Las Cortes regionales arpueban la Ley de Promoción de la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Las Cortes Regionales aprobaron esta semana por unanimidad la Ley de Promoción de la Seguridad y la Salud en el Trabajo en Castilla-La Mancha, elaborada por el Gobierno de José María Barreda junto a todo el tejido social relacionado con esta materia, y que se recoge en el Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales.
De esta forma, el Ejecutivo regional cumple con el compromiso adquirido por el presidente Barreda en el Debate sobre el Estado de la Región del pasado año de aprobar esta norma, que es “respetuosa con el marco constitucional”, y es “novedosa y vanguardista en nuestro país”, según manifestó la consejera de Empleo, Igualdad y Juventud, María Luz Rodríguez, durante su comparecencia en el Parlamento autonómico.
Rodríguez señaló que se trata de una Ley “ambiciosa, de enorme trascendencia social y humana, además de reclamada por la realidad laboral castellano manchega”.
La responsable de Empleo, Igualdad y Juventud indicó que, mediante esta Ley, “pretendemos promover y respaldar el establecimiento de una cultura de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo, desde las diferentes perspectivas posibles y no sólo desde el ámbito del mundo del trabajo”.
En este sentido, apuntó que “sabemos que crear y mantener una cultura de prevención en esta materia exige un alto grado de compromiso político sobre la importancia de la seguridad y la salud en el trabajo”.
“Un compromiso que para el Gobierno de José María Barreda ha ocupado un lugar prioritario en la agenda política, a pesar de la situación crisis económica”, añadió la consejera, “de forma que no hemos bajado la guardia en las políticas de fomento de lucha contra la siniestralidad laboral, redoblando los esfuerzos, a través del Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales”.
Así, este Acuerdo “está prácticamente desarrollado en su totalidad y está permitiendo que, con el trabajo de todos, en Castilla-La Mancha hayamos invertido la tendencia de la siniestralidad”.
A este respecto, María Luz Rodríguez recordó que “hemos rebajado justo a la mitad la tasa de accidentalidad, hasta la más baja de la historia, y hemos rebajado prácticamente a la mitad los accidentes de trabajo evitando más de 11.000 accidentes”.
Estos resultados se basan en el “intenso trabajo realizado en los programas de control, vigilancia y asesoramiento a empresas; al refuerzo producido en las plantillas de inspectores y subinspectores de Trabajo en Castilla-La Mancha y al incremento de las líneas de fomento de la Prevención de Riesgos Laborales que han permitido que más de 1.500 empresas, autónomos o entidades locales puedan invertir en seguridad y salud laboral por medio de un esfuerzo económico que supera los 7 millones de euros”.
Principales líneas de la Ley
La titular de Empleo, Igualdad y Juventud repasó los principales aspectos de la Ley que cuenta con puntos novedosos como las ayudas económicas a las familias de víctimas de accidentes de trabajo, que podrán destinarse a gastos para llevar a cabo un proceso de recualificación profesional o rehabilitación del trabajador, así como para compensar la merma económica que se produzca en los ingresos familiares.
Además, mediante la Ley se da rango legislativo a la asistencia psicológica de las víctimas, así como orientación jurídica para su defensa judicial frente a las consecuencias del accidente de trabajo.
Aparte del apoyo a las víctimas, remarcó el esfuerzo en materia educativa “para que la prevención de riesgos laborales esté interiorizada por los trabajadores y los empresarios del futuro”, ya que la Ley regulará medidas dirigidas a la incorporación de objetivos y contenidos relativos a la prevención de riesgos laborales en todos los niveles del sistema educativo.
Asimismo, dispondrá medidas dirigidas a incentivar la adopción de comportamientos preventivos por quienes pretendan acceder a subvenciones públicas o participar en la contratación administrativa. Del mismo modo, resaltó que será necesario tener un plan de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas y no haber sido sancionadas por incumplimientos graves o muy graves de la normativa en esta materia.
Además, tendrán que informar, para acreditar su solvencia, sobre los recursos materiales y humanos en relación con los riesgos laborales, de forma que aquellas empresas más sensibles en materia preventiva o que incluso desarrollen acciones de responsabilidad social relacionadas con la misma “tendrán prioridad para la contratación y concesión de subvenciones”.