Los vecinos de la Hispano amenazan con cortar la carretera de Marchamalo ante su inminente desalojo
01/10/2010 - 09:45
Por: VIRGINIA BODEGA
BIENESTAR SOCIAL
Ayer estuvieron en el Ayuntamiento demandando una solución tras conocer la sentencia judicial
Las familias que aún residen en el poblado chabolista situado en los terrenos de la antigua fábrica Hispano Suiza están preocupadas por su futuro ante el inminente desalojo que deberá producirse antes del próximo 3 de marzo, tal y como establece la sentencia judicial y como ya se les ha notificado la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Guadalajara. La no existencia de un lugar al que mudarse según los propios afectados y la problemática con la que se encuentran a la hora de alquilar un piso por motivo de precio y de acceso llevaron a estas familias a acudir al Ayuntamiento de Guadalajara en la mañana de ayer con el objetivo de pedir ayuda.
Acompañados por Sacramento Gómez, presidenta de la asociación Paz y Perdón entidad que apoya a este colectivo, estos vecinos visitaron el Consistorio capitalino para poder entrevistarse con el concejal de Urbanismo, Juan Antonio De las Heras. Dado que el edil se encontraba ocupado y también lo estaba la concejala de Familia y Bienestar Social, Carmen Heredia, el grupo de residentes de la Hispano Suiza decidió acudir al centro social de la calle Cifuentes, donde se encuentra la dirección de los Servicios Sociales municipales. Allí, aunque tampoco lograron charlar con su coordinador, Luis Bueno, sí pudieron hacer llegar sus problemas y reivindicaciones a una de las trabajadoras del servicio, así como a representantes de Secretariado Gitano, colectivo de apoyo concreto a estas familias, todas de etnia gitana.
Finalmente, los vecinos del poblado chabolista consiguieron que Servicios Sociales registrara todos los nombres y apellidos de los residentes actuales en la Hispano y se comprometieran a llevar sus peticiones ante la Concejalía de Familia y Bienestar Social, al objeto de tratar de mediar en su problemática o encontrar el recurso adecuado para darle la solución más acertada. Por su parte, Sacramento Gómez, que sí pudo entrevistarse más tarde con Carmen Heredia, asegura que la edil ha mostrado su predisposición a poner su granito de arena para que estas familias encuentren un nuevo lugar donde vivir. La asociación Paz y Perdón también pondrá de su parte, como ya ha hecho con una antigua residente de la Hispano, Loli, y sus cinco hijos, los que, gracias a la mediación y al apoyo económico de esta entidad, han conseguido alquilar un piso y salir de su infravivienda en el poblado chabolista.
Los vecinos de la Hispano Suiza volverán al centro social de la calle Cifuentes el próximo viernes, según José, uno de los padres de familia residente en el poblado. En el caso de que Servicios Sociales no les dé ninguna solución o alternativa a su problema, como él mismo explica, cortaremos la carretera de Marchamalo y haremos una hoguera para que no puedan pasar los coches. El objetivo es que su problema trascienda y obtenga la visibilidad pública necesaria para que las administraciones pongan todo de su parte.
Han tenido tiempo suficiente
Por su parte, la concejala de Seguridad, María José Agudo, explica que la Policía Local está trabajando para que el desalojo tenga lugar de manera gradual y pacífica. La edil considera que la sentencia judicial que obliga al desalojo de estos vecinos es lo mejor para todos, tal y como también refleja la propia orden, que considera que seguir viviendo en esa parcela conlleva un riesgo evidente para su salud e integridad física. Es por su propio bien, añade Agudo, quien, no obstante, comenta que han tenido tiempo suficiente para buscar otro lugar donde vivir pues recibieron la sentencia judicial el pasado 9 de diciembre, hace más de un mes.
Ahora, cuando la orden está ya en manos del Ayuntamiento, éste les ha dado un plazo de más de un mes para que tengan un periodo añadido, a pesar de que el desalojo se podía haber ejecutado en unos diez días.
Lo que quieren estas familias es que alguna administración competente les facilite el acceso a una vivienda. Están dispuestos a pagar un alquiler, como asegura Conchi, otra vecina, pero no encuentran propietario que quiera arrendarles su vivienda. Junto a ello piden algo de ayuda económica, pues aseguran no poder hacer frente a los actuales precios de alquiler.
Finalmente, los vecinos del poblado chabolista consiguieron que Servicios Sociales registrara todos los nombres y apellidos de los residentes actuales en la Hispano y se comprometieran a llevar sus peticiones ante la Concejalía de Familia y Bienestar Social, al objeto de tratar de mediar en su problemática o encontrar el recurso adecuado para darle la solución más acertada. Por su parte, Sacramento Gómez, que sí pudo entrevistarse más tarde con Carmen Heredia, asegura que la edil ha mostrado su predisposición a poner su granito de arena para que estas familias encuentren un nuevo lugar donde vivir. La asociación Paz y Perdón también pondrá de su parte, como ya ha hecho con una antigua residente de la Hispano, Loli, y sus cinco hijos, los que, gracias a la mediación y al apoyo económico de esta entidad, han conseguido alquilar un piso y salir de su infravivienda en el poblado chabolista.
Los vecinos de la Hispano Suiza volverán al centro social de la calle Cifuentes el próximo viernes, según José, uno de los padres de familia residente en el poblado. En el caso de que Servicios Sociales no les dé ninguna solución o alternativa a su problema, como él mismo explica, cortaremos la carretera de Marchamalo y haremos una hoguera para que no puedan pasar los coches. El objetivo es que su problema trascienda y obtenga la visibilidad pública necesaria para que las administraciones pongan todo de su parte.
Han tenido tiempo suficiente
Por su parte, la concejala de Seguridad, María José Agudo, explica que la Policía Local está trabajando para que el desalojo tenga lugar de manera gradual y pacífica. La edil considera que la sentencia judicial que obliga al desalojo de estos vecinos es lo mejor para todos, tal y como también refleja la propia orden, que considera que seguir viviendo en esa parcela conlleva un riesgo evidente para su salud e integridad física. Es por su propio bien, añade Agudo, quien, no obstante, comenta que han tenido tiempo suficiente para buscar otro lugar donde vivir pues recibieron la sentencia judicial el pasado 9 de diciembre, hace más de un mes.
Ahora, cuando la orden está ya en manos del Ayuntamiento, éste les ha dado un plazo de más de un mes para que tengan un periodo añadido, a pesar de que el desalojo se podía haber ejecutado en unos diez días.
Lo que quieren estas familias es que alguna administración competente les facilite el acceso a una vivienda. Están dispuestos a pagar un alquiler, como asegura Conchi, otra vecina, pero no encuentran propietario que quiera arrendarles su vivienda. Junto a ello piden algo de ayuda económica, pues aseguran no poder hacer frente a los actuales precios de alquiler.