Las Cortes aprueban la supresión de la Sindicatura de Cuentas

recordó que, cuando la presidenta Cospedal llegó al Gobierno, “partimos de una situación complicada, teniendo que hacer frente a una deuda de 10.800 millones de euros, con 600.000 facturas en los cajones y más de 3.800 millones de déficit”. Además, continuó diciendo que “nos encontramos con una Administración sobredimensionada, que había crecido notablemente por encima de sus necesidades y cuyo tamaño nos estaba causando graves perjuicios”. Según el diputado regional, la administración que dejó el PSOE era “opaca y poco accesible, contaba con procedimientos de gestión no informatizados, con trámites con plazos excesivos y, como regla general, con silencio administrativo negativo; siendo una administración en la que se exigían trámites innecesarios a la hora de implantar una empresa”. Por tanto, “teníamos una administración que se erigía ante los ciudadanos y ante los emprendedores como un muro, a menudo insalvable, y siempre distante y poco transparente”. Por todo lo anterior, la primera medida adoptada por el Gobierno de la presidenta Cospedal fue el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, con el único fin de anteponer a cualquier otra cuestión el bienestar de los ciudadanos y sentar las bases que aseguraran la prestación de una Sanidad, una Educación y unos Servicios Sociales Básicos de calidad, universales y gratuitos para todos. También, desde el principio, el Gobierno puso en marcha medidas con el objetivo de “racionalizar” la Administración regional con criterios de eficiencia y eficacia en el gasto, sin que esto supusiera en ningún momento una reducción ni el número de servicios prestados, ni una merma en la calidad de los mismos. Tortosa expuso que, con el fin de poner orden en las cuentas públicas, controlar el endeudamiento, reducir el déficit y apoyar e incentivar el emprendimiento, han ido viendo la luz medidas tales como la Ley de Emprendedores, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Ley de Medidas Tributarias, así como los mecanismos de Pago a Proveedores. Además, el Gobierno regional ha emprendido reformas que han afectado a la estructura del propio Gobierno, reduciendo a la mitad el número de altos cargos, el personal eventual de confianza, los conductores y secretarias de altos cargos y llevando a cabo la supresión del complemento vitalicio de los exaltos cargos. El presupuesto destinado a la Sindicatura de Cuentas es de 1,6 millones de euros anuales; “recursos que se podrán destinar a materia sanitaria, educativa o de servicios sociales, algo que realmente repercute en el bienestar de los ciudadanos”. Sus funciones serán asumidas por el Tribunal de Cuentas, que es el máximo órgano fiscalizador.