Las medidas judiciales o administrativas afectan a 1,8 menores de cada 100
01/10/2010 - 09:45
Por: BEATRIZ PARIENTE
La Ley de Responsabilidad del Menor les protege a ellos y a los perjudicados
El Hotel Tryp acogió ayer unas jornadas sobre la aplicación en Castilla-La Mancha de la Ley de Responsabilidad del Menor, una normativa muy avanzada que pretende proteger a los menores y, al mismo tiempo, garantizar que si cometen actos constitutivos de delito, sean ajusticiados o reparen el daño a la parte perjudicada.
El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa la coordinación con jueces, fiscales y secretarios judiciales de la región en todas aquellas actuaciones relacionadas con menores sujetos a alguna medida administrativa o de carácter judicial, que también se recoge en la mencionada Ley.
El director general de Familia, Hugo Muñoz, así como el el delegado provincial de Salud y Bienestar Social, Juan Pablo Martínez, presidieron las jornadas institucionales dirigidas a los profesionales que trabajan en la aplicación de la normativa. Muñoz aprovechó la ocasión para señalar que este tipo de encuentros pretenden reforzar la coordinación entre instituciones para mejorar en todos aquellos asuntos que afecten a los menores. El presidente Barreda siempre ha tenido todos los asuntos que afectan a los menores como una de las prioridades de su Gobierno, de ahí la importancia de reuniones como ésta, en la que se coordinan actuaciones y se informa de las principales incidencias detectadas en el primer semestre del año. Entre estos datos se encuentran las intervenciones relacionadas con 1.512 menores, de las cuales 760 contaron con alguna medida de carácter administrativo tales como seguimiento educativo, mediación o programa extrajudicial de conciliación y reparación del daño y 752, de carácter judicial libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad e internamiento.
En el caso de Guadalajara, durante los seis primeros meses del año se ha atendido a 142 menores, con respuestas judiciales y extranjudiciales en proporción del 50 por ciento.
En virtud de estos datos, los menores con alguna medida judicial o administrativa en Castilla-La Mancha supone una tasa del 1,8 por ciento de la población castellano-manchega comprendida entre los 14 y 18 años, un porcentaje inferior a otras comunidades autónomas como Cataluña o Madrid.
El director general también hizo hincapié en un estudio que recoge la alta reinserción social de los menores que han estado sometidos a alguna medida judicial o administrativa. El 81,2 por ciento de los menores con alguna medida judicial no vuelve a cometer ningún delito o falta y el 91,5 por ciento de los que cumplieron medidas de carácter administrativo tampoco reincidió en su conducta. Estas cifras fueron interpretadas de manera positiva por el director general.
Una completa red de recursos
Durante la reunión, el director general de Familia expuso algunos de los nuevos programas que se están poniendo en marcha en la región dirigidos a menores que se encuentran en situación de riesgo, como el programa Arranca, o que hayan sufrido abusos sexuales, como el programa Revelar.
Además, la región posee centros de día de familia y adolescencia, programas de violencia intrafamiliar y mediación, intervención y orientación y dispositivos de acogimiento familiar y residencial. Además, se ha constituido en cada provincia y en el ámbito regional una comisión de coordinación de protección de menores como órgano de asesoramiento del Gobierno de Castilla-La Mancha en todas aquellas actuaciones relacionadas con la prevención de situaciones de riesgo y desamparo de los menores y de sus familias.
y en materia de protección de menores en que sea necesaria la participación de distintos órganos.
El director general de Familia, Hugo Muñoz, así como el el delegado provincial de Salud y Bienestar Social, Juan Pablo Martínez, presidieron las jornadas institucionales dirigidas a los profesionales que trabajan en la aplicación de la normativa. Muñoz aprovechó la ocasión para señalar que este tipo de encuentros pretenden reforzar la coordinación entre instituciones para mejorar en todos aquellos asuntos que afecten a los menores. El presidente Barreda siempre ha tenido todos los asuntos que afectan a los menores como una de las prioridades de su Gobierno, de ahí la importancia de reuniones como ésta, en la que se coordinan actuaciones y se informa de las principales incidencias detectadas en el primer semestre del año. Entre estos datos se encuentran las intervenciones relacionadas con 1.512 menores, de las cuales 760 contaron con alguna medida de carácter administrativo tales como seguimiento educativo, mediación o programa extrajudicial de conciliación y reparación del daño y 752, de carácter judicial libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad e internamiento.
En el caso de Guadalajara, durante los seis primeros meses del año se ha atendido a 142 menores, con respuestas judiciales y extranjudiciales en proporción del 50 por ciento.
En virtud de estos datos, los menores con alguna medida judicial o administrativa en Castilla-La Mancha supone una tasa del 1,8 por ciento de la población castellano-manchega comprendida entre los 14 y 18 años, un porcentaje inferior a otras comunidades autónomas como Cataluña o Madrid.
El director general también hizo hincapié en un estudio que recoge la alta reinserción social de los menores que han estado sometidos a alguna medida judicial o administrativa. El 81,2 por ciento de los menores con alguna medida judicial no vuelve a cometer ningún delito o falta y el 91,5 por ciento de los que cumplieron medidas de carácter administrativo tampoco reincidió en su conducta. Estas cifras fueron interpretadas de manera positiva por el director general.
Una completa red de recursos
Durante la reunión, el director general de Familia expuso algunos de los nuevos programas que se están poniendo en marcha en la región dirigidos a menores que se encuentran en situación de riesgo, como el programa Arranca, o que hayan sufrido abusos sexuales, como el programa Revelar.
Además, la región posee centros de día de familia y adolescencia, programas de violencia intrafamiliar y mediación, intervención y orientación y dispositivos de acogimiento familiar y residencial. Además, se ha constituido en cada provincia y en el ámbito regional una comisión de coordinación de protección de menores como órgano de asesoramiento del Gobierno de Castilla-La Mancha en todas aquellas actuaciones relacionadas con la prevención de situaciones de riesgo y desamparo de los menores y de sus familias.
y en materia de protección de menores en que sea necesaria la participación de distintos órganos.