Los registradores de la propiedad colaboran en la aplicación de la Ley regional de Acceso a la Vivienda

Sánchez Pingarrón ha destacado que la especial cualificación profesional de los Registradores de la Propiedad y su función de controladores de la legalidad mediante la calificación catastral, que ejercen de forma independiente, les hace “especialmente idóneos para la colaboración con la Administración Regional en el desarrollo de medidas normativas y de gestión que garanticen el objetivo fundamental de la vivienda protegida.”

 
El titular de Ordenación del Territorio y Vivienda, ha recordado que, según el informe publicado por el Ministerio de Fomento, Castilla-La Mancha es la primea comunidad autónoma en número de viviendas protegidas terminadas, con un dato de 2,5 por cada mil habitantes, frente a una media nacional de 1,2, es decir, más del doble.
 
Además, según esta estadística los datos de 2010 suponen el mayor número de viviendas protegidas terminadas de los últimos quince años y suponen el 48 por ciento de todas las viviendas, incorporando las libres.
 
Entre las medidas del convenio está la elaboración de borradores e informes de la distinta normativa en materia de vivienda protegida que se elabore o la concreción de un procedimiento ágil y sencillo para comunicar a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda que los datos que figuran en los Registros de la Propiedad sobre bienes inmuebles inscritos a nombre de los interesados en el acceso al Registro de Demandantes de Vivienda con Protección Pública, así como para la solicitud y entrega de información sobre inmuebles pertenecientes al patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
 
Dos representantes de los Registradores de la Propiedad, asistirán a las reuniones de la Comisión Regional de la Vivienda para aclarar y exponer al resto de asistentes, las dudas que con respecto a los asuntos que en la misma se traten, puedan surgir.
 
Además, la cooperación entre las dos partes se extenderá también a otras actuaciones como la lucha contra cualquier tipo de fraude que pudiera generarse con la adjudicación y transmisión de viviendas con protección pública.