Marchamalo reclamará oficialmente los 750.000 euros que le debe la Junta antes de ir a los tribunales
07/12/2012 - 14:19
Un año y medio después de la toma de posesión del nuevo gobierno de Castilla-La Mancha, la condena al ostracismo a la que parece haber sometido el nuevo gobierno de la Junta a los marchamaleros parece hacerse cada vez más patente. A la paralización de inversiones ya comprometidas para mejorar la calidad de vida en nuestro municipio, se han ido sumando recortes cada vez más severos en las subvenciones y servicios procedentes de la administración regional, con los que se cubren una parte importante de sus competencias en materia de Servicios Sociales, Educación o fomento del Empleo en las localidades de Castilla-La Mancha.
A día de hoy Marchamalo cuenta con menos recursos para atender a los vecinos en sus Servicios Sociales por los recortes en el Plan Concertado, para la Ayuda a Domicilio Básica, para la Vivienda Tutelada o las Ayudas a Dependientes, y además se han eliminado los programas de Integración Social, Atención al Inmigrante o la Ludoteca. Pero es que también se ha recortado en otros servicios públicos que son competencia de la Junta de Comunidades en materia educativa, como la Escuela de Adultos, la Escuela Infantil, los dos colegios públicos y el instituto de Enseñanza Secundaria, y de atención a los desempleados y fomento del empleo, aquello en lo que el Partido Popular basó su campaña electoral, como los Planes de Acción Local, ya eliminados, o las subvenciones para las Agencias de Empleo y Desarrollo Local (AEDL), cuya labor es aún más relevante si cabe en estos tiempos y que, pese a todo, desaparecerán en cuando finalice este mes.
Para Rafael Esteban, alcalde de la localidad campiñera, "esta es una situación impensable hace muy poco tiempo y que no debemos admitir bajo ningún concepto, porque costó mucho tiempo conseguirlo y porque estamos cansados de pagar siempre los mismos. Esto último además, en sentido literal. Porque el nuevo gobierno de la Junta no sólo recorta y elimina servicios, sino que tampoco abona al Ayuntamiento el coste que tiene todo eso que es de su competencia, perjudicándonos doblemente, puesto que no sólo va eliminándolos o reduciéndolos, sino que también asfixia al Consistorio obligando a adelantar un dinero que, desde hace casi un año y medio, no paga".
En concreto, desde enero de 2011, la Junta debe a Marchamalo cerca de 750.000 euros, la mayor parte generados en el último año y medio, tiempo en el que únicamente se ha recibido un pago reciente de apenas 60.000 euros con los que se ha rebajado levemente la escalofriante cifra de más de 800.000 euros de deuda acumulada. Circunstancia ésta que se repite en mayor o menor cuantía y dramatismo en cientos de municipios de la región, los cuales ya están trabajando de manera conjunta en la toma de posibles acciones legales, toda vez que sondesoídas las peticiones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de los propios ayuntamientos, como el de Marchamalo, que exigió en pleno ya en el mes de junio, con la oposición del Grupo Popular, un calendario de pagos serio, que se comprometieron a presentar en noviembre de 2011, y que aún estamos esperando mientras se pone en riesgo nuestra liquidez. A los marchamaleros se nos debe una cantidad enorme de dinero que hemos adelantado y cuyo impago nos impide ir hacia adelante y solventar nuestras deudas con proveedores y mancomunidades".
CARTA FORMAL A COSPEDAL
En esta línea, el consistorio marchamalero ha elaborado una tabla con la relación total y actualizada de la deuda que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha acumula con el municipio desde 2011, que remitirá a la María Dolores de Cospedal en los próximos días, "como consecuencia de la demora injustificada en los cobros de las cantidades subvencionadas o bajo convenio a este Ayuntamiento, produciéndole severos daños de contenido económico al tener que destinar una parte muy elevada de sus recursos de tesorería para hacer frente a los servicios subvencionados, que en gran parte de los casos ni tan siquiera son competencias obligatorias de los municipios conforme al artículo 26 de la Ley 7/1985, sino que son competencias autonómicas que los Ayuntamientos asumimos vía subvención en el marco de lo dispuesto en los artículos 25 y 28 de la referida norma".
No obstante, la actitud dialogante se mantiene por parte del regidor marchamalero, que asegura que "entendemos la colaboración y el entendimiento como herramientas de funcionamiento de las distintas administraciones en beneficio de los ciudadanos, por lo que solicitamos un plan de pagos riguroso y comprometido", lo cual no impedirá "que este Ayuntamiento tome las acciones necesarias en defensa de los intereses del municipio de Marchamalo si no se atiende esta, más que legítima, solicitud".