Las 11 familias de las víctimas del incendio han solicitado la indemnización de la Junta
11/10/2013 - 13:09
Las 11 familias de las víctimas del incendio de Riba de Saelices de 2005 han solicitado las indemnizaciones aprobadas por el Gobierno regional en la Ley de Compensación aprobada el pasado 9 de mayo, considerada ley singular o de Caso Único teniendo en cuenta la excepcionalidad y singularidad de las circunstancias concurrentes.
Así lo ha confirmado la Delegación de la Junta en Guadalajara, que ha señalado además que la tramitación se encuentra ya en el departamento de Tesorería para proceder a su pago. Estas indemnizaciones sociales se han tramitado a través de la Consejería de Agricultura, tal y como se establecía en la resolución. Pues es ésta la que debía verificar la condición de beneficiarios de los solicitantes antes de elevar al titular la propuesta de resolución. Asimismo se establecía que la Consejería de Hacienda habilitaría los recursos necesarios para la ejecución de la ley.
Para acceder a estas indemnizaciones, además, los solicitantes han tenido que renunciar a todo tipo de reclamaciones a la Junta derivadas de dicho incendio, a excepción de las acciones en los juzgados y tribunales.
La Ley de Compensación entró en vigor el 16 de mayo. A partir de entonces se abrió un periodo de cuatro meses para que las familias solicitaran esta compensación, como herederos forzosos de las 11 víctimas del retén de Cogolludo: Julio Ramos, Jorge Martínez, Alberto Cemillán, Jesús Ángel Jubrías, Manuel Manteca, Sergio Casado, Luis Solano, Mercedes Vives, José Ródenas, Pedro Almansilla y Marcos Martínez.
El importe variará en función del grado de parentesco. Para los progenitores con convivencia se han fijado 93.943 euros, y sin convivencia 68.322; para los hijos menores 42.701 y para los viudos 102.483 euros. Estas cifras, además, se incrementarán en un 10 por ciento correspondiente al factor de correción por los ingresos que han dejado de percibir las familias, ya que las víctimas se encontraban en edad laboral. Esta Ley se aprobó dos meses antes del octavo aniversario de este fatídico suceso con el fin, según consta en la exposición de motivos, de reconocer la lucha incansable de la Asociación de familiares, honrar la memoria de las víctimas y paliar los las consecuencias prácticas de quienes quedaron huérfanos, viudos o perdieron a sus hijos. Además, se deja claro que se trata de atender las necesidades de un caso inusitado y sin precedentes.
Así lo ha confirmado la Delegación de la Junta en Guadalajara, que ha señalado además que la tramitación se encuentra ya en el departamento de Tesorería para proceder a su pago. Estas indemnizaciones sociales se han tramitado a través de la Consejería de Agricultura, tal y como se establecía en la resolución. Pues es ésta la que debía verificar la condición de beneficiarios de los solicitantes antes de elevar al titular la propuesta de resolución. Asimismo se establecía que la Consejería de Hacienda habilitaría los recursos necesarios para la ejecución de la ley.
Para acceder a estas indemnizaciones, además, los solicitantes han tenido que renunciar a todo tipo de reclamaciones a la Junta derivadas de dicho incendio, a excepción de las acciones en los juzgados y tribunales.
La Ley de Compensación entró en vigor el 16 de mayo. A partir de entonces se abrió un periodo de cuatro meses para que las familias solicitaran esta compensación, como herederos forzosos de las 11 víctimas del retén de Cogolludo: Julio Ramos, Jorge Martínez, Alberto Cemillán, Jesús Ángel Jubrías, Manuel Manteca, Sergio Casado, Luis Solano, Mercedes Vives, José Ródenas, Pedro Almansilla y Marcos Martínez.
El importe variará en función del grado de parentesco. Para los progenitores con convivencia se han fijado 93.943 euros, y sin convivencia 68.322; para los hijos menores 42.701 y para los viudos 102.483 euros. Estas cifras, además, se incrementarán en un 10 por ciento correspondiente al factor de correción por los ingresos que han dejado de percibir las familias, ya que las víctimas se encontraban en edad laboral. Esta Ley se aprobó dos meses antes del octavo aniversario de este fatídico suceso con el fin, según consta en la exposición de motivos, de reconocer la lucha incansable de la Asociación de familiares, honrar la memoria de las víctimas y paliar los las consecuencias prácticas de quienes quedaron huérfanos, viudos o perdieron a sus hijos. Además, se deja claro que se trata de atender las necesidades de un caso inusitado y sin precedentes.