Las cadenas de supermercados reducen precios para que el consumidor no sufra más la crisis
01/10/2010 - 09:45
El director general de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), Aurelio del Pino, afirmó ayer que, a pesar de la crisis, el sector de la distribución intenta que el consumidor resulte lo menos resentido posible y busca una mayor eficiencia empresarial que permita la reducción de precios. Del Pino manifestó que la situación económica actual está suponiendo un reto para todos los empresarios, tanto en las cadenas de supermercados, como para el resto del comercio.
Aurelio del Pino ha asegura que parte de la responsabilidad empresarial es tratar de que el consumidor, a pesar de la crisis, se vea lo menos resentido en su bolsillo; y para eso las empresas de supermercados tratan de adaptar los surtidos, de buscar una mayor eficiencia empresarial que permita la reducción de precios.
Con estas medidas, esperan que el cliente, a partir de este tipo de desarrollo empresariales pueda seguir teniendo unas condiciones adecuadas y animar a los consumidores a que no pierdan calidad de vida como consecuencia de la crisis.
Del Pino ofreció ayer en Córdoba una conferencia sobre la Directiva de Servicios del Mercado Interior, que se aprobó en diciembre de 2006 y tiene que estar incorporada al Derecho español en diciembre de 2009. Según explicó, esta directiva establece que la regulación administrativa en materia de servicios tiene que respetar los principios de libertad de establecimiento que aparecen recogidos en el Tratado de la Unión Europea y por tanto no se puede establecer ninguna limitación a la libertad de empresa, a no ser que concurran unas razones muy importantes de interés general.
Algunas de ellas son por ejemplo la defensa de la seguridad pública, de la salud de los consumidores o la planificación del medio ambiente y territorial urbana, entre otras. No obstante, aclaró que aún existiendo esas razones, la directiva dice que las administraciones públicas tienen que reducir las cargas administrativas innecesarias, hace falta simplificar la regulación y agilizar el procedimiento para la concesión de las licencias.
Ese es el reto que tienen desde el punto de vista empresarial para plantearle a la administración autonómica y local para que facilite la gestión empresarial. Informó además de que esta regulación prohíbe que en ningún caso puede haber un sistema de autorizaciones sobre la base de una planificación económica, es decir la administración no puede planificar económicamente los sectores.
Por tanto, esto supone que todas las normas que existen en las que las licencias comerciales se dan en función de cuál puede ser la demanda previsible o cuál puede ser el enfoque empresarial de la empresa, eso ya no se puede mantener y hace falta derogarlo.
La nueva directiva implica además la presencia de las asociaciones de empresarios en los órganos que autorizan las licencias comerciales, por lo que en el caso de Andalucía, aclaró que la Comisión Asesora de Comercio Interior (CACI), ya no va a poder decidir sobre las licencias que se dan.
Con estas medidas, esperan que el cliente, a partir de este tipo de desarrollo empresariales pueda seguir teniendo unas condiciones adecuadas y animar a los consumidores a que no pierdan calidad de vida como consecuencia de la crisis.
Del Pino ofreció ayer en Córdoba una conferencia sobre la Directiva de Servicios del Mercado Interior, que se aprobó en diciembre de 2006 y tiene que estar incorporada al Derecho español en diciembre de 2009. Según explicó, esta directiva establece que la regulación administrativa en materia de servicios tiene que respetar los principios de libertad de establecimiento que aparecen recogidos en el Tratado de la Unión Europea y por tanto no se puede establecer ninguna limitación a la libertad de empresa, a no ser que concurran unas razones muy importantes de interés general.
Algunas de ellas son por ejemplo la defensa de la seguridad pública, de la salud de los consumidores o la planificación del medio ambiente y territorial urbana, entre otras. No obstante, aclaró que aún existiendo esas razones, la directiva dice que las administraciones públicas tienen que reducir las cargas administrativas innecesarias, hace falta simplificar la regulación y agilizar el procedimiento para la concesión de las licencias.
Ese es el reto que tienen desde el punto de vista empresarial para plantearle a la administración autonómica y local para que facilite la gestión empresarial. Informó además de que esta regulación prohíbe que en ningún caso puede haber un sistema de autorizaciones sobre la base de una planificación económica, es decir la administración no puede planificar económicamente los sectores.
Por tanto, esto supone que todas las normas que existen en las que las licencias comerciales se dan en función de cuál puede ser la demanda previsible o cuál puede ser el enfoque empresarial de la empresa, eso ya no se puede mantener y hace falta derogarlo.
La nueva directiva implica además la presencia de las asociaciones de empresarios en los órganos que autorizan las licencias comerciales, por lo que en el caso de Andalucía, aclaró que la Comisión Asesora de Comercio Interior (CACI), ya no va a poder decidir sobre las licencias que se dan.
