Magdalena Valerio es ponente de la Ley de Mediación en el Congreso de los Diputados

  Durante su intervención para defender las enmiendas presentadas al texto por el Grupo Socialista, Magdalena Valerio, destacó la importancia de esta ley, ya que “rebajará la carga de trabajo en la jurisdicción civil para la resolución de conflictos civiles y mercantiles, que han se han duplicado en los últimos diez años”. Según los datos aportados por la parlamentaria socialista, se ha pasado de 900.000 casos civiles y mercantiles ingresados en los juzgados en el año 2001 a cerca de 2 millones en el año 2010. El PSOE defiende que el acuerdo de mediación tenga carácter ejecutivo sin necesidad de pasar por el notario.

  Durante el debate del proyecto de ley en la Comisión de Justicia, Magdalena Valerio defendió que los acuerdos de mediación tengan carácter ejecutivo ante los juzgados sin necesidad de pasar previamente por el notario. Este aspecto de la norma fue el que provocó la principal discrepancia con el PP, que es partidario de establecer como obligatorio que el acuerdo de mediación se protocolice ante notario para otorgarle carácter ejecutivo. En opinión de Valerio, “la pretensión del PP encarecería el coste del procedimiento para las partes, cuando precisamente una de las bondades de la mediación es que sale más barata que un proceso judicial y también es más rápida”.

  La parlamentaria socialista subrayó la “apuesta decidida del PSOE por la mediación como recurso alternativo y de naturaleza extrajudicial a la solución de conflictos, pasando de la cultura de la reclamación a la cultura del acuerdo”. Se trata de una fórmula que complementa a los mecanismos ya existentes de conciliación y arbitraje y que “agiliza la resolución de procedimientos, aminora y abarata las cargas administrativas y permite utilizar la administración electrónica, al tiempo que completa la tutela judicial con la tutela extrajudicial de los derechos de las personas y las sociedades con un procedimiento muy adecuado al siglo XXI”.

  El compromiso de incorporar nuevos mecanismos de resolución alternativa de controversias fuera del ámbito judicial fue recogido ya en el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia 2009-2012, elaborado por el anterior Gobierno socialista. Dicho compromiso cristalizó en un proyecto de ley de abril de 2011, que quedó sin efecto al final de la pasada legislatura. El nuevo proyecto de ley debatido en la Comisión de Justicia del Congreso nace de un Real Decreto Ley del actual Gobierno, aprobado el pasado mes de marzo, aunque recoge en su mayor parte el contenido del proyecto legal de abril de 2011.