Más de 53.000 guadalajareños, afectados por los recortes anunciados por Zapatero

Todo menos indiferencia han provocado las medidas anunciadas por el Gobierno central con el objeto de reducir el déficit del Estado. A nivel provincial, cerca de 53.000 personas sentirán de forma directa estos recortes. En concreto, 35.000 pensionistas, alrededor de 15.000 empleados públicos y se estima que unas 2.500 mujeres que se beneficiaron en 2009 del conocido como chequé-bebé, verán como congelan sus pensiones, bajan sus sueldos o eliminan su ayuda al nacimiento de un hijo. A esto se sumarán reducciones en la inversión pública que afectarán a infraestructuras como la Autovía de la Alcarria, la conversión en autovía de la N-211 o las obras en la N-320, resaltó el diputado nacional del PP, José Ignacio Echániz, quien criticó duramente las medidas que, según éste, “son el mayor recorte de beneficios sociales de la historia”.
Para IU, esta medias “demuestran los intereses que defiende la socialdemocracia europea y española, que no son los de los trabajadores sino los de los especuladores, los de los banqueros y los de las multinacionales. O sea, los de los mercados, esos entes supremos a los que hay que satisfacer a costa de todo, incluso del bienestar social”. afirmó el coordinador provincial de IU de Guadalajara, José Luis Maximiliano Romo.
Ante las duras críticas de los partidos de la oposición, el PSOE en la provincia mostró su apoyo al Gobierno central tras el anuncio de las medidas que, según los socialistas alcarreños, representan un “esfuerzo nacional” para poder anticipar la recuperación económica y regresar a la senda del crecimiento, “para generar actividad y empleo”. El impacto que tendrán estos acuerdos sobre el crecimiento de la economía española puede hacer que el crédito fluya en mejores condiciones y, por tanto, se reactive la inversión privada, al mismo tiempo que se acelere dicha recuperación y se cumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria, según el PSOE en la provincia.

“Medidas injustas”
Las reacciones de los principales agentes sociales, tanto a nivel nacional como provincial, no se dejaron esperar. La opinión del máximo responsable de Comisiones Obreras en Guadalajara, José María Rey, es de total rechazo de los recortes sociales. “Desde nuestro sindicato vamos a tratar de impedir que finalmente se tomen esas medidas porque ni las compartimos ni entendemos que los trabajadores sean los paganos de una crisis que no hemos provocado, y la descarga del recorte sea sobre quienes han perdido el empleo y los más débiles como los jubilados”, afirma Rey. Desde CC OO lamentan que la salida de la crisis planteada por el Gobierno sea, en lugar de con medidas fiscales y aumento de ingresos, con recorte en los salarios de los trabajadores, “algo que no es justo ni equilibrado”.
En la misma línea se sitúa la postura de UGT. El secretario provincial de este sindicato, David Pinillos, califica las medidas de “muy duras. Es un golpe sin precedentes y sin lugar a dudas son injustas por distintos motivos, en el tema de tocar las pensiones y fundamentalmente en la parte laboral puesto que toca a los funcionarios públicos”. Pinillos señaló que las sensaciones de ambos sindicatos antes de iniciar la reunión con Zapatero es “que iba a servir de muy poco y lo más probable es que el Consejo de Ministros acabe aprobando lo anunciado”, agregó. En cualquier caso, insistió Pinillos, “hay que ver en qué aspectos se aplican y de qué manera, aunque se apliquen como se apliquen consideramos que son medidas injustas y así se lo tenemos que hacer llegar a la sociedad”, agregó.
En cuanto al recorte de los salarios a los trabajadores de la administración pública, Pinillos recordó a quienes señalaban ayer que éstos deben ser solidarios porque son los que tienen trabajo fijo que “olvidamos que la media de temporalidad en la administración pública es del 30% y en según qué z administraciones locales de nuestra provincia bastante por encima de ese porcentaje”. En este sentido, Pinillos señaló que son muchos, especialmente el personal laboral, quienes se pueden ver en la calle con una mera indemnización. “A esto hay que señalar la cantidad de mileuristas dentro del funcionariado y de los daños colaterales que pueden acarrear. Ya que si el colectivo que podría continuar las líneas de consumo es el del empleado público y se recorta su sueldo, eso se verá reflejado en los sectores de comercio, hostelería, etc..”, añade. Por su parte, el sindicato CSI-F afirmó en un comunicado de prensa que se opondrá “a que los empleados públicos de Guadalajara y Castilla-La Mancha sean otra vez los paganos de la crisis. La Unión Provincial de CSI-F en Guadalajara rechaza con indignación las duras medidas anunciadas por el presidente Zapatero para reducir el déficit”. Este sindicato denuncia que a tenor de esas medidas van a ser las clases sociales más débiles las que van a tener que soportar el mayor peso de la recuperación económica. Mientras, el Gobierno ignora la necesidad de aumentar el ahorro público, la posibilidad de gravar las rentas más altas, reducir el número de altos cargos de libre designación en las Administraciones y recortar el sueldo de los políticos.
Desde CEOE afirman que “el recorte anunciado por Zapatero es el camino para afrontar la actual situación económica, aunque las medidas tienen que ser mucho más importantes, de mucho más calado porque la situación que tenemos en este momento es complicada”, asegura el gerente de CEOE-Cepyme Guadalajara, Miguel Cambas. “Ha tenido que ser el presidente Obama y la canciller Merkel la que ha hecho reaccionar a nuestro presidente”, lamenta Cambas, quien comparte el anuncio de recortar el gasto pero no entran a valorar los recortes anunciados que, en su mayor parte, afectan a medidas sociales. “El Gobierno ha tomado esa decisión pero creo que hay muchas otras medidas, de carácter interno, que podría haber puesto encima de la mesa y no las ha puesto”, afirma Cambas, quien señala que al final va a tener que tomar medidas “que afectarán a todos las áreas”.

Paro general en el sector público
Los secretarios generales de CC.OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, anunciaron ayer que sus organizaciones siguen adelante con las movilizaciones anunciadas en el sector público, que van a culminar en un paro general a principios de junio, pese a las explicaciones dadas por el presidente del Gobierno, sobre las medidas de recorte adicional. En rueda de prensa tras la reunión mantenida con el presidente del Gobierno en el Palacio de La Moncloa, ambos líderes aseguraron que, a la espera de nuevas precisiones por parte del Ejecutivo, Zapatero no les ha convencido al no rectificar ninguna de estas medidas.El más duro en sus palabras fue Toxo, quién valoró “la gravedad de la situación” y añadió que “lejos de precipitaciones” su sindicato reflexionará sobre las medidas a adoptar más allá de un posible “paro general” en el sector público, que UGT ya ha convocado, y “no descartó absolutamente ningún escenario”.

Todo menos indiferencia han provocado las medidas anunciadas por el Gobierno central con el objeto de reducir el déficit del Estado. A nivel provincial, cerca de 53.000 personas sentirán de forma directa estos recortes. En concreto, 35.000 pensionistas, alrededor de 15.000 empleados públicos y se estima que unas 2.500 mujeres que se beneficiaron en 2009 del conocido como chequé-bebé, verán como congelan sus pensiones, bajan sus sueldos o eliminan su ayuda al nacimiento de un hijo. A esto se sumarán reducciones en la inversión pública que afectarán a infraestructuras como la Autovía de la Alcarria, la conversión en autovía de la N-211 o las obras en la N-320, resaltó el diputado nacional del PP, José Ignacio Echániz, quien criticó duramente las medidas que, según éste, “son el mayor recorte de beneficios sociales de la historia”.
Para IU, esta medias “demuestran los intereses que defiende la socialdemocracia europea y española, que no son los de los trabajadores sino los de los especuladores, los de los banqueros y los de las multinacionales. O sea, los de los mercados, esos entes supremos a los que hay que satisfacer a costa de todo, incluso del bienestar social”. afirmó el coordinador provincial de IU de Guadalajara, José Luis Maximiliano Romo.
Ante las duras críticas de los partidos de la oposición, el PSOE en la provincia mostró su apoyo al Gobierno central tras el anuncio de las medidas que, según los socialistas alcarreños, representan un “esfuerzo nacional” para poder anticipar la recuperación económica y regresar a la senda del crecimiento, “para generar actividad y empleo”. El impacto que tendrán estos acuerdos sobre el crecimiento de la economía española puede hacer que el crédito fluya en mejores condiciones y, por tanto, se reactive la inversión privada, al mismo tiempo que se acelere dicha recuperación y se cumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria, según el PSOE en la provincia.

“Medidas injustas”
Las reacciones de los principales agentes sociales, tanto a nivel nacional como provincial, no se dejaron esperar. La opinión del máximo responsable de Comisiones Obreras en Guadalajara, José María Rey, es de total rechazo de los recortes sociales. “Desde nuestro sindicato vamos a tratar de impedir que finalmente se tomen esas medidas porque ni las compartimos ni entendemos que los trabajadores sean los paganos de una crisis que no hemos provocado, y la descarga del recorte sea sobre quienes han perdido el empleo y los más débiles como los jubilados”, afirma Rey. Desde CC OO lamentan que la salida de la crisis planteada por el Gobierno sea, en lugar de con medidas fiscales y aumento de ingresos, con recorte en los salarios de los trabajadores, “algo que no es justo ni equilibrado”.
En la misma línea se sitúa la postura de UGT. El secretario provincial de este sindicato, David Pinillos, califica las medidas de “muy duras. Es un golpe sin precedentes y sin lugar a dudas son injustas por distintos motivos, en el tema de tocar las pensiones y fundamentalmente en la parte laboral puesto que toca a los funcionarios públicos”. Pinillos señaló que las sensaciones de ambos sindicatos antes de iniciar la reunión con Zapatero es “que iba a servir de muy poco y lo más probable es que el Consejo de Ministros acabe aprobando lo anunciado”, agregó. En cualquier caso, insistió Pinillos, “hay que ver en qué aspectos se aplican y de qué manera, aunque se apliquen como se apliquen consideramos que son medidas injustas y así se lo tenemos que hacer llegar a la sociedad”, agregó.
En cuanto al recorte de los salarios a los trabajadores de la administración pública, Pinillos recordó a quienes señalaban ayer que éstos deben ser solidarios porque son los que tienen trabajo fijo que “olvidamos que la media de temporalidad en la administración pública es del 30% y en según qué z administraciones locales de nuestra provincia bastante por encima de ese porcentaje”. En este sentido, Pinillos señaló que son muchos, especialmente el personal laboral, quienes se pueden ver en la calle con una mera indemnización. “A esto hay que señalar la cantidad de mileuristas dentro del funcionariado y de los daños colaterales que pueden acarrear. Ya que si el colectivo que podría continuar las líneas de consumo es el del empleado público y se recorta su sueldo, eso se verá reflejado en los sectores de comercio, hostelería, etc..”, añade. Por su parte, el sindicato CSI-F afirmó en un comunicado de prensa que se opondrá “a que los empleados públicos de Guadalajara y Castilla-La Mancha sean otra vez los paganos de la crisis. La Unión Provincial de CSI-F en Guadalajara rechaza con indignación las duras medidas anunciadas por el presidente Zapatero para reducir el déficit”. Este sindicato denuncia que a tenor de esas medidas van a ser las clases sociales más débiles las que van a tener que soportar el mayor peso de la recuperación económica. Mientras, el Gobierno ignora la necesidad de aumentar el ahorro público, la posibilidad de gravar las rentas más altas, reducir el número de altos cargos de libre designación en las Administraciones y recortar el sueldo de los políticos.
Desde CEOE afirman que “el recorte anunciado por Zapatero es el camino para afrontar la actual situación económica, aunque las medidas tienen que ser mucho más importantes, de mucho más calado porque la situación que tenemos en este momento es complicada”, asegura el gerente de CEOE-Cepyme Guadalajara, Miguel Cambas. “Ha tenido que ser el presidente Obama y la canciller Merkel la que ha hecho reaccionar a nuestro presidente”, lamenta Cambas, quien comparte el anuncio de recortar el gasto pero no entran a valorar los recortes anunciados que, en su mayor parte, afectan a medidas sociales. “El Gobierno ha tomado esa decisión pero creo que hay muchas otras medidas, de carácter interno, que podría haber puesto encima de la mesa y no las ha puesto”, afirma Cambas, quien señala que al final va a tener que tomar medidas “que afectarán a todos las áreas”.

Paro general en el sector público
Los secretarios generales de CC.OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, anunciaron ayer que sus organizaciones siguen adelante con las movilizaciones anunciadas en el sector público, que van a culminar en un paro general a principios de junio, pese a las explicaciones dadas por el presidente del Gobierno, sobre las medidas de recorte adicional. En rueda de prensa tras la reunión mantenida con el presidente del Gobierno en el Palacio de La Moncloa, ambos líderes aseguraron que, a la espera de nuevas precisiones por parte del Ejecutivo, Zapatero no les ha convencido al no rectificar ninguna de estas medidas.El más duro en sus palabras fue Toxo, quién valoró “la gravedad de la situación” y añadió que “lejos de precipitaciones” su sindicato reflexionará sobre las medidas a adoptar más allá de un posible “paro general” en el sector público, que UGT ya ha convocado, y “no descartó absolutamente ningún escenario”.