Londres espera de una sentencia para ratificar el Tratado europeo

01/10/2010 - 09:45 Hemeroteca

Por: COLPISA
El Gobierno británico fue advertido este viernes por un juez del Tribunal Superior que no agote los trámites burocráticos de ratificación del Tratado de Lisboa hasta que dicte sentencia en la demanda de un millonario euroescéptico que exige que se celebre un referéndum.
John Stuart Wheeler ejerció como abogado, pero es más conocido como el propietario del Grupo IG, que combina negocios de apuestas financieras y deportivas con una agencia de bolsa. Tiene una sucursal española. Es además un generoso donante a las arcas del partido Conservador.
Sus argumentos legales se basan en el concepto de vulneración de una expectativa legítima. La jurisprudencia es favorable en algunas demandas de personas que denunciaron a la administración pública por alterar la conducta que había anunciado, y así perjudicarles. El Gobierno laborista aprobó en 2005 una ley para celebrar un referéndum sobre la Constitución Europea. En las elecciones de mayo de aquel año, el partido Laborista presentó un programa electoral en el que reiteraba la promesa de referéndum. Pero, tras su victoria, la Constitución fue rechazada en Francia y Holanda.

Inconcebible
Se elaboró el Tratado de Lisboa y los abogados de Wheeler presentaron al tribunal declaraciones y dictámenes que afirman que el Tratado y la Constitución son “materialmente equivalentes”. Por lo tanto, el Gobierno habría alterado su conducta de una manera lesiva a las expectativas legítimas de Wheeler. Si los tribunales fallan en su favor- ya hay una sentencia en contra de una demanda similar, en un tribunal inferior, en Brighton,y otras anteriores contra demandantes para que se celebrase un referéndum para ratificar el Tratado de Niza, se habría creado un conflicto constitucional mayúsculo.
La Cámara de los Comunes ya rechazó celebrar un referéndum sobre el Tratado de Lisboa. Los abogados del Gobierno recuerdan la primacía del Parlamento y, también, que los debates en los Comunes están protegidos por el privilegio parlamentario. Dicen que los tribunales domésticos no tienen jurisdicción sobre tratados internacionales y que la jurisprudencia afirma que es necesaria una nitidez en la expectativa legítima que está ausente en este caso. Que un Tribunal anule ahora el voto del Parlamento parece inconcebible.