La policía desmantela la mayor red de piratería de España
01/10/2010 - 09:45
Por: TOMÁS GARCÍA YEBRA. COLPISA
Más de 155.000 soportes digitales, 20 torres politostadoras (duplicadoras a gran escala) y 240 grabadoras que vomitaban unas 80.000 unidades al día. Este es el material generaba unas ganancias diarias de 240.000 euros- que se ha incautado la policía tras desarticular a un grupo organizado de ciudadanos chinos en la operación más importante contra la piratería audiovisual.
Después de más de tres meses de investigación se ha logrado detener a los seis integrantes de este clan mafioso, cinco hombres y una mujer, además de localizar los tres almacenes que los delincuentes poseían en Leganés y un centro de duplicación y montaje ubicado en Arganda del Rey, precisó el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.
Entre los efectos intervenidos se encuentran más de 155.000 soportes digitales, de los cuales 80.000 estaban grabados (contenidos videográficos y musicales). Todo este material abastecía a manteros de toda la geografía española . Algunas de las películas pirateadas todavía no han sido estrenadas, señaló Camacho, quien felicitó a la Policía Nacional por el buen trabajo desarrollado y les instó a seguir por el camino de la tolerancia mínima en este tipo de delitos.
La defraudación de la propiedad intelectual, según el secretario de Estado de Seguridad, afecta al desarrollo cultural de nuestro país, pues genera explotación, supone importantes pérdidas económicas y daña el empleo legal de miles de ciudadanos que viven en nuestro territorio. La piratería, argumentó Camacho, es una fábrica de matar ideas.
La operación, denominada Ave, fue realizada por el Grupo de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial de la UDEV-Central, perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial, en colaboración con la Brigada de Policía Judicial de Madrid.
El ministro de Cultura, César Antonio Molina, señaló que la propiedad intelectual es, en nuestro país, una exigencia jurídica derivada del reconocimiento constitucional. Molina, que se trasladó hasta las dependencias de la Comisaría General de la Policía Judicial para comparecer ante los medios de comunicación, dijo que la creación intelectual constituye uno de los mayores activos en la era de la información y el conocimiento, por lo que su defensa resulta esencial para el desarrollo identitario del país.
Un juez y un chip
La vulneración de los legítimos derechos de los creadores supone un fraude a la sociedad en su conjunto, expuso Molina, quien recordó que este sector genera un 4% de la riqueza nacional. El ministro apeló al pacto antipiratería aprobado en 2005 como el mejor marco para seguir luchando contra unas mafias que deterioran gravemente nuestro tejido cultural y económico.
A pesar del optimismo mostrado por Camacho y Molina, este martes un juez de Valencia dio la razón a una empresa que vendía consolas PlayStation a las que había incorporado un chip que permite reproducir videojuegos ilegales. Esta sentencia echa por tierra gran parte de los esfuerzos contra la piratería en el sector, se lamentó Carlos Iglesias, secretario general de la Asociación Española de Editores y Distribuidores de Software de Entretenimiento (aDeSe), sociedad de gestión que defiende los intereses de las compañías de videojuegos. Según el artículo 270.3 del Código Penal está prohibido modificar una videoconsola, pero la Audiencia Provincial de Valencia ha interpretado que la incorporación de ese intruso chip no es delito, apostilló.
Dicho chip es un uso bastante extendido dentro del mundo de los videojuegos, ya que de esta manera el aparato puede reproducir los juegos que han sido grabados sin tener la necesidad de comprar los oficiales de Play Station, ahorrandose así el consumidor cientos de euros.
Entre los efectos intervenidos se encuentran más de 155.000 soportes digitales, de los cuales 80.000 estaban grabados (contenidos videográficos y musicales). Todo este material abastecía a manteros de toda la geografía española . Algunas de las películas pirateadas todavía no han sido estrenadas, señaló Camacho, quien felicitó a la Policía Nacional por el buen trabajo desarrollado y les instó a seguir por el camino de la tolerancia mínima en este tipo de delitos.
La defraudación de la propiedad intelectual, según el secretario de Estado de Seguridad, afecta al desarrollo cultural de nuestro país, pues genera explotación, supone importantes pérdidas económicas y daña el empleo legal de miles de ciudadanos que viven en nuestro territorio. La piratería, argumentó Camacho, es una fábrica de matar ideas.
La operación, denominada Ave, fue realizada por el Grupo de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial de la UDEV-Central, perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial, en colaboración con la Brigada de Policía Judicial de Madrid.
El ministro de Cultura, César Antonio Molina, señaló que la propiedad intelectual es, en nuestro país, una exigencia jurídica derivada del reconocimiento constitucional. Molina, que se trasladó hasta las dependencias de la Comisaría General de la Policía Judicial para comparecer ante los medios de comunicación, dijo que la creación intelectual constituye uno de los mayores activos en la era de la información y el conocimiento, por lo que su defensa resulta esencial para el desarrollo identitario del país.
Un juez y un chip
La vulneración de los legítimos derechos de los creadores supone un fraude a la sociedad en su conjunto, expuso Molina, quien recordó que este sector genera un 4% de la riqueza nacional. El ministro apeló al pacto antipiratería aprobado en 2005 como el mejor marco para seguir luchando contra unas mafias que deterioran gravemente nuestro tejido cultural y económico.
A pesar del optimismo mostrado por Camacho y Molina, este martes un juez de Valencia dio la razón a una empresa que vendía consolas PlayStation a las que había incorporado un chip que permite reproducir videojuegos ilegales. Esta sentencia echa por tierra gran parte de los esfuerzos contra la piratería en el sector, se lamentó Carlos Iglesias, secretario general de la Asociación Española de Editores y Distribuidores de Software de Entretenimiento (aDeSe), sociedad de gestión que defiende los intereses de las compañías de videojuegos. Según el artículo 270.3 del Código Penal está prohibido modificar una videoconsola, pero la Audiencia Provincial de Valencia ha interpretado que la incorporación de ese intruso chip no es delito, apostilló.
Dicho chip es un uso bastante extendido dentro del mundo de los videojuegos, ya que de esta manera el aparato puede reproducir los juegos que han sido grabados sin tener la necesidad de comprar los oficiales de Play Station, ahorrandose así el consumidor cientos de euros.