Libertad para los piratas ante la falta de acusación de la Fiscalía
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
El juez rechaza que los bucaneros sean trasladados y se niega a archivar el caso
Los piratas capturados el miércoles en aguas somalíes serán trasladados a Kenia. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha dejado sin efecto la orden dictada ayer por el juez Fernando Andreu para que los delincuentes entraran en prisión y ha ordenado que sean llevados al país africano, lo que ha obligado al juez Andreu a anular la medida de prisión provisional que dictó ayer contra los siete piratas somalíes detenidos el miércoles por el buque español Marqués de la Ensenada.
Finalmente, será Kenia el país que ejercerá la jurisdicción sobre ellos y no la Audiencia Nacional, tal y como solicitó el propio Ministerio Público.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, critica en su auto la decisión del Ministerio Público, y se opone a ceder la competencia al país africano, por lo que ha decidido mantener abiertas las diligencias de investigación. Esta decisión también afectará a los últimos siete piratas detenidos en la tarde de ayer.
Por imperativo legal y en absoluta disconformidad con el criterio que este Juzgado habría mantenido dada la gravedad de los hechos que se imputan a los detenidos, la indudable competencia de este órgano judicial y de la jurisdicción española para su enjuiciamiento y el no previsiblemente sino absolutamente probable riesgo de fuga, no cabe otra medida que acordar la libertad provisional de los detenidos y dejar sin efecto la privación de libertad que sobre ellos pesa, dice el juez en su auto emitido ayer. Asimismo, el magistrado rechaza la petición de la Fiscalía de entregar a los detenidos a Kenia, ya que según entiende, si el Juzgado lo admitiera, quebrantaría los principios constitucionales básicos del proceso y las garantías a las que se ven sujetos los detenidos.
Así responde Andreu a la Fiscalía, que había pedido al juez que deje sin efecto su orden de prisión provisional y que los piratas fueran a Kenia para que sea el país africano el que ejerza la jurisdicción sobre ellos. La Fiscalía ha justificado su cambio de postura por el canje de notas entra la UE y Kenia sobre las condiciones y modalidades de entrega de las personas sospechosas de haber cometido actos de piratería. El convenio firmado el pasado marzo dictamina entregar a las personas detenidas a las autoridades competentes de Kenia, a fin de continuar el procedimiento judicial.
Visita previa
La propia ministra de Defensa, Carme Chacón, se desplazó el pasado 20 de abril al país africano para ratificar estos acuerdos y agradecer la colaboración de las autoridades keniatas. Ese canje de notas supone una garantía para los países que, como en el caso de España, no cuentan con el delito de piratería expresamente recogido en su Código Penal.
Se reitera la petición de que las personas detenidas sean entregadas a Kenia y se interesa que se deje sin efecto la prisión provisional acordada, al objeto de permitir la entrega de los detenidos por parte de las fuerzas integradas en Eunavfor (fuerza naval de la UE) a las autoridades de Kenia, con el archivo de las presentes diligencias, señalaba el escrito firmado por la fiscal Blanca Rodríguez y dirigido al juez central de Instrucción número 4. Esta decisión del Ministerio Público se producía un día después de que pidiese el encarcelamiento de los delincuentes al considerar que España es competente para investigar los hechos. El Ministerio Público se refirió en su momento para pedir el encarcelamiento de los siete piratas a la gravedad de los hechos, que según el Código Penal español constituirían delitos de detención ilegal, robo con violencia y empleo de armas.
El jueves, y una vez el Ministerio de Defensa le comunicó las nuevas detenciones, el juez Andreu abrió nuevas diligencias contra estos otros siete piratas y pidió al Departamento que dirige Miguel Ángel Moratinos que le remitiese toda la información correspondiente a los arrestados. Entre esa documentación se encuentra la información sobre el material incautado y las identificaciones de los piratas. Sin embargo, fuentes consultadas han indicado que en muchos casos estos piratas carecen de documentación por lo que su identificación se limita a las fotografías personales realizadas por las autoridades españolas tras su detención.
