Las caceroladas vecinales consiguen desalojar dos casas ocupadas en El Casar
El Ayuntamiento intenta atajar el problema impidiendo el empadronamiento de los okupas.
La ocupación ilegal de viviendas es un problema demasiado generalizado en nuestro país, con propietarios impotentes por culpa de una normativa demasiado rígida. Donde los vecinos han decidido salir a la calle y decir basta es en El Casar. Allí, en la urbanización El Coto se llevan produciendo desde hace semanas concentraciones a golpe de cacerola a las puertas de las viviendas ocupadas de forma ilegal. Estas protestas han llamado la atención de medios de comunicación nacionales por haber conseguido en alguna ocasión echar a los okupas, la mayoría de las veces colocados en las viviendas por mafias, según denuncian los vecinos.
La alcaldesa de El Casar, María José Valle, confirma que al menos se ha conseguido echar a los okupas de dos viviendas “gracias a la caceroladas”. Reconoce que el mayor problema se concentra en El Coto, pero que este fenómeno también se encuentra en otros puntos del municipio.
“La solución es que cambiara la ley, porque ahora mismo casi que favorece más a los okupas que a los propietarios de las viviendas”, lamenta la regidora. No obstante, subraya que desde el Ayuntamiento de El Casar se trata de poner todo tipo de medios para evitar asentamiento de okupas en el municipio. “En primer lugar se impide el empadronamiento de estas personas, y también evitamos conectarles a la red municipal de agua”. Esto, sin embargo, no quita que los okupas se enganchen de forma ilegal a las redes hidráulicas y de luz.
En estos momentos, en El Casar residen 13.000 vecinos de forma oficial, es decir, con el empadronamiento en el municipio. El problema es que el Ayuntamiento cifra en 22.000 el número real de residentes. Esto hace que los 12 agentes de Policía Local que tengan sean claramente insuficientes. “Nos gustaría ampliar la plantilla, pero económicamente no se puede”, reconoce la regidora.
Pese a todo, desde el Ayuntamiento se busca tranquilizar a los vecinos para que no se sientan inseguros en sus propias viviendas. Hace unas semanas, todos los grupos políticos municipales firmaron un manifiesto conjunto en el que condenaron la ocupación de viviendas en el municipio y solicitaron “una solución legislativa urgente”, al tiempo de que avisaron de la “situación de crispación creciente” por esta problemática.
En el manifiesto, todos los partidos muestran su “absoluta y rotunda repulsa a este tipo de actos, tanto por ser ilegales como por atentar a la pacífica convivencia”.