Los alcaldes del Corredor advierten de que la subida del peaje de la R-2 perjudicará el desarrollo

El alcalde de Quer, José Ramón Calvo, es tajante: “es una mala noticia”. Aunque entiende que en estos tiempos de crisis es necesario tomar medidas para que una empresa no cierre. A pesar de todo, insiste en que es una noticia negativa, ya que la considera una vía “fundamental” para el desarrollo de la zona y, a su juicio, “debería ser gratuita”. Según Calvo, la autovía A-2 se queda pequeña para absorber el desarrollo que se está produciendo en estos municipios del Corredor del Henares, a pesar de que ya se está avanzando en la construcción del tercer carril, pues la considera “una vía de escape de la A-2”. Entonces, igual que ahora, “nos parecía injusto que este servicio fundamental y básico se cobrara”.
    Además el alcalde de Quer es usuario habitual de esta vía y cada día sufre en su propio bolsillo el coste que ya de por sí tiene usar diariamente esta infraestructura, sin que todavía se le haya aplicado la subida prevista de 1,95%. Está convencido de que a esta situación se ha llegado por una “mala gestión” porque “debería ser gratuita desde el principio”. De hecho, reconoce que sus vecinos la usan menos de lo que les gustaría por el coste económico que supone. En este sentido, insiste en que al contrario de lo que se pretende conseguir, el incremento de las tarifas desembocará en un menor uso. “Si se está usando poco es porque es cara, y si el incremento es para recaudar más creo que va a ser peor”.
    Su homólogo de Villanueva de la Torre, Luis Fuentes, se muestra más optimista y confía en que esta medida sea algo temporal. “No me parece bien que se suba el peaje porque siempre hemos pedido que se liberalice”, y más aún en estos tiempos de crisis económica, insiste. “Nos vendría mejor la gratuidad porque ves los atascos de la A-2 y la R-2 al lado libre, aunque ahora ha mejorado el tráfico con la apertura del tercer carril a partir de Alcalá”.
Desde el Ayuntamiento de Marchamalo se han mostrado igual de contundentes a este respecto. Fuentes municipales recuerdan que el Consistorio “siempre ha peleado por la gratuidad de la autopista”, y de hecho se propuso como alternativa a las alegaciones al nuevo trazado de la A-2. Por este motivo, detallan, “no estamos satisfechos con esta nueva propuesta”, aunque no han querido valorar si tendrá repercusión entre los conductores que la utilizan o no. “Prolongar el tiempo de explotación como vía de peaje es una mala noticia y su incremento de precio también, algo que redundará en perjudicar al tejido empresarial del municipio y de la zona del Corredor”.  Al margen de  las cifras de usuarios, desde el Consistorio marchamalero afirman que su condición como autopista de peaje impide un uso generalizado por parte de los marchamaleros, pero sí es usada por algunos de forma habitual y por otros de manera esporádica.
“Me parece que esta noticia influye negativamente y más aún con la crisis”, apunta el concejal de Urbanismo de Cabanillas del Campo, Félix Blanco, quien afirma que, a pesar de que tienen en su término municipal una de las entradas a la radial, cada vez que puede la evita. El edil cabanillero cree que se debería haber estudiado con mayor profundidad otorgarle la gratuidad en vez de construir la variante de la A-2 desde Meco. O, tal vez, dice, se podría haber rebajado el precio y volver a negociar la concesión.
El concejal de Transportes del Ayuntamiento de Alovera, Juan Vicente Hernández, sabe que  “cualquier subida por pequeña que sea es un coste añadido para los vecinos”, por eso es partidario de aumentar los años de concesión y la financiación en vez de repercutir el incremento en los usuarios. “El estado debería tener más miramientos en estos tiempos de crisis”. Con la autovía A-2 en la situación actual y la construcción del tercer carril, según Hernández, esta autopista se ha convertido “en un medio de primera necesidad”, que con esta medida obligará a los usuarios a madrugar más para evitar los atascos y dificultará la conciliación de la vida laboral y familiar.
    El alcalde de Azuqueca, Pablo Bellido, por su parte, no ha querido entrar en valoraciones sobre estos cambios que se han introducido en la gestión de la autopista de Henarsa. Asegura que lo que de verdad les preocupa “es que se garantice nuestro derecho a llegar a ella a través de un enlace por Miralcampo, en el límite entre Azuqueca y Meco, que debería estar en funcionamiento desde hace años”.
    El primer edil azudense está convencido de que la autopista de peaje “es una buena vía de comunicación que nos acerca a Madrid, y queremos poder acceder a ella de manera racional, tal y como estaba acordado y comprometido”.  Por ello, insiste en que está haciendo gestiones a diario, con el apoyo del Ayuntamiento de Meco, “para reivindicar un derecho que se nos está negando por la repentina oposición de la Comunidad de Madrid a construir una rotonda en el lugar pactado que, además, figuraba en el proyecto”. Bellido apunta que como alcalde, esa es “mi preocupación” sobre la R-2 “y el asunto en el que no estoy escatimando ni un solo esfuerzo, porque es de justicia para los vecinos de Azuqueca y para las empresas que se ubican en el municipio”.
    Siete años después de su apertura, el Gobierno ha concedido a la autopista del Henares –participada por Abertis, Gobalvía (firma controlada por FCC y Caja Madrid) y gestora de la R-2 Madrid-Guadalajara– un préstamo de 182,87 millones para evitar  que dicha empresa llegue a la quiebra ante la imposibilidad de cubrir los costes de construcción, y debido en parte al importe de las expropiaciones. Además, esta cantidad lleva aparejada la ampliación del plazo de concesión en 15 años más respecto al periodo inicial, con lo que se extenderá hasta 2039, y la aplicación de un incremento escalonado extraordinario del 1,95% acumulativo durante ese periodo adicional.