Los que contrataron el Yak-42 dicen que no tenían “capacidad” para saber si era seguro

01/10/2010 - 09:45 Hemeroteca

Por: COLPISA
El jefe de la División de Operaciones y del Grupo de Control del Contrato, contraalmirante José Antonio Martínez Sáinz de Rozas, el coronel jefe de la Sección de Logística de este departamento, Joaquín Yáñez, y el comandante Alfonso Elías Lorenzo, que trabajaba junto a los anteriores, declararon hoy, por espacio de más de tres horas, ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska como imputados por un delito de 62 homicidios por imprudencia grave y como responsables de la gestión de la contratación de vuelos en el Estado Mayor Conjunto (Emacon).
Todos ellos explicaron al juez que su labor se limitaba a planificar los traslados de tropa y carga correspondientes a las misiones en el exterior, ya que las inspecciones técnicas de los aviones eran competencia de la agencia de la OTAN Namsa, cuya labor daban “por buena”. Así, explicaron que el Emacon establecía las rutas aéreas en función de necesidades logísticas a las que se supeditaban los traslados de tropa. De igual modo, reconocieron que la capacidad técnica y presupuestaria de su departamento se encontraba “muy limitada” en el momento del accidente, ya que coincidió con el accidente del Prestige y las guerras de Irak o Afganistán.
Además, el coronel Joaquín Yáñez declaró que al Emacon únicamente llegaron cuatro quejas referidas a fallos en el ‘catering’ o retrasos, pero no a problemas de seguridad. Tras el accidente, según su testimonio, repararon en la existencia de otras 11, una de las cuales dnunciaba el mal funcionamiento de la rueda de un avión. En este sentido, el comandante Alfonso Elías Lorenzo aseguró desconocer por qué no les llegaron los informes elaborados por el Mando Aéreo de Levante (Malev) relativos a problemas de seguridad en aviones Tupolev e Illushyn, y por el teniente coronel Marino, perteneciente al Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (Ciset).

Trillo preparó su intervención
En otro punto de su declaración, el contraalmirante explicó que en el momento del siniestro no existía ningún formato oficial para tramitar las incidencias de los vuelos, por lo que se trasladaban directamente a los departamentos afectados. Tras el accidente, propuso al entonces ministro de Defensa José Bono la creación de un grupo de “inspectores técnicos cualificados”. Con respecto a la pregunta parlamentaria sobre problemas de seguridad en aviones bielorrusos que el ex ministro de Defensa Federico Trillo contestó dos meses antes del accidente, Sáinz de Rozas contradijo al general Ibarreta y dijo que preparó con él esta intervención en la que quiso zanjar el conflicto.