Los autónomos piden un ‘cheque’ de 6.000 euros

01/10/2010 - 09:45 Hemeroteca

Un “cheque-empleo” de 6.000 euros por contratar a un parado durante tres años; deducción fiscal de 1.000 euros por el primer empleado; incentivos para la jubilación; reactivación del sector de la vivienda; resucitar el plan prever para los automóviles; y reducción de los trámites burocráticos son algunas de las demandas que los autónomos presentarán al nuevo Gobierno.
Además, instan a patronales y sindicatos mayoritarios a abaratar el coste del despido de los asalariados.
La presentación del pliego de reclamaciones corrió a cargo del presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, conocida bajo las siglas ATA, Lorenzo Amor, quien aseguró que el colectivo de emprendedores es el que más sufre la actual crisis, porque su actividad está vinculada al consumo. En este sentido, pronosticó el cierre de más de 100.000 comercios de carácter familiar en 2008.
Amor se saltó el ámbito de sus representados y abogó por flexibilizar las condiciones laborales de los empleados por cuenta ajena. Argumentó que abaratar el despido de los asalariados sería una medida positiva para las pequeñas empresas que pasan dificultades financieras al haber caído las grandes compañías (sus clientes) en suspensión de pagos sin abonarles la deuda contraída por los servicios prestados. Las microempresas se ven en la obligación de despedir a parte de su plantilla, lo que les lleva a la desaparición porque es algo demasiado costoso para sus precarias cuentas.

Ahorro de 3.600 millones
Por otro lado, explicó que la petición del “cheque-empleo” para los autónomos que figuran como persona física no societaria permitiría la recolocación de unos 300.000 parados en poco más de dos años. Los 6.000 euros servirían para pagar las cotizaciones sociales del nuevo asalariado sin coste suplementario para el Estado que, junto al cobro de cuotas e impuestos, se ahorraría en torno a 12.000 euros por trabajador en prestación de desempleo. El “cheque” debería elevarse a los 9.000 euros si el contratado fuera inmigrante, parado de larga duración, discapacitado o persona de difícil inserción laboral. En definitiva, el ahorro manejado para las arcas públicas llegaría, al menos, a 3.600 millones.