La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordena a Pedraz levantar el secreto del sumario
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
Critica la falta de fundamento y la prolongada duración de esta medida
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó este miércoles al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que levante el secreto del sumario de la operación Pretoria, en la que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística que se habría desarrollado en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.
En el auto, el tribunal estima que de la documentación intervenida en esta causa se advierte no sólo la prolongada duración del secreto de la investigación judicial, que fue instruida hasta el viernes pasado por Baltasar Garzón, sino la falta de su fundamento eficaz tanto a instancia del Ministerio Fiscal como del instructor de la causa.
A estas circunstancias hay que añadir la comprobación del carácter público de la investigación judicial desplegada y la inexistencia del peligro de su destrucción, por todo lo cual el mantenimiento del secreto de sumario carece de cobertura legal.
El tribunal, formado por los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel, adoptó esta decisión de admitir un recurso de apelación presentado por la defensa del principal acusado, el ex diputado del PSC Luis García, Luigi, contra un auto dictado por el juez Baltasar Garzón el 4 de diciembre de 2009 mediante el que prorrogó por primera vez el secreto de las actuaciones. A él se adhirieron las representaciones del ex alcalde se Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, el ex concejal de Urbanismo de este municipio Manuel Dobarco y el administrados de la empresa Niesma Corporació, Manuel Valera.
Situación incomprensible
En su recurso, la defensa de Luis García defendía que el mantenimiento del secreto de estas actuaciones resulta incomprensible si se tiene en cuenta que la documentación obrante es de índole pública no vulnerable a ser manipulada y, por tanto, sin razón legal que justifique la permanencia del secreto acordado. Pedraz se ha hecho cargo de esta investigación en sustitución de Baltasar Garzón. En la operación Pretoria se encuentran imputadas veinte personas, todas las cuales se encuentran en libertad. El presunto cabecilla de la trama, Luis García, salió de prisión el pasado 12 de abril, donde ingresó a finales de octubre. Garzón le dejó en libertad al considerar que no existía riesgo de fuga ni la posibilidad de destrucción de pruebas o documentos, motivos por los cuales fue privado de libertad de forma preventiva. García esta imputado por los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y falsedad documental. Según explicaba Garzón en el auto por el que ordenó su ingreso en prisión, en todos los casos los ayuntamientos afectados aprobaban un proyecto urbanístico adjudicatario a una empresa del entorno de García, quien gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en estas localidades y a sus relaciones con empresarios interesados favorecía la tramitación y la consumación del negocio, repartiendo en forma ilícita cantidades pagadas por los últimos.
El ex diputado de PSC habría cobrado al menos 8,02 millones de euros por las operaciones en los tres municipios investigados. Era, según Garzón, uno de los máximos responsables de la trama y pos sus actividades de intermediación y de influencia sobre el alcalde de Santa Coloma, se erigió en una especia de consejero que decide e imparte las decisiones de dicha institución.
En la trama también están imputados el ex alcalde de Santa Coloma de Bartomeu Muñoz (PSC) en libertad bajo fianza de 500.000 euros y otras 18 personas entre las que cabe destacar los ex altos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, en libertad bajo 200.000 euros.
A estas circunstancias hay que añadir la comprobación del carácter público de la investigación judicial desplegada y la inexistencia del peligro de su destrucción, por todo lo cual el mantenimiento del secreto de sumario carece de cobertura legal.
El tribunal, formado por los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel, adoptó esta decisión de admitir un recurso de apelación presentado por la defensa del principal acusado, el ex diputado del PSC Luis García, Luigi, contra un auto dictado por el juez Baltasar Garzón el 4 de diciembre de 2009 mediante el que prorrogó por primera vez el secreto de las actuaciones. A él se adhirieron las representaciones del ex alcalde se Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, el ex concejal de Urbanismo de este municipio Manuel Dobarco y el administrados de la empresa Niesma Corporació, Manuel Valera.
Situación incomprensible
En su recurso, la defensa de Luis García defendía que el mantenimiento del secreto de estas actuaciones resulta incomprensible si se tiene en cuenta que la documentación obrante es de índole pública no vulnerable a ser manipulada y, por tanto, sin razón legal que justifique la permanencia del secreto acordado. Pedraz se ha hecho cargo de esta investigación en sustitución de Baltasar Garzón. En la operación Pretoria se encuentran imputadas veinte personas, todas las cuales se encuentran en libertad. El presunto cabecilla de la trama, Luis García, salió de prisión el pasado 12 de abril, donde ingresó a finales de octubre. Garzón le dejó en libertad al considerar que no existía riesgo de fuga ni la posibilidad de destrucción de pruebas o documentos, motivos por los cuales fue privado de libertad de forma preventiva. García esta imputado por los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y falsedad documental. Según explicaba Garzón en el auto por el que ordenó su ingreso en prisión, en todos los casos los ayuntamientos afectados aprobaban un proyecto urbanístico adjudicatario a una empresa del entorno de García, quien gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en estas localidades y a sus relaciones con empresarios interesados favorecía la tramitación y la consumación del negocio, repartiendo en forma ilícita cantidades pagadas por los últimos.
El ex diputado de PSC habría cobrado al menos 8,02 millones de euros por las operaciones en los tres municipios investigados. Era, según Garzón, uno de los máximos responsables de la trama y pos sus actividades de intermediación y de influencia sobre el alcalde de Santa Coloma, se erigió en una especia de consejero que decide e imparte las decisiones de dicha institución.
En la trama también están imputados el ex alcalde de Santa Coloma de Bartomeu Muñoz (PSC) en libertad bajo fianza de 500.000 euros y otras 18 personas entre las que cabe destacar los ex altos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, en libertad bajo 200.000 euros.