La respuesta del juez a los argumentos de la fiscal es contundente. Según explica, estos argumentos indican que la decisión del Consejo de la Unión Europea al que alude el fiscal no afecta, no puede afectar, a personas inmersas en un procedimiento abierto por la jurisdicción española, personas a las que se les ha imputado la comisión de delitos de carácter muy grave y ante las que se han adoptado medidas cautelares, por lo que tampoco procede el archivo de las diligencias.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, critica en su auto la decisión del Ministerio Público, y se opone a ceder la competencia al país africano, por lo que ha decidido mantener abiertas las diligencias de investigación. Esta decisión también afectará a los últimos siete piratas detenidos en la tarde de ayer.
Por imperativo legal y en absoluta disconformidad con el criterio que este Juzgado habría mantenido dada la gravedad de los hechos que se imputan a los detenidos, la indudable competencia de este órgano judicial y de la jurisdicción española para su enjuiciamiento y el no previsiblemente sino absolutamente probable riesgo de fuga, no cabe otra medida que acordar la libertad provisional de los detenidos y dejar sin efecto la privación de libertad que sobre ellos pesa, dice el juez en su auto emitido ayer. Asimismo, el magistrado rechaza la petición de la Fiscalía de entregar a los detenidos a Kenia, ya que según entiende, si el Juzgado lo admitiera, quebrantaría los principios constitucionales básicos del proceso y las garantías a las que se ven sujetos los detenidos.
Así responde Andreu a la Fiscalía, que había pedido al juez que deje sin efecto su orden de prisión provisional y que los piratas fueran a Kenia para que sea el país africano el que ejerza la jurisdicción sobre ellos. La Fiscalía ha justificado su cambio de postura por el canje de notas entra la UE y Kenia sobre las condiciones y modalidades de entrega de las personas sospechosas de haber cometido actos de piratería. El convenio firmado el pasado marzo dictamina entregar a las personas detenidas a las autoridades competentes de Kenia, a fin de continuar el procedimiento judicial.
Visita previa
La propia ministra de Defensa, Carme Chacón, se desplazó el pasado 20 de abril al país africano para ratificar estos acuerdos y agradecer la colaboración de las autoridades keniatas. Ese canje de notas supone una garantía para los países que, como en el caso de España, no cuentan con el delito de piratería expresamente recogido en su Código Penal.
Se reitera la petición de que las personas detenidas sean entregadas a Kenia y se interesa que se deje sin efecto la prisión provisional acordada, al objeto de permitir la entrega de los detenidos por parte de las fuerzas integradas en Eunavfor (fuerza naval de la UE) a las autoridades de Kenia, con el archivo de las presentes diligencias, señalaba el escrito firmado por la fiscal Blanca Rodríguez y dirigido al juez central de Instrucción número 4. Esta decisión del Ministerio Público se producía un día después de que pidiese el encarcelamiento de los delincuentes al considerar que España es competente para investigar los hechos. El Ministerio Público se refirió en su momento para pedir el encarcelamiento de los siete piratas a la gravedad de los hechos, que según el Código Penal español constituirían delitos de detención ilegal, robo con violencia y empleo de armas.
El jueves, y una vez el Ministerio de Defensa le comunicó las nuevas detenciones, el juez Andreu abrió nuevas diligencias contra estos otros siete piratas y pidió al Departamento que dirige Miguel Ángel Moratinos que le remitiese toda la información correspondiente a los arrestados. Entre esa documentación se encuentra la información sobre el material incautado y las identificaciones de los piratas. Sin embargo, fuentes consultadas han indicado que en muchos casos estos piratas carecen de documentación por lo que su identificación se limita a las fotografías personales realizadas por las autoridades españolas tras su detención.
La respuesta del juez a los argumentos de la fiscal es contundente. Según explica, estos argumentos indican que la decisión del Consejo de la Unión Europea al que alude el fiscal no afecta, no puede afectar, a personas inmersas en un procedimiento abierto por la jurisdicción española, personas a las que se les ha imputado la comisión de delitos de carácter muy grave y ante las que se han adoptado medidas cautelares, por lo que tampoco procede el archivo de las diligencias.