005 sobre cómo tratar las atrocidades que se cometieron en el pasado manifestaron que los criminales de guerra y los violadores de Derechos Humanos tienen que ser castigados. Más del 76 por ciento de los entrevistados aseguraron que llevar a los criminales ante la Justicia ayudaría a estabilizar el país y asegurar una paz duradera.