La patronal alcarreña desconfía de la eficacia de la nueva Ley de Morosidad
01/10/2010 - 09:45
Por: B.RETUERTA. GUADALAJARA
La norma, que entró ayer en vigor, reduce los plazos de pago a los acreedores
CEOE-Cepyme Guadalajara no confía demasiado en los efectos de la nueva Ley de Morosidad que ya está en vigor y que fija unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas, con un periodo de adaptación en ambos casos que se extenderá hasta 2013.
Vamos a esperar a cómo se desarrolla la ley pero no somos muy optimistas. señala Miguel Cambas, gerente de la patronal alcarreña, quien apunta que ya existen unos plazos marcados que la administración se salta continuamente y no les pasa nada porque son inembargables. En este sentido, Cambas señala que la ley no cuenta con dotación presupuestaria ni especifica sanciones concretas para aquellos que no la cumplan. De dónde va a salir el dinero para que ahora si cumplan, se pregunta este responsable de la patronal alcarreña.
La norma obliga al Gobierno a articular a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) una línea de crédito directo dirigida a ayuntamientos con el fin de que puedan pagar sus deudas con empresas y autónomos. Asimismo, elimina la posibilidad de que las empresas negocien plazos superiores de pago a los fijados por la ley. El periodo transitorio para que las administraciones públicas reduzcan su límite de plazo se extiende hasta 2013, con una escala de 50 días para este año, 50 para 2011, 45 para 2012 y 30 días desde el 1 de enero de 2013.
En el caso de las empresas privadas, y exceptuando el sector de la alimentación y los productos perecederos --que quedarán obligados a pagar en 30 días en todos los casos-- el período transitorio también se extiende hasta 2013, de forma que desde la entrada en vigor de la ley y a lo largo de 2011 el plazo será de 85 días, de 75 en 2012 y de 60 días ya a partir del siguiente año. Además, establece que las empresas informen en su memoria de cuentas anuales sobre los plazos en los que abonan las facturas a sus proveedores. La nueva norma persigue equiparar los plazos de pago con los que se registran en otros países de Europa y aumentar así la competitividad de las empresas españolas, ya que en la actualidad, la Administración tiene pendientes de pago con las empresas por un monto total de 38.000 millones de euros, mientras que, de su lado, la deuda de las empresas con sus proveedores se sitúa en 60.000 millones de euros.
La norma obliga al Gobierno a articular a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) una línea de crédito directo dirigida a ayuntamientos con el fin de que puedan pagar sus deudas con empresas y autónomos. Asimismo, elimina la posibilidad de que las empresas negocien plazos superiores de pago a los fijados por la ley. El periodo transitorio para que las administraciones públicas reduzcan su límite de plazo se extiende hasta 2013, con una escala de 50 días para este año, 50 para 2011, 45 para 2012 y 30 días desde el 1 de enero de 2013.
En el caso de las empresas privadas, y exceptuando el sector de la alimentación y los productos perecederos --que quedarán obligados a pagar en 30 días en todos los casos-- el período transitorio también se extiende hasta 2013, de forma que desde la entrada en vigor de la ley y a lo largo de 2011 el plazo será de 85 días, de 75 en 2012 y de 60 días ya a partir del siguiente año. Además, establece que las empresas informen en su memoria de cuentas anuales sobre los plazos en los que abonan las facturas a sus proveedores. La nueva norma persigue equiparar los plazos de pago con los que se registran en otros países de Europa y aumentar así la competitividad de las empresas españolas, ya que en la actualidad, la Administración tiene pendientes de pago con las empresas por un monto total de 38.000 millones de euros, mientras que, de su lado, la deuda de las empresas con sus proveedores se sitúa en 60.000 millones de euros.