La Plataforma Educa en Libertad no comparte la opinión del fiscal sobre EpC
01/10/2010 - 09:45
El colectivo de Profesionales por la Ética ha expresado su sorpresa y ha valorado negativamente las instrucciones dadas a los fiscales de la región por el fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, para que se opongan a las objeciones de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC). En un comunicado, la abogada de la Plataforma Guadalajara Educa en Libertad, Maite Gálvez, indica que cuesta entender que desde la fiscalía se imponga taxativamente un criterio único, uniforme y restrictivo en una cuestión en la que hay motivos sobrados para sostener que los padres objetores estamos ejerciendo derechos constitucionales.
Hasta ahora, según Profesionales por la Ética, al menos los fiscales de lo contencioso administrativo de Albacete y Toledo se habían mostrado conformes o al menos no se habían opuesto a la concesión de medidas cautelares a favor de los alumnos objetores y recuerdan los 122 fallos favorables a los objetores dictados en las comunidades de Andalucía, Aragón, La Rioja, Extremadura y la propia Castilla-La Mancha.
controversia es evidente que el Gobierno se ha equivocado al querer imponer una asignatura que entra en conflicto con la libertad de conciencia y el derecho de los padres a la educación de sus hijos.
Por su parte, el responsable de los Servicios Jurídicos de Profesionales por la Ética, José Luis Bazán, ha valorado también negativamente la instrucción del fiscal superior de la región al entenderla poco prudente.
Y ello, porque están en cuestión derechos fundamentales de los ciudadanos, a los que la Constitución otorga la máxima protección, vinculando a todos los poderes públicos, agrega el abogado del colectivo.
controversia es evidente que el Gobierno se ha equivocado al querer imponer una asignatura que entra en conflicto con la libertad de conciencia y el derecho de los padres a la educación de sus hijos.
Por su parte, el responsable de los Servicios Jurídicos de Profesionales por la Ética, José Luis Bazán, ha valorado también negativamente la instrucción del fiscal superior de la región al entenderla poco prudente.
Y ello, porque están en cuestión derechos fundamentales de los ciudadanos, a los que la Constitución otorga la máxima protección, vinculando a todos los poderes públicos, agrega el abogado del colectivo.