LM, con 8.790 objeciones, segunda región en oposición a EpC
01/10/2010 - 09:45
Por: Redacción
Profesionales por la Ética anunció ayer que, a tres meses del inicio del próximo curso académico, en el que se impartirá de forma obligatoria Educación para la Ciudadanía en todas las comunidades autónomas -hasta ahora sólo lo habían hecho siete de ellas-, ha registrado un total de 41.107 objeciones de conciencia.
Castilla-La Mancha con 8.790, se sitúa por detrás de Madrid como la región que más oposición muestra.
Esta asociación denunció, además, que el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, trata a los padres objetores a la asignatura como delincuentes, por negarse a que sus hijos sean educados moralmente por el Estado.
Así, Madrid con 10.875 objeciones de conciencia, Castilla-La Mancha (8.790) y Andalucía (7.133) encabezan la lista de las regiones que más oposición muestran a la asignatura, seguidas de Murcia (3.895), Comunidad Valenciana (3.644) y Castilla y León (2.803).
En este contexto, el presidente de profesionales por la Ética denunció que el Principado de Asturias, que se encuentra a mitad de tabla con 530 objeciones, y cuya Consejería de Educación ha rechazado la objeción mediante resoluciones administrativas, no sólo ha suspendido a los alumnos objetores, sino que ha abierto expedientes por absentismo para amedrentar a los padres.
Situación jurídica de EpC
En cuanto a la situación jurídica actual de objeción a EpC, el presidente de Profesionales por la Ética, afirmó que hasta ahora hay tres sentencias (dos del TSJ de Andalucía y una del de Asturias) que reconocen de forma explícita el derecho constitucional a objetar. Por este motivo, aseguró que hay base jurisdiccional suficiente para que las administraciones dejen de tratar a los padres como delincuentes.
EpC está provocando una considerable fractura social y jurídica, al entrar en conflicto con los derechos fundamentales de los padres, aseguró, el presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, quien reiteró la necesidad de que el Gobierno elimine del currículo esta asignatura o la haga optativa.
En su opinión, el Ejecutivo sigue falseando la realidad de la nueva materia y el derecho a los padres a objetar, alertando de que si el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales mantienen la misma insensibilidad, el número de objeciones se multiplicará.
Esta asociación denunció, además, que el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, trata a los padres objetores a la asignatura como delincuentes, por negarse a que sus hijos sean educados moralmente por el Estado.
Así, Madrid con 10.875 objeciones de conciencia, Castilla-La Mancha (8.790) y Andalucía (7.133) encabezan la lista de las regiones que más oposición muestran a la asignatura, seguidas de Murcia (3.895), Comunidad Valenciana (3.644) y Castilla y León (2.803).
En este contexto, el presidente de profesionales por la Ética denunció que el Principado de Asturias, que se encuentra a mitad de tabla con 530 objeciones, y cuya Consejería de Educación ha rechazado la objeción mediante resoluciones administrativas, no sólo ha suspendido a los alumnos objetores, sino que ha abierto expedientes por absentismo para amedrentar a los padres.
Situación jurídica de EpC
En cuanto a la situación jurídica actual de objeción a EpC, el presidente de Profesionales por la Ética, afirmó que hasta ahora hay tres sentencias (dos del TSJ de Andalucía y una del de Asturias) que reconocen de forma explícita el derecho constitucional a objetar. Por este motivo, aseguró que hay base jurisdiccional suficiente para que las administraciones dejen de tratar a los padres como delincuentes.
EpC está provocando una considerable fractura social y jurídica, al entrar en conflicto con los derechos fundamentales de los padres, aseguró, el presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, quien reiteró la necesidad de que el Gobierno elimine del currículo esta asignatura o la haga optativa.
En su opinión, el Ejecutivo sigue falseando la realidad de la nueva materia y el derecho a los padres a objetar, alertando de que si el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales mantienen la misma insensibilidad, el número de objeciones se multiplicará.