Más de 2.220 procesados por protestar contra el Gobierno
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
Unas 2.220 personas están siendo procesadas judicialmente en Venezuela por participar en protestas contra el presidente Hugo Chávez, las instituciones públicas y algunas medidas gubernamentales, según las cifras divulgadas ayer por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
A todas estas personas se les ha abierto un expediente judicial por haber participado en manifestaciones que rechazaban irregularidades como la falta de agua, el mal estado de las escuelas, el incumplimiento en el pago de los salarios o por expresar su rechazo a las autoridades del Gobierno, entre otras, informó el diario local El Universal.
Para el coordinador de Provea, Marino Alvarado, el hecho de que la Fiscalía pretenda enjuiciar a estas personas que supuestamente alteran la paz pública contribuye a criminalizar las protestas que a diario protagonizan decenas de venezolanos en varias ciudades del país.
Alvarado criticó las medidas tomadas por la fiscal general, Luisa Ortega, de ordenar iniciar investigaciones penales contra algunas personas que han formado parte de manifestaciones, como el caso de los 120 estudiantes universitarios a quienes se les iniciaron investigaciones penales por haber protestado contra la decisión del Gobierno de Chávez de poner fin a la concesión de la cadena opositora Radio Caracas Televisión (RCTV) en mayo de 2007.
Riesgo político
La fiscal general genera una situación de riesgo político, porque cuando le cierras las puertas democráticas a los sectores críticos, esto crea condiciones favorables para quienes siempre buscan la violencia, dijo Alvarado en declaraciones al diario local El Universal.
Así, el coordinador de Provea aseguró que la actitud de la fiscal va en contra de la Constitución actual que promueve una democracia participativa en ese país. ¿Cuándo se es más protagónico y participativo que cuando se reclama un derecho o se protesta por algo que se considera que está mal?, se preguntó.
Alvarado recordó que el mismo mandatario venezolano ha hecho llamamientos a la población venezolana a que salgan a las calles a protestar contra aquellas instituciones que consideren que no están cumpliendo con sus obligaciones.
Para el coordinador de Provea, Marino Alvarado, el hecho de que la Fiscalía pretenda enjuiciar a estas personas que supuestamente alteran la paz pública contribuye a criminalizar las protestas que a diario protagonizan decenas de venezolanos en varias ciudades del país.
Alvarado criticó las medidas tomadas por la fiscal general, Luisa Ortega, de ordenar iniciar investigaciones penales contra algunas personas que han formado parte de manifestaciones, como el caso de los 120 estudiantes universitarios a quienes se les iniciaron investigaciones penales por haber protestado contra la decisión del Gobierno de Chávez de poner fin a la concesión de la cadena opositora Radio Caracas Televisión (RCTV) en mayo de 2007.
Riesgo político
La fiscal general genera una situación de riesgo político, porque cuando le cierras las puertas democráticas a los sectores críticos, esto crea condiciones favorables para quienes siempre buscan la violencia, dijo Alvarado en declaraciones al diario local El Universal.
Así, el coordinador de Provea aseguró que la actitud de la fiscal va en contra de la Constitución actual que promueve una democracia participativa en ese país. ¿Cuándo se es más protagónico y participativo que cuando se reclama un derecho o se protesta por algo que se considera que está mal?, se preguntó.
Alvarado recordó que el mismo mandatario venezolano ha hecho llamamientos a la población venezolana a que salgan a las calles a protestar contra aquellas instituciones que consideren que no están cumpliendo con sus obligaciones.