Marchamalo exige a la Junta que rectifique respecto al cierre del Servicio de Urgencias

  Doce de los trece ediles, pertenecientes a los tres grupos políticos con representación en el máximo órgano legislativo del municipio, respaldaron con su voto la decisión de exigir a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha una rectificación en dicha decisión, dada la ausencia de Eloísa Rodríguez, portavoz del PP, debido a una indisposición física minutos antes del comienzo de la sesión. Respaldo unánime por tanto a un texto en el que se muestra la oposición frontal del consistorio y todos los marchamaleros a la supresión de dicho servicio entre las 20.00 y las 8.00 horas, como anunciaba el pasado miércoles el Director de SESCAM en una comparecencia pública respaldada después por diferentes representantes políticos del PP en Guadalajara. Pero el acuerdo de pleno va más allá en la toma de acciones con las que mostrar el desacuerdo del municipio ante la decisión del actual Gobierno de Castilla-La Mancha.

  El numeroso público que abarrotó el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, hasta el punto de tener que esperar en la escalinata del edificio, respaldó con un sonoro aplauso no sólo la exigencia institucional de una rectificación por parte del gabinete de María Dolores de Cospedal, sino también otra serie de acciones de protesta inminentes, traducidas en la convocatoria de un acto informativo y de protesta este próximo martes día 3, a las 20.00 horas en la Plaza Mayor de la localidad, así como la organización de una marcha que partirá desde el municipio en dirección a la Delegación de la Junta en Guadalajara la mañana del jueves, día 5, para hacer entrega al Delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha de las firmas de apoyo que llevan ya dos días recogiéndose en el Centro de Salud, el Ayuntamiento y otros puntos del municipio gallardo.

  "Necesitamos el apoyo de los ciudadanos, todos unidos, para defender lo que es nuestro y lo que nos ha costado tantísimo tiempo conseguir. Necesitamos que acudáis a los actos, que firméis para plasmar vuestro apoyo y que participéis con nosotros. Sindicatos, trabajadores, asociaciones y partidos políticos nos hemos unido por esto y hemos pedido el apoyo de los 60 municipios que, en nuestra provincia, están afectados por este medida que ha decidido tomar la Junta de Comunidades, de manera unilateral y sin contar con nadie", remarcó Rafael Esteban, alcalde marchamalero durante su alocución posterior a la lectura de la moción y tras recibir el apoyo de las tres formaciones políticas representadas en el pleno, PSOE, PP e IU.

  "En la defensa de una Sanidad pública, universal y de calidad para todos no puede haber controversia ni color político, porque es algo fundamental para todos y que no podemos permitirnos perder. Por eso animo a todos los alcaldes y concejales de los municipios afectados a que se unan junto a sus ciudadanos y marchen con nosotros este jueves para defender lo suyo". U

UN SERVICIO INDISPENSABLE Y DE PRIMERA NECESIDAD

En la moción presentada por el equipo de gobierno marchamalero se hace referencia no sólo al trastorno al ciudadano y a la evidente pérdida de calidad en el servicio sanitario que reciben los usuarios del Centro de Salud 'La Campiña', sino también a su repercusión en toda la provincia, ya que será 17.000 lar tarjetas sanitarias directamente afectadas y que, a su vez, tendrán que derivarse a otros Centros de Salud para los que no sólo no se prevé un incremento de plantilla, sino que todo apunta a futuras reducciones en su número de trabajadores, ya que la Junta ha anunciado el despido de 800 profesionales sanitarios en toda la región.

  En concreto, los usuarios del centro marchamalero serían derivados a los Centros de Salud de los Manantiales o de Cabanillas, ambos con cerca de 10.000 tarjetas sanitarias ya asignadas a día de hoy, o al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario, ya saturado y también sumido en un proceso de reducción de plantilla. La medida anunciada por la Junta también afectará a los tiempos de atención en urgencias que precisan asistencia domiciliaria, accidentes de tráfico o traslados de UVI móvil, eliminando un servicio presente el municipio desde muchos años antes de la trasferencia de las competencias sanitarias a las Autonomías.

  Además, la moción hace referencia directa a determinados preceptos jurídicos por los que la decisión de la Junta de Comunidades podría ser tachada de ilegal o, incluso, incostitucional, ya que el Artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud, cuya tutela le corresponde a los poderes públicos a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, mencionando también el Real Decreto 137/1984, de 11 de enero, sobre estructuras básicas de salud.

  En base a este Real Decreto, "la zona de salud delimita una zona médica, y está constituida por un solo partido médico, en el que se ubicará un Centro de Salud, que es la estructura física y funcional que posibilita el desarrollo de una atención primaria de salud coordinada globalmente, integral, permanente y continuada, y con base en el trabajo de equipo de los profesionales sanitarios y no sanitarios que actúan en el mismo. En él desarrollará sus actividades y funciones el equipo de atención primaria, estableciéndose turnos rotativos entre los miembros del equipo para la asistencia de urgencia, centralizándose en el Centro de Salud durante todos los días de la semana".