Marchamalo acuerda acciones legales contra la Ley de la Administración Local y las retenciones del Ministerio en la MVH

En el primer punto del orden del día se acordó la adhesión del Ayuntamiento de Marchamalo al proceso judicial por el cual más de 3.500 consistorios de toda España van a personarse ante el Tribunal Constitucional para que paralice y anule la entrada en vigor de la nueva Ley de reforma de la Administración Local, aprobada el pasado mes de diciembre en solitario por el Grupo Parlamentario del PP, en contra de todos los demás partidos políticos, e incluso también de la posición de algunas administraciones locales regidas por concejales suyos. Para que un grupo de ayuntamientos pueda presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional se requiere que sumen al menos un séptimo del total de municipios de toda España que representen al menos un sexto de toda la población del país, por lo que una iniciativa de estas características no se había producido jamás en nuestra historia hasta ahora, cuando se han reunido más del doble de los apoyos necesarios llegando a sumar una representación superior a 15 millones de los ciudadanos españoles.

El alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, resumió la postura su gobierno municipal en que “nosotros no nos oponemos ni a una racionalización del gasto, ni a una clarificación de competencias, cosas que en Marchamalo venimos haciendo desde hace muchos años, a lo que nos oponemos es a las imposiciones unilaterales de una norma con multitud de indefiniciones que afectan a la autonomía local que nos otorga la Constitución y a los servicios que van a poder percibir nuestros vecinos”. Ante ello, el PP fundamentó su voto en contra en que, “es una ley necesaria para garantizar el funcionamiento y financiación de los ayuntamientos a la que el PSOE no se ha querido sumar”. En su réplica, Esteban se refirió a los profundos claroscuros que quedan en la nueva Ley, ya en vigor: “su partido ha sacado esto adelante sin contar con los ayuntamientos y no ha sido capaz de conseguir el apoyo de ni una sola de las demás fuerzas políticas de nuestro país. Estamos hablando de la prestación de servicios que recibe nuestra gente y que se queda en el aire, ¿qué pasa ahora si dejamos de prestar los Servicios Sociales, que no son de nuestra competencia?”.

En el segundo punto del orden del día, el equipo de gobierno marchamalero aprobó lo ya anunciado en la rueda de prensa de la semana pasada junto a otros municipios afectados por la incorrecta interpretación del Ministerio de Economía y Hacienda a la hora de aplicar los porcentajes de retención sobre su derecho de Participación en los Impuestos del Estado (PIE) para la devolución del préstamo que el ICO hizo a la Mancomunidad Vega del Henares (MVH) para el pago de sus deudas con proveedores. Los nueve municipios que componen la MVH, entre los que se encuentra Marchamalo, debían responder a este préstamo de acuerdo a un porcentaje aprobado en asamblea y establecido en función de su deuda total con la Mancomunidad, siendo los municipios más morosos los que mayores retenciones debían sufrir por parte del Ministerio. Sin embargo, la aplicación de este procedimiento por parte del Estado, está siendo incorrecta llevando a una situación en la que aquellos miembros que menos debían están ya pagando incluso por encima de su deuda, mientras que aquellos que más debían no llegarían a cubrir ni siquiera la mitad de su deuda total una vez llegado el final de este procedimiento, estimado para el mes de junio del presente año. En concreto, Marchamalo debía un total de 178.000 euros, y en el pasado mes de enero el Ministerio de Economía y Hacienda ya le había retenido de la PIE más de 204.000 euros, mientras que los municipios más deudores (Cabanillas, Villanueva y Fontanar) siguen con la mayor parte de su deuda, acumulada desde hace más de dos años, pendiente de pago. “Es cuando menos sospechoso que estos ayuntamientos hayan pagado a todo el mundo menos a la MVH, que es la única mancomunidad que gobierna el PSOE. En estos pueblos se han saltado a la Ley de Prelación de Pagos, como ha estado haciendo la Junta a la hora de pagarnos lo que nos debía, y no vamos a consentir que nuestros vecinos paguen la recogida de residuos de otros pueblos que no han querido cumplir con sus obligaciones”, resumió Esteban. En este punto, los representantes del PP en Marchamalo se abstuvieron sin plantear debate, “haga usted lo que tenga que hacer para defender los intereses de Marchamalo”, argumentó Eloísa Rodríguez, portavoz y miembro del Grupo Popular en el gobierno de la Diputación Provincial. Ante esta posición, el Alcalde manifestó su sorpresa, “seguro que a los vecinos de Marchamalo les hubiera gustado conocer cuál es su opinión en este asunto, pero se ve que la Presidenta de la Diputación no les deja defender los intereses de los marchamaleros porque eso entorpecería la campaña de desprestigio e injerencias que ella y su Vicepresidente están llevando a cabo en una entidad en la que no tienen competencias”.