Los empleados públicos protestan por los “recortes”

Empleados públicos de Castilla-La Mancha han protestado este jueves ante edificios oficiales de la Administración regional y varios hospitales para mostrar su rechazo a los "recortes" del Gobierno regional y a la recién aprobada reforma laboral.

   Convocadas por UGT, CCOO, SIC-GS, FSES, Intersindical C-LM y USO, estas concentraciones han tenido lugar en las cinco provincias de la región y, en el caso de Toledo, se han celebrado ante la Consejería de Administraciones Públicas, la de Economía, Educación y a las puertas del hospital Virgen de la Salud.

   En la capital regional, en el caso de la Consejería de Administraciones Públicas, han sido cerca de un centenar los empleados públicos que se han concentrado a las puertas del edificio situado en la Avenida de Portugal.

   En declaraciones a los medios, y tras leer un manifiesto, el responsable de la Intersindical de C-LM, Gustavo Fabra, ha llamado a los trabajadores en general, y a los empleados públicos en particular, a salir a la calle para rechazar la reforma laboral del Gobierno de Rajoy que "ataca" a los derechos laborales.

   También ha recordado que con la huelga convocada en el sector público para el próximo 29 de febrero los sindicatos no solo pretenden defender los derechos de los trabajadores públicos ante el "ataque" de la Administración regional sino defender los derechos de los ciudadanos para que puedan seguir recibiendo servicios "públicos, de calidad, universales y gratuitos".

   Fabra ha rechazado la privatización de los servicios públicos alegando que tienen que ser gestionados de forma directa por empleados públicos que han aprobado su plaza por oposición y con criterios de igualdad, mérito y capacidad, "algo que los puestos de libre designación no pueden decir", ha apostillado.

   Dicho esto, ha alertado de que la reforma laboral abre la posibilidad de que en las administraciones se produzcan Expedientes de Regulación de Empleo en el personal laboral fijo, "una línea que hasta ahora no se había traspasado, algo insólito que tenemos que parar", ha dicho.

   "Lo más grave es que la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, ha dejado la puerta abierta a poder despedir personal laboral fijo con oposición y plaza aprobada. Por eso, llamamos al personal de la Junta de Comunidades a que en el momento en que despidan un solo trabajador salgan a la calle, porque esto atenta contra el derecho adquirido", ha denunciado el responsable de la Intersindical.

   Mientras, el secretario de Organización de Enseñanza de CCOO, Carlos Amieba, ha expresado el rechazo a la Ley de Medidas Complementarias a la aplicación del Plan de Garantía de los Derechos Sociales Básicos, una medida, ha denunciado, que supone un retroceso histórico, agrava las condiciones laborales y ha supuesto numerosos despidos de empleados públicos.

   Amieba ha insistido en la necesidad de evitar que el Parlamento regional dé el visto bueno a estos "recortes" que van a suponer un "importante deterioro en la sanidad, la educación y los servicios sociales que los castellano-manchegos reciben cada día".

   En términos parecidos, la responsable de la federación de servicios públicos de UGT, Beatriz Tormo, ha invitado a los diputados que conforman el Parlamento castellano-manchego a que retiren esta ley y negocien con los sindicatos.

   Y es que, según la representantes de UGT, tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de Función Pública de Castilla-La Mancha recogen que todas las cuestiones relacionadas con los empleados públicos tienen que pasar por mesa de negociación, "y lo que el Gobierno regional ha hecho es ilegal".

   Tormo ha defendido que si el Ejecutivo de Cospedal se aviene a reunirse con los sindicatos, estos desconvocarán la huelga del día 29. "Mientras no sea así, pondremos un día de nuestro salario para que sepan y escuchen lo que les dice la ciudadanía de Castilla-La Mancha, no solo los empleados públicos, que rechaza sus medidas